En otra vuelta de tuerca contra la inmigración, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a aplicar desde este martes nuevas y elevadas tarifas para trámites migratorios clave, marcando un endurecimiento en la política migratoria promovida desde la Administración Trump.
Estas medidas, aprobadas por el Congreso en la ley HR-1, elevan notablemente los costos para quienes solicitan asilo, permisos de trabajo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y beneficios humanitarios como el Estatus Juvenil Especial (SIJ), y eliminan cualquier posibilidad de exoneración o reducción por condiciones socioeconómicas.
La implementación oficial, anunciada mediante un aviso en el Registro Federal, se suma a las tarifas vigentes y rigen para solicitudes presentadas con matasellos a partir del 22 de julio de 2025, con la advertencia que cualquier trámite presentado desde el 21 de agosto sin el pago de las nuevas cuotas será rechazado automáticamente.
Esta estricta norma afecta especialmente a las comunidades cubanas, venezolanas y latinoamericanas en general, las cuales enfrentan ahora un sobrecosto sustancial que limita su acceso a los procesos legales migratorios.
Nuevos montos que disparan el costo de la migración legal
Las tarifas impuestas por la ley HR-1 suponen un aumento considerable en los formularios más utilizados por los inmigrantes con impactos directos en su capacidad para solicitar refugio y trabajar legalmente.
Algunos ejemplos son reveladores. La solicitud inicial de asilo (Formulario I-589) sube de 0 a 100 USD; la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes es ahora de 100 USD por cada año calendario que dure la tramitación, y el permiso de trabajo inicial (I-765) se incrementa de 410 USD a 960 USD. Una espectacular subida de 550 USD.
Por su parte, la renovación del permiso de trabajo sube de $410 a $685 (con un alza de 275 USD); la solicitud de TPS (I-821) de un costo total de 135 USD se eleva a 665 USD (con 500 USD adicionales).
Entretanto, el Estatus Juvenil Especial (I-360): antes gratuito, ahora con un costo de 250 USD.
Además, se incorpora un cobro extra obligatorio por servicios biométricos de 30 USD cuando es aplicable.
La acumulación de estos cargos, que no permiten exenciones por bajos ingresos o situaciones humanitarias, representa una barrera económica significativa para quienes buscan regularizar su situación migratoria o acceder a protecciones básicas.
Reducción de la validez de permisos y endurecimiento de condiciones
Más allá de las tarifas, la ley HR-1 ha establecido también modificaciones en la duración de ciertos permisos de trabajo.
Beneficiarios de parole (libertad condicional humanitaria) y TPS ahora recibirán autorizaciones de empleo con validez ilimitada máxima de un año o por el período que dure su estatus. En cualquier caso, será lo que ocurra primero.
Esta limitación obliga a renovaciones frecuentes, lo que incrementa costos y genera incertidumbre y dificultades para los trabajadores.
Tal medida se suma a la política de “mano dura” en materia migratoria que ha caracterizado al gobierno del presidente Donald Trump y consolida un escenario restrictivo de acceso y permanencia legal para miles de migrantes.
¿Quiénes padecen estos aumentos?
Las nuevas tarifas afectan a un amplio espectro de inmigrantes, entre ellos los solicitantes o beneficiarios pendientes de asilo político; quienes tramitan o renuevan permisos de trabajo bajo diversas categorías; inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal, provenientes principalmente de países afectados por conflictos o desastres naturales.
Igualmente, son víctimas los receptores de programas de parole humanitario y los jóvenes solicitantes del Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ).
No existen exenciones para estas nuevas tarifas impuestas directamente por el Congreso, lo que atenta contra los mecanismos previos de alivio o subsidio en casos de vulnerabilidad.
Tal escenario ha generado fuertes críticas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que aseguran que estas cargas financieras obstaculizan aún más el acceso a la justicia y la protección.
Este ajuste es la culminación de un paquete legislativo conocido como HR-1, firmado por Donald Trump en julio de 2025, bajo la denominación “One Big, Beautiful Bill Act”.
Las autoridades han justificado los aumentos como un mecanismo necesario para sufragar los costos crecientes de procesamiento y garantizar la sostenibilidad del sistema migratorio.
No obstante, sus críticos sostienen que el objetivo real es desalentar las solicitudes de asilo y complicar la estancia legal de inmigrantes, especialmente en un contexto donde las políticas migratorias son uno de los temas más polarizados y sensibles en la política nacional.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que estas tarifas podrían reducir el déficit federal en casi 29 mil millones de dólares en la próxima década, cifra que destaca la dimensión financiera de la reforma.
Por su parte, los especialistas advierten que el costo social puede ser elevado, especialmente para comunidades vulnerables que ya enfrentan precariedad.
Más costos en la visa de no inmigrante
Estas tarifas se suman a nuevas tasas para visas de no inmigrante, que afectarán a todos los extranjeros que ingresen a Estados Unidos temporariamente, como turistas, estudiantes o trabajadores temporales, con un cargo adicional de al menos 250 dólares por visa emitida.
Las tarifas, por demás, no admiten devoluciones para quienes no utilicen la visa ni exenciones por bajos recursos, lo que aumenta aún más el peso económico para visitantes e inmigrantes.
La solicitud de emergencia a la Corte Suprema y el Programa Parole
Reacciones y perspectivas
El Consejo Americano de Inmigración (AIC) denunció en un comunicado que “estas tasas elevadas bloquean el acceso a servicios que son fundamentales para la protección y legalidad de miles de personas”.
La organización advierte que para muchos inmigrantes el costo total puede superar fácilmente los mil dólares, excluyéndolos de la posibilidad de realizar trámites legales.
Para comunidades particularmente afectadas, como la cubana y la venezolana, ya golpeadas por crisis humanitarias y económicas, estos nuevos costos se traducen en limitaciones sustanciales para buscar protección y continuar sus procesos en Estados Unidos.
La abogada especializada en inmigración María Castro advirtió que estas tarifas “estrangulan las posibilidades financieras y de acceso de los migrantes, dificultando su regularización y empleo legal”.
Además, el hecho de que las tarifas aumenten mientras los procesos de asilo se extienden indefinidamente sin resolver, genera una carga financiera que puede forzar a muchos a desistir o recurrir a mecanismos irregulares.
