El juicio contra el exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar hace cincuenta años en la “masacre de Trelew” comenzará este lunes en Miami con la elección del jurado.
Según reporte de la agencia Efe, Bravo, de 79 años y quien tiene también la nacionalidad estadounidense, será juzgado por su presunto papel en el tiroteo masivo sobre 19 insurgentes en agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).
Bravo afronta una demanda civil interpuesta en 2020 por los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron durante los hechos de Trelew. Además le acusan los familiares de Alberto Camps, quien sobrevivió.
It was decades before anyone was held accountable for the #TrelewMassacre. In 2012, 3 of the 4 alleged perpetrators were convicted in Argentina: 40 years later. One of the accused – Bravo – remained out of reach, living in Miami. pic.twitter.com/wakcVfjoPz
— CJA (@CJA_News) June 13, 2022
En 1972 un total de 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal en la base naval Almirante Zar, en Trelew, a unos 1500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Los militares capturaron a 19 de ellos, mientras seis escaparon en un avión a Chile. De los arrestados, 16 murieron ametrallados y tres sufrieron graves heridas, según las autoridades argentinas.
Un año despues, según refiere el diario argentino Página 12, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar relataron su experiencia al periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, testimonio que se convirtió en el libro La patria fusilada.
Tres décadas después de que Argentina regresara a la democracia, los tribunales procesaron y declararon culpables a tres de los oficiales involucrados en la masacre.
Sin embargo, Bravo “no se ha enfrentado a la rendición de cuentas, sino que vive en Estados Unidos desde 1973”, señala el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), grupo de derechos humanos que en 2020 presentó una demanda civil contra Bravo en los tribunales estadounidenses bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés).
Según el CJA, el ejército argentino dijo que los 16 murieron en un intento de fuga, pero María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, los sobrevivientes, “contaron una historia diferente e informaron al país que lo ocurrido en Trelew había sido una masacre”. El CJA detalla que en los años siguientes, los tres fueron asesinados o desaparecieron.
Los abogados de los demandantes pedirán al jurado que declare responsable legal a Bravo y “conceda daños compensatorios” para las víctimas y familiares de los “opositores políticos” muertos y heridos.
Hoy, la Senadora @ditulliojuli y el Senador Oscar Parrilli, recibieron a los familiares de los fusilados y fusiladas en la Masacre de Trelew, de la que se cumplirán 50 años dentro de dos meses. https://t.co/SVhf0JEmfn pic.twitter.com/MpO39zT9XT
— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) June 26, 2022
Bravo, exteniente de navío, fue detenido en Miami en 2010 y quedó en libertad tras pagar una fianza de 1.2 millones de dólares. Según la fuente, se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos a través de la cual recibió la residencia permanente en este país un año después, y en 1987 se convirtió en ciudadano.
La CJA recuerda que los tribunales argentinos determinaron que la masacre fue “un crimen de lesa humanidad”, cometido en el contexto de una persecución generalizada y sistemática a opositores políticos de la dictadura de Lanusse. Por tanto, la amnistía y la prescripción no eran aplicables a la “Masacre de Trelew” y confirmaron las condenas.
Efe/OnCuba.
