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Una jueza federal de Massachusetts emitió una orden que representa un alivio temporal para miles de inmigrantes, al bloquear parcialmente la suspensión de programas de parole humanitario promovidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La jueza Indira Talwani respondió a una demanda colectiva presentada por personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo este mecanismo y que se vieron afectadas por la interrupción en el procesamiento de sus solicitudes, informó Telemundo 51.
Entre los beneficiarios de estos programas de libertad condicional humanitaria (parole) se encuentran inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania, así como familiares de militares estadounidenses bajo el programa Military Parole in Place (MPIP).
Es improbable que dos órdenes emitidas por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para suspender las renovaciones en espera de una revisión posterior superen una impugnación legal. Una de las órdenes “no ofrece una explicación razonada” de las acciones, escribió Talwani.
“La’pausa lleva ya tres meses en vigor; es, en efecto, una suspensión indefinida”, concluyó.
La magistrada ordenó a la Administración Trump reanudar el procesamiento de las solicitudes de inmigrantes respecto a permisos de trabajo y renovación de sus estatus, refirió Fox News.
La orden protege a quienes participaron en iniciativas como Uniting for Ukraine, que permite la entrada temporal de ucranianos desplazados por la guerra, y Operation Allies Welcome, dirigido a afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses.
Según la demanda, las directrices emitidas por funcionarios de USCIS, CBP y ICE violaban el debido proceso legal y ponían en riesgo el estatus migratorio, la estabilidad familiar y el acceso a servicios esenciales.
De acuerdo con Fox News, la jueza Talwani —designada por el expresidente Barack Obama— rechazó el argumento de la Administración Trump de que tenía plena discrecionalidad para cancelar estos programas.
Asimismo, recordó que las agencias del DHS deben seguir procedimientos legales antes de aprobar o denegar solicitudes de parole.
Talwani también certificó una clase a nivel nacional, protegiendo temporalmente a todas las personas en estos programas mientras el caso avanza en tribunales, señaló Fox.
“Este tribunal enfatiza, como lo hizo en su orden anterior, que no es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas, en el transcurso de varios meses, se encuentren ilegalmente en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni proveer para sí mismos y sus familias”, escribió la jueza en su fallo.
Tribunal de apelaciones mantiene a salvo a los beneficiarios del parole humanitario
Obligación legal de la Administración Trump
La magistrada también advirtió sobre el impacto negativo que tendría la separación de familias de miembros de las fuerzas armadas.
“Tampoco es de interés público que las personas que se alistaron y sirven actualmente en las fuerzas armadas de EEUU se enfrenten a la separación familiar, en particular cuando algunas de estas personas se unieron al ejército en parte para ayudar a sus seres queridos a obtener un estatus legal”, dijo.
Los programas de parole, creados bajo la Administración Biden, otorgan permisos temporales de hasta dos años para vivir en Estados Unidos, siempre que los beneficiarios contaran con patrocinadores.
Sin embargo, la Administración Trump ha intentado eliminarlos mediante una orden ejecutiva firmada en enero, y ya ha solicitado a la Corte Suprema pronunciarse sobre el tema.
“Este fallo reafirma lo que siempre hemos sabido: nuestro gobierno tiene la obligación legal de respetar los derechos de todos los beneficiarios de la libertad condicional humanitaria y de los estadounidenses que los han acogido en sus comunidades”, declaró Anwen Hughes, abogado de los demandantes en Human Rights First, citado por Fox News.
EEUU y una anterior apelación a la Suprema
El contexto de esta decisión judicial se enmarca en un litigio más amplio entre la Administración Trump y los tribunales federales.
El pasado 8 de mayo, el Gobierno de Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema para poner fin al parole humanitario que beneficia a cientos de miles de inmigrantes, especialmente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Trump fustiga a jueza federal que impidió revocar el estatus legal de inmigrantes del parole
La solicitud busca revertir una orden de la jueza Talwani que impidió cancelar anticipadamente su estatus legal temporal.
En su fallo de abril, Talwani concluyó que los inmigrantes bajo parole enfrentaban una situación extrema: “huir del país” o “arriesgarse a perderlo todo”.
Además, afirmó que la explicación legal del Gobierno para desmantelar estos programas se basó en una interpretación errónea de la ley.
Desde finales de 2022, más de 500 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron al país bajo este beneficio, con autorización para trabajar.
