EFE
Un tribunal de apelaciones de EE.UU. decidió este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, puede cerrar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a casi 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití de la deportación.
En una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez de distrito de EE.UU. Edward Chen en 2018 que impedía que la Administración pusiera fin al TPS para inmigrantes de esos países.
El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., al que tuvo acceso la agencia Efe, pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
“El tribunal de distrito abusó de su discreción al emitir la orden judicial preliminar”, señalaron los tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California (EE.UU.).
En 2017 y 2018, la Administración de Trump anunció que terminaría la designación de TPS para estos cuatro países; una decisión que un tribunal de distrito de California bloqueó.
Además de los 400.000 inmigrantes que están protegidos por el TPS, también se espera que el fallo afecte a más de 200.000 niños nacidos en Estados Unidos, según documentos judiciales.
Sin TPS, estos beneficiarios podrían ser deportados si no encuentran otra forma de legalizar su estatus migratorio en EE.UU.
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Pese a la decisión de hoy, Trump realmente no podría terminar el TPS para Nicaragua, Sudán y Haití hasta el próximo 5 de marzo, mientras que los salvadoreños tienen tiempo hasta noviembre del 2021, según uno de los abogados líderes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ahilan Arulanantham.
Arulanantham explicó eso en una llamada organizada por la Alianza Nacional para el TPS (TPS Alliance) poco después de hacerse público el fallo judicial, en la que tildó a Trump de “racista” y anunció que continuarán tomando acciones legales contra la eliminación del programa para los cuatro países.
“Las declaraciones viles del presidente sobre los titulares de TPS dejaron perfectamente en claro que su Administración actuó con motivo racial. La Constitución no permite que la política sea impulsada por racismo”, agregó el letrado.
El abogado de ACLU insistió en esta idea después de que los magistrados del Noveno CIrcuito descartan que detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante, y aseguraron que los demandantes “no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo”.
Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar “devastada” por el fallo judicial, aunque aseguró que “las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida”.
Además, instó al Congreso estadounidense a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven “en la incertidumbre porque su situación legal está en debate”.
Otra de las afectadas, la haitiana Wilma, residente en Miami, lamentó que esta decisión negativa se sume al estrés que ya experimentan los titulares del TPS con la pandemia del coronavirus.
“Tenemos la pandemia del coronavirus, tenemos la temporada de huracanes, y ahora esto. Para mí, es otro desastre”, señaló en la misma llamada Wilma, que recientemente sufrió al COVID-19.
La designación del TPS es un beneficio temporal y sus beneficiarios son sometidos a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo para la seguridad de EEUU.
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010
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