Alfredo Prieto
El pasado martes primero de agosto Donald Trump compareció ante un juzgado federal de Washington DC para ser impuesto de cuatro cargos federales. De nuevo entró en los libros de Historia: nunca antes un expresidente había llegado hasta ahí.
Las cuatro acusaciones —conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de las personas— son serias, y si todas se demuestran podrían significar unos 50 años de prisión, más las multas correspondientes en metálico.
A estas podrían añadirse otras posibles acusaciones, derivadas tanto de la investigación que aún no ha concluido en Georgia como del propio proceso en el DC, encabezado por el fiscal especial Jack Smith, quien además está al frente de la pesquisa sobre los documentos de Mar-a-Lago y ha invertido más de dos años investigando a Trump como parte de un equipo multidisciplinario del Departamento de Justicia.
Pero ahora lo interesante no es solo el hecho mismo. El documento de los fiscales menciona a seis personas llamadas “co-conspiradores” debido a su participación en los intentos de anular las elecciones de 2020, al final del día fallidos debido al sistema institucional diseñado por los fundadores de la nación y a la resistencia de varios funcionarios, incluido el vicepresidente Mike Pence, hasta ese momento un subrogante de Trump, pero que acaba de declarar que la acusación del fiscal especial Jack Smith “sirve como un recordatorio importante: cualquiera que se ponga por encima de la Constitución no debería nunca ser presidente de Estados Unidos”.
A esos co-conspiradores no se les identifica con nombres y apellidos, pero el texto deja trazas deliberadas que permiten inferir, en casi todos los casos, de quiénes se trata.
De acuerdo con varias fuentes públicas y mediáticas, al menos cinco son abogados que formaron parte del grupo de condotieros encargados de diseminar mentiras y desinformación por los aparatos mediáticos y judiciales.
Sirvieron de instrumentos a un autócrata que intentó permanecer en el poder habiendo perdido las elecciones y quiso violentar, de disímiles maneras, mecanismos constitucionales y legales de larga data en la cultura de Estados Unidos.
Esos co-conspiradores serían los siguientes:
No. 1. Rudy Giuliani
Esta persona se describe como “un abogado que estaba dispuesto a difundir deliberadamente afirmaciones falsas“. Y que fue nombrado por Trump para “encabezar sus esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones“.
De acuerdo con los fiscales, llamó al entonces presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers (republicano que había votado por Trump) para discutir los resultados de las elecciones. En su presentación ante el Comité Selecto de la Cámara a cargo de investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero, Bowers testimonió bajo juramento que Giuliani y Trump lo llamaron un domingo después de las elecciones para tratar de revertir la victoria de Joe Biden en ese estado.
Bowers le pidió evidencia del fraude que, según el abogado neoyorquino, “había ocurrido en múltiples ocasiones“. Giuliani había afirmado que miles de inmigrantes ilegales e incluso personas muertas habían votado en Arizona. Bower le pidió pruebas. “Nunca“, dijo, recibió ninguna.
La acusación sostiene además que este primer co-conspirador “orquestó una presentación ante un Subcomité Judicial del Senado de Georgia con la intención de engañar a los senadores para que bloquearan la determinación de los electores legítimos. Fue el 3 de diciembre de 2020, el mismo día que los medios informaron que Giuliani había dirigido esa audiencia. Su abogado, Robert Costello, le comentó The New York Times: “Parece que se trata de Giuliani”.
No. 2. John Eastman
El abogado contratado por Trump que ideó el plan del de invalidar el resultado de las elecciones y acudir a una lista de electores falsos para mantenerlo en el poder. La acusación lo describe como el hombre “que ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente que supervisa el procedimiento de certificación y obstruir la certificación de las elecciones presidenciales“.
El asesor legal de Pence, Greg Jacob, testificó que durante una discusión que hubo el 5 de enero sobre la teoría de Eastman en el sentido de que el vicepresidente tenía la autoridad para declarar unilateralmente al ganador de las elecciones presidenciales, le dijo: “John, si el vicepresidente hiciera lo que le estás pidiendo, perderíamos 9-0 en la Corte Suprema, ¿no es así?“. El abogado respondió: “Bueno, creo que tal vez perderías solo 7-2”, pero después de una discusión adicional reconoció: “Bueno, sí, tienes razón, perderíamos 9-0“.
No. 3. Sidney Powell
A la abogada se le describe como una persona cuyas afirmaciones sobre fraude electoral sonaban “locas”. El 25 de noviembre de 2020 presentó una demanda contra el gobernador de Georgia, Brian Kemp, a partir de afirmaciones de un aludido “fraude electoral masivo implementado mediante software y hardware electorales de una compañía de máquinas de votación“.
En noviembre de 2020, Powell afirmó en una conferencia de prensa que la “influencia masiva del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China“ había obligado a los legisladores republicanos y demócratas a amañar las elecciones.
En su testimonio ante el Comité de la Cámara que examinó los sucesos del 6 de enero, reconoció que no había revisado todas sus denuncias de fraude electoral y dijo que “ninguna persona razonable“ vería sus afirmaciones como hechos.
No. 4. Jeffrey Clark
Exfuncionario del Departamento de Justicia. La acusación dice que esta persona es “un funcionario del Departamento de Justicia que trabajaba en asuntos civiles y que, junto con el acusado principal, intentó usar al Departamento para abrir investigaciones falsas sobre delitos electorales e influir en las legislaturas estatales con denuncias falsas y deliberadas de fraude electoral“.
Clark fue elegido por Trump para dirigir la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia y luego se desempeñó como jefe interino de la División Civil. Según el Comité de la Cámara, el 28 de diciembre de 2020 redactó un memorando que enviaría al Departamento de Justicia instruyendo a los funcionarios electorales de Georgia a convocar una sesión especial y abordar “preocupaciones importantes“ que pueden haber afectado el resultado de la elección en varios estados.
El texto, además, pedía a la legislatura de Georgia nombrar una nueva lista de electores que apoyaría a Trump en la certificación electoral sobre Joe Biden. Los fiscales alegan que el 28 de diciembre, este conspirador no. 4 envió un borrador de carta al Fiscal General Interino y al Fiscal General Adjunto Interino, que propuso que todos firmaran. Estos se negaron.
No. 5. Kenneth Chesebro
Descrito por los fiscales como otro abogado relacionado con la campaña, “envió al co-conspirador 1 un memorando por correo electrónico confirmando que el plan de los implicados no era solo utilizar a los electores fraudulentos en caso de que el litigio tuviera éxito en uno de los estados-objetivo, sino además presentar las listas fraudulentas como una alternativa a las legítimas en el procedimiento de certificación en el Congreso“.
El informe final del Comité de la Cámara establece que el 13 de diciembre de 2020 Chesebro le escribió un correo electrónico a Giuliani en el que le proponía que Pence podría descartar los votos electorales para Biden “porque hay dos listas de votos”.
No. 6. Persona no identificada
Según la acusación, esta persona es “un asesor político que ayudó a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales a fin de obstruir el proceso de certificación“.
En el documento se lee que el 7 de diciembre de 2020, el co-conspirador 1 (Giuliani) habló con el co-conspirador 6 sobre los abogados “que podrían ayudar en el esfuerzo electoral fraudulento en los estados-objetivo, y recibió de este un correo electrónico que identificaba a abogados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin“.
No hay consenso acerca de quién puede ser. Algunas fuentes asumen que se trata de Jared Kuschner, yerno de Trump y su asesor principal en la Casa Blanca. Otras (entre ellas el exabogado de Trump, Michael Cohen, su antiguo corre-ve-y-dile) se han preguntado por qué Mark Meadows, el jefe de personal de la Casa Blanca de 2019 a 2021 y el propio Kushner no están incluidos en la acusación. Y sugieren la posibilidad de que ambos pudieran estar colaborando con los fiscales.
“Creo que lo más importante en esta acusación no es quiénes son los seis co-conspiradores, sino quiénes faltan“, dijo Cohen en una entrevista. “Por ejemplo, no veo ninguna mención a Mark Meadows. Y nada sobre Jared Kushner. Jared Kushner fue el secretario de todo. ¿Cómo es posible que no aparezca aquí? Estuvo en el regazo de Donald todo el tiempo desde el día en que Donald ingresó a la Casa Blanca hasta el día en que se fue“, dijo.
Mientras, en espera de ese juicio en el DC, y de los otros que están por venir, un individuo conocido por cambiar de criterio y de mentir con la misma facilidad con que se come un bistec con ketchup o se amarra los cordones en un partido de golf, sigue en su red social haciendo lo único que sabe hacer bien: tratar de crear el caos.
Y sus fanáticos lo aplauden.
