En una carta al Departamento de Justicia, la Administración Nacional de Archivos y Registros dijo hoy viernes que había encontrado información clasificada en las 15 cajas de registros de la Casa Blanca almacenadas en la residencia Mar-a-Lago del ex presidente Donald Trump.
La carta sale al público después de informes sobre el manejo de información confidencial e incluso clasificada por parte de Trump durante su tiempo como presidente y después que dejó la Casa Blanca. El dato también podría interesar a investigadores federales responsables de vigilar el manejo de secretos gubernamentales.
La ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, aunque es posible que Trump intente argumentar que, como presidente, él era la máxima autoridad de desclasificación.”.
La carta de los archivistas en respuesta al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que está investigando el caso, también detalla cómo la administración Trump no conservó ciertos registros de redes sociales. Y también dice que la agencia se enteró de que el personal de la Casa Blanca frecuentemente realizaba negocios oficiales utilizando cuentas de mensajería no oficiales y teléfonos personales. Ese personal no copió ni reenvió sus conteos de mensajes oficiales, como lo exige la Ley de Registros Presidenciales.
La representante Carolyn Maloney, D-N.Y., presidenta del Comité de Supervisión, dijo en un comunicado hoy viernes que “estas nuevas revelaciones profundizan mi preocupación sobre el desprecio flagrante del ex presidente Trump por la ley de registros federales y el impacto potencial en nuestro registro histórico”. Y agregó: “me comprometo a descubrir toda la profundidad de las violaciones de la Ley de Registros Presidenciales por parte del ex presidente Trump y sus principales asesores y utilizar esos hallazgos para promover reformas críticas y prevenir futuros abusos”.
Los investigadores de la Cámara buscarán discernir si las acciones de Trump, tanto durante su presidencia como después, violaron la Ley de Registros Presidenciales, promulgada en 1978 después de que el presidente Richard Nixon quiso destruir documentos relacionados con el escándalo de Watergate. La ley exige que los registros presidenciales sean propiedad del gobierno en lugar de pertenecer al propio presidente.
La ley castiga con hasta tres años de prisión el delito de ocultar o destruir intencionalmente registros gubernamentales.