El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el sábado una operación nacional para deportar a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, incluidas familias, diciendo que dará a los legisladores dos semanas a fin de que encuentren soluciones a la problemática de la frontera sur.
Trump adoptó la decisión después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le telefoneara el viernes para solicitarle que cancelara las redadas. Sin embargo, tres funcionarios del gobierno dijeron que la cancelación del operativo no era sólo un asunto político. Indicaron que altos funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) manifestaron su seria preocupación de que la seguridad de los agentes estaría en peligro porque muchos pormenores de las redadas se hicieron públicos.
Las fuentes solicitaron el anonimato para hacer declaraciones sobre conversaciones privadas.
“A solicitud de los demócratas, he aplazado dos semanas el Proceso de Retiro de la Inmigración Ilegal (Deportación) para ver si los demócratas y los republicanos pueden ponerse de acuerdo y hallar una solución a los problemas de asilo y resquicios legales en la frontera sur”, escribió Trump en Twitter. “Si no, ¡las deportaciones empezarán!”
Estaba previsto que las redadas, que suscitaron la ira y preocupación entre los defensores de los inmigrantes, comenzaran el domingo contra personas sobre las que pesan órdenes definitivas de deportación, incluidas familias cuyos casos de inmigración fueron resueltos sumariamente por los jueces.
La cancelación es otro indicio de las dificultades del gobierno para controlar la crisis fronteriza. El número de personas que cruzan hacia Estados Unidos desde México se ha elevado marcadamente en el gobierno de Trump, a pesar de la severidad de su discurso y sus políticas enérgicas. Compaginar los grandes cambios operativos que pretende la Casa Blanca con la realidad en el terreno es un desafío constante para el Departamento de Seguridad Nacional.
Trump avisó inicialmente de las redadas cuando anunció la operación en un tuit a principios de la semana, diciendo que se avecinaba un operativo y la agencia comenzaría a deportar a “millones” de personas que están ilegalmente en Estados Unidos. Después, las filtraciones a la prensa incluyeron pormenores delicados sobre el accionar policial, como el día en que empezarían las redadas, el domingo, así como los nombres de las ciudades donde se efectuarían y otros detalles operacionales.
Carol Danko, portavoz del ICE, censuró en un comunicado el sábado las filtraciones debido a sus posibles consecuencias para el personal de la agencia, y señaló que “cualquier filtración que exponga operaciones policiales delicadas es atroz y pone en peligro la seguridad de nuestros agentes”.
Pelosi telefoneó a Trump el viernes en la noche y ambos hablaron unos 12 minutos, según una persona enterada de la situación pero que no estaba autorizada a hacer declaraciones sobre el asunto. Pelosi le pidió que cancelara las redadas y el mandatario dijo que sopesaría la petición, según la fuente.
Se desconoce de qué más conversaron. Sin embargo, en un comunicado emitido el sábado antes de que Trump anunciara su decisión, Pelosi apeló a la misma compasión manifestada por el mandatario cuando canceló un ataque contra Irán debido al posible costo de vidas.
“El presidente mencionó la importancia de evitar el daño colateral de 150 vidas en Irán. Yo esperaría que aplique el mismo criterio para evitar el daño colateral a decenas de miles de niños atemorizados por las acciones de él”, afirmó Pelosi.
La legisladora dijo que las redadas son “despiadadas”.
Pelosi había respondido al anuncio de Trump con su propio tuit: “Señor presidente, la postergación es bienvenida. Se necesita tiempo para una reforma integral de inmigración. Las familias deben permanecer juntas”.
Detener el flujo de inmigrantes ilegales ha sido un asunto distintivo de la campaña de Trump, pero el Congreso no ha podido convertir en ley las propuestas del mandatario debido a la oposición tanto de republicanos como de demócratas. Las conversaciones bipartidistas sobre el sistema de manejo de la inmigración comenzaron y se estancaron, pero se han reanudado entre algunos senadores.
Los legisladores están sopesando si conceden 4.600 millones de dólares en recursos de emergencia para ayudar a las agencias fronterizas que pasan apuros para manejar el creciente número de migrantes que cruzan la frontera. La medida fue aprobada en una comisión del Senado por 30 votos y uno en contra. Sin embargo, la Cámara de Representantes está sopesando tomar su propia iniciativa. Los fondos se están agotando y el Congreso intenta aprobar una medida en antelación al receso de ambas cámaras de la semana entrante.
Horas antes el sábado, Trump dejó entrever que la operación continuaba vigente cuando señaló que las personas que el ICE busca “ya enfrentan órdenes de deportación”.
“Esto significa que han huido de la ley y los tribunales”, afirmó el mandatario.
Requiere meses coordinar redadas de inmigración. El factor sorpresa también es un elemento importante. Los agentes del ICE no tienen órdenes de allanamiento y trabajan a partir de expedientes en los que aparecen direcciones y deben acudir a los domicilios de las personas y pedir que les permitan la entrada. Los inmigrantes no están obligados a abrir sus puertas, y cada vez más no lo hacen. Por lo general los agentes capturan a entre 30 y 40% de las personas sobre las que iban.
Legisladores demócratas criticaron enérgicamente la operación prevista como algo cruel, y muchos alcaldes señalaron que rehusarían cooperar con el ICE. Los defensores de los inmigrantes han intensificado sus campañas para que esas personas conozcan sus derechos.
Otra complicación es que el ICE necesita tramitar documentos de viaje con el país adonde será deportada una persona, así que a menudo los inmigrantes terminan detenidos temporalmente, por lo menos mientras esperan un vuelo. El ICE había reservado habitaciones de hotel para las familias en caso de que las redadas comenzaran el domingo como estaba previsto.
La población de adultos detenidos era de 53.141 hasta el 8 de junio, aunque la agencia sólo tenía presupuesto para 45.000. Había 1.662 personas de familias detenidas, cuyos centros de detención están a su máxima capacidad, y uno de los cuales tiene recluidos a adultos solos.
