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El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, dio luz verde al decreto ley que restringe la compra y venta de armamento a Israel en respuesta a la crisis humanitaria en Gaza.
La medida llega casi tres semanas después de su anuncio y tramitación por la vía urgente, señaló La Jornada.
En ese sentido, la restricción busca cortar la participación española en el suministro de armas en un contexto de denuncias sobre violaciones de derechos humanos y genocidio de Israel en Palestina.
Sin embargo, el decreto no es total: incluye excepciones que permiten transferencias de material militar o tecnológico si se considera que afectan “los intereses generales nacionales”.
Estas salvaguardas, que abren la puerta a ciertas operaciones comerciales, han sido duramente cuestionadas por organizaciones como Greenpeace, que consideran la medida insuficiente.
“Este decreto no constituye un embargo integral, retroactivo ni transparente. Mantiene grietas legales que pueden perpetuar la complicidad con el conflicto en Gaza”, señaló la ONG en un comunicado.
Greenpeace también criticó la falta de mecanismos claros de verificación y control sobre puertos, aeropuertos y bases militares, que podrían permitir el tránsito de material militar hacia Israel.
Si el reconocimiento del Estado palestino es urgente, más urgente es que exista un pueblo palestino que lo habite.
En nombre de la razón, del Derecho Internacional y de la dignidad humana: paremos esta matanza.
No habrá solución de dos Estados mientras uno sufra un genocidio. pic.twitter.com/wIrenCJmsn
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 22, 2025
España contra el genocidio de Israel en Gaza
El texto del decreto prohíbe explícitamente la importación de productos originarios de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.
Asimismo, niega la autorización de tránsito a barcos que transporten combustible hacia Israel, siguiendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024.
No obstante, los críticos señalan que las excepciones previstas por el Gobierno español podrían minar su efectividad y perpetuar ciertas relaciones comerciales con empresas israelíes vinculadas a armamento.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió la decisión, señalando que se trata de un paso importante para regular la relación militar y comercial con Israel, pese a las dificultades técnicas de implementación.
En el debate público, la medida genera un balance entre la intención de actuar frente a la crisis humanitaria y la realidad de mantener ciertos intereses estratégicos y comerciales del Estado español.
