La violencia de Israel contra los habitantes de la Ciudad de Gaza alcanza un nivel crítico al emitir el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, una orden contundente para que todos los palestinos abandonen la urbe bajo la amenaza de ser considerados terroristas y enfrentar “toda la fuerza” de la ofensiva.
Katz habló de que sería la última oportunidad para abandonar la locación, mientras más de una veintena de palestinos murieron en distintos puntos del territorio y el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, sopesa la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes.
Un retroceso de más de un siglo para la cuestión palestina
Aceptar el plan estadounidense significaría el fin de Hamás como entidad soberanista palestina y la Franja pasaría a estar bajo el paraguas de un protectorado internacional con participación árabe, pero dirigido por un representante del antiguo imperio británico, el ex primer ministro Anthony Blair, lo que simbólicamente sería un retroceso de más de un siglo.
El Mandato Británico de Palestina comenzó oficialmente en 1920 y se extendió hasta 1948. Durante este periodo, Gran Bretaña administró la región de Palestina bajo la autorización de la Sociedad de Naciones.
Un funcionario de Hamás, que habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios sobre las conversaciones en curso, indicó que la milicia había transmitido sus preocupaciones a Qatar y Egipto, y había solicitado más tiempo para someter la propuesta a discusión.
Muertes y éxodo
En total, desde el inicio del conflicto, en octubre de 2023, las cifras se elevan a más de 66 mil palestinos muertos, en su mayoría civiles, entre ellos mujeres y niños, y cerca de 170 mil heridos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, entidad vinculada a Hamás pero con reconocimiento internacional por la confiabilidad de sus cifras.
El éxodo hacia el sur de Gaza es masivo, pero insuficiente: aproximadamente 400 mil personas han salido de la ciudad, pero cientos de miles permanecen, muchos porque son demasiado pobres o débiles para desplazarse.
La carretera hacia el sur está llena de desplazados que viajan en camiones, vehículos improvisados y a pie, dejando atrás sus hogares, pertenencias y alimentos en medio de un paisaje de desolación y peligro constante.
Israel detiene la Flotilla Global Sumud
Mientras la situación en tierra se agrava, este jueves Israel dio por “concluida” la “provocación” de la flotilla, tras asaltarla en la víspera y trasladar a sus 400 integrantes al puerto de Ashdod para su posterior deportación a Londres y Madrid, según declaraciones del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.
La Global Flotilla Sumud, compuesta por unas 50 embarcaciones, denunció el miércoles que la Armada israelí había comenzado a interceptar y detener sus barcos en aguas internacionales.
Ya el Ministerio de Exteriores de Israel aseguraba hoy en un comunicado que, del casi medio centenar de embarcaciones que conforma la iniciativa, ninguna había logrado “su intento de entrar en una zona de combate activo o vulnerar el bloqueo naval”, aunque admitió que una (el Mikeno) no había sido asaltada por las fuerzas navales de élite y “permanece a distancia”, según citó El País.
El último reporte de la Flotilla, según EFE, informaba este jueves que cuatro barcos seguía en navegación, dos de ellos de apoyo.
Según la ley israelí, una vez detenidos, los miembros de la Flotilla pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen, a última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.
Entre los detenidos se encuentran 40 personas de nacionalidad española, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.

Reacción del presidente colombiano Gustavo Petro
La interceptación de la flotilla provocó una contundente respuesta en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro calificó la acción de Israel como un “secuestro” y exigió la liberación inmediata de dos activistas colombianas detenidas junto a otros integrantes de la misión humanitaria.
En un gesto sin precedentes, Petro ordenó la expulsión completa de la delegación diplomática israelí en Colombia y denunció el Tratado de Libre Comercio bilateral con Israel para dejarlo sin efecto.