Autoridades cubanas anunciaron medidas contra el “acaparamiento” por parte de particulares, un fenómeno que reconocieron frecuente debido a las “condiciones actuales” de la economía cubana y “la escasez de productos”.
Betsy Díaz, ministra del Comercio Interior (Mincin), aseguró al diario Granma que su ministerio “ha propuesto medidas para regular 48 productos de línea económica y de primera necesidad” y evitar así “que pocos compren en grandes cantidades y se produzca el desabastecimiento”.
La titular reconoció que “hay personas que acaparan por inseguridad en el mercado”, pero dijo que también existen otras “que buscan obtener un beneficio económico y elevar los precios” y lamentó que “al final, es el pueblo quien sufre las consecuencias”.
Entre los productos que sufrirán la regulación citó el huevo, la frazada de piso, el jabón y el detergente, aunque no ofreció el listado completo ni detalles sobre la fecha en que podrían entrar en vigor las medidas.
Díaz explicó que el Mincin está analizando “que otra cosa” puede hacer “de cara al mercado interno” para enfrentar un “tema sensible”, y afirmó que “las ilegalidades no quedarán impunes”.
Las declaraciones de la ministra se producen una semana después de que se divulgase el “asalto” a las manzanas en la tienda La Puntilla, en el barrio habanero de Miramar, en el que 15,000 manzanas fueron compradas de golpe por un grupo coordinado de jóvenes siguiendo indicaciones de un particular, y luego fueron trasladas en un transporte estatal.
El hecho, destapado por el bloguero Iroel Sánchez, encontró rápido eco en los medios de prensa y las redes sociales, y ha generado un debate sobre el acaparamiento de productos en Cuba.
Incluso, el grupo empresarial Cimex, al que pertenece la tienda, anunció públicamente el despido de ocho funcionarios y trabajadores presuntamente implicados en el caso –algo inusual en Cuba–, y consideró “necesario” transmitir “que la inmensa mayoría de sus más de 35 mil trabajadores están comprometidos en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades”.
Dos empleadas del supermercado habanero, confirmaron a la agencia Efe que tienen “terminantemente prohibido” hacer mención alguna al escándalo de las manzanas, aunque una de ellas afirmó que lo publicado “en internet es verdad”.
Mientras, un directivo del centro comercial declaró a la agencia bajo condición de anonimato que el incidente “no es tan feo como dicen” y negó connivencia alguna con los acaparadores. “Cada uno se llevó el máximo permitido y no pudimos hacer nada”, aseguró, tras confesar que él y sus subordinados están siendo objeto de una rigurosa investigación de las autoridades y temen perder sus puestos de trabajo.
El escándalo de La Puntilla ha sido la punta del iceberg de un ya fénomeno arraigado en la Isla, en particular a partir de la crisis económica de los años noventa.
La titular del Mincin reconoció en Granma que hechos como el de las manzanas “ocurren frecuentemente” y que cuentan “con una alta participación de los trabajadores”. Como causa culpó al “incumplimiento y falta de exigencia de los jefes, a todos los niveles”.
Sin embargo, nada dijo sobre otros condicionantes como los bajos salarios de los trabajadores de las tiendas, quienes agradecen “incentivos” por hacerse de la vista gorda, filtrar información o incluso, como el caso de La Puntilla, entregar la mercancía al acaparador y ayudarle a transportarla.
Díaz explicó que actualmente el Mincin “realiza controles e inspecciones por diferentes vías”, pero dijo que “no son efectivos si no logramos contener los hechos delictivos”. Como prioridades de su ministerio citó “perfeccionar e integrar la prevención, el control, la inspección y la fiscalización dentro del sector, para así identificar las principales vulnerabilidades”.
“Como primera acción”, la ministra destacó la importancia de “habilitar a los cuadros para el cumplimiento de su función”, para contrarrestar los movimientos “constantes” de los directivos y el hecho de que “a veces” estos “no están debidamente preparados para esa responsabilidad”, lo que, no obstante, “no justifica que cometan hechos delictivos”.
También consideró importante potenciar “la integración con los gobiernos a todos los niveles territoriales”, “fortalecer aún más el papel de la empresa en municipios y provincias” y “lograr una integración más efectiva entre el comercio mayorista y el minorista”. Sin embargo, no refirió medidas concretas en estas direcciones.