En mayo de 2023 un jurado integrado por 12 neoyorquinos declaró al expresidente Donald Trump culpable de todos los cargos de falsificación de registros comerciales —34 en total— en el llamado “caso Stormy Daniels“, y concluyó que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había probado su caso sin precedentes, más allá de cualquier duda razonable.
Durante el juicio, los acusadores demostraron que Trump ocultó los pagos a Daniels en torno a la campaña presidencial de 2016 con la intención de violar las leyes electorales. Esos pagos fueron diseñados para mantener a la actriz porno en silencio sobre un presunto encuentro sexual entre ambos aproximadamente una década antes, en un evento del jet set ocurrido en Lake Tahoe.
Entre las concurrencias del contexto, a principios de julio de 2023 sobresale la de un caso paralelo contra Trump: un dictamen de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. “Un presidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente”, pero “no hay inmunidad para actos no oficiales”, legisló la Corte (6-3).
Corte Suprema determina que Trump tiene “cierta inmunidad” por actos oficiales
Los fiscales neoyorquinos tenían entonces un buen sustento legal. Los delitos implicados en el llamado “caso Stormy Daniels” habían sido cometidos en 2016, antes de que Trump resultara electo en las elecciones presidenciales de ese año.
Pero el acusado y sus letrados sometieron el caso a la misma lógica que a la de los otros tres que tenían encima: la demora. Por distintas y diversas razones que no viene al caso mencionar ahora, Trump y los suyos habían logrado su objetivo, pero no descarrilaron el proceso de Nueva York, presidido por el juez Juan Merchán.
Para llegar a Suprema
En Nueva York, los abogados de Trump sostenían que los fiscales habían infringido la inmunidad presidencial y que el presidente electo debería haber disfrutado de la misma protección contra el procesamiento penal de los presidentes en funciones.
“El acusado hace la afirmación sin precedentes de que la inmunidad presidencial temporal que poseerá en el futuro lo inmuniza completamente ahora, semanas antes de que preste juramento, de todo proceso penal en los tribunales estatales”, dijo el fiscal Alvin Bragg. “Esta afirmación de inmunidad extraordinaria no está respaldada por ninguna decisión de ningún tribunal”.
Ni la Corte Suprema ni la de Apelaciones de Nueva York paralizan la lectura de la sentencia de Trump
Los jueces de la apelación estuvieron de acuerdo. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó entonces intervenir a solicitud de la defensa. Merchán había anunciado, al fin, que la sentencia sería dada a conocer el 10 de enero de 2024, que no estaba dispuesto a condenar a Trump a prisión y que una sentencia de “liberación incondicional” sería “la solución más viable”.
En una votación de 5 a 4, la Suprema permitió que la sentencia a Trump continuara, argumentando que era “relativamente insustancial a la luz de la intención declarada del tribunal de primera instancia de imponer una sentencia de ‘liberación incondicional'”.
Dos de los jueces conservadores —John Roberts, su presidente, y Amy Coney-Barrett, esta última designada por Trump—, se alinearon con las tres liberales: Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Los otros cuatro —Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas— se pronunciaron en contra, al margen del deslinde hecho por la misma Corte entre actos oficiales y no oficiales.
Juez rechaza paralizar la sentencia de Trump en el caso de los pagos a una actriz porno
Fue una derrota para Trump, quien probablemente por instrucción de sus abogados reaccionó en su red social con un aparente gesto hacia la Corte: “Aprecio el tiempo y el esfuerzo de la Corte Suprema de Estados Unidos al intentar remediar la gran injusticia que me ha cometido el muy conflictivo ‘juez interino’, a quien no se le debería haber permitido juzgar este caso”, escribió en Truth Social.
Una hoja de parra solo para añadir a continuación otra de sus mentiras: “Todos los expertos en Derecho afirmaron, inequívocamente, que este es un caso que nunca debería haberse presentado. No había ningún caso en mi contra”. Pero sobre todo una contradicción de los términos: ¿Cómo desbarrancar al juez de Nueva York, por un lado, y por otro alabar la labor de la Corte Suprema, que no hizo sino ratificar por mayoría la validez de su fallo?
El viernes 10 de enero de 2024 Trump apareció en la sala de Nueva York de manera virtual para escuchar la sentencia. Aproximadamente 40 minutos. Dijo ante Merchán que el juicio, la condena y la sentencia habían sido una “gran vergüenza” para el estado de Nueva York. “Esta ha sido una experiencia terrible, creo que ha sido un tremendo revés para Nueva York”, le dijo antes de escuchar la sentencia. “Soy totalmente inocente, no hice nada malo”.
También se quejó de los testigos del juicio y de las decisiones del juez, y se refugió en los votantes que ignoraron el caso eligiéndolo presidente. Y echó mano a su urticante populismo de espejo cóncavo: “Obtuve la mayor cantidad de votos de cualquier candidato republicano en la historia”. Una mentira reiterada: el republicano Ronald Reagan logró el 58.8 % del voto popular en 1984. Trump apenas alcanzó el 50 % de ese voto (49.7 %) en las últimas elecciones presidenciales.
La condena
La condena del juez Merchán ha sido uno de los aspectos más incomprendidos del proceso, en especial fuera de Estados Unidos. Unos la han considerado muy leniente, esperando medidas como años de cárcel, trabajo comunitario u otras sanciones similares. Otros han ido más lejos hablando de crisis y corrupción. Ese entendimiento es resultado de no manejar/conocer el sistema legal estadounidense, y en particular ciertas leyes vigentes. Una de ellas la Ley Penal del estado de Nueva York, en particular su Capítulo 679, Sección 65.20, que establece lo siguiente:
El tribunal puede imponer una sentencia de liberación incondicional en cualquier caso en el que esté autorizado a imponer una sentencia de liberación condicional según la sección 65.05 si […] opina que no se cumpliría ningún propósito adecuado al imponer alguna condición a la liberación del acusado. Cuando se impone una sentencia de liberación incondicional por un delito grave, el tribunal deberá exponer en el expediente las razones de su acción.
Y a renglón seguido:
Cuando el tribunal impone una sentencia de liberación incondicional, el acusado será liberado con respecto a la condena por la cual se impone la sentencia sin prisión, multa o supervisión de libertad condicional. Una sentencia de liberación incondicional es para todos los efectos una sentencia condenatoria final.
De acuerdo con The New York Times, desde 2014 en Manhattan un tercio de los acusados sentenciados al cargo más grave —falsificación de registros comerciales en primer grado— recibieron penas de menos de un año. Otros acusados recibieron penas de prisión y fueron sentenciados a libertad condicional, servicio comunitario o multas.
Trump: primer presidente de EEUU en recibir una condena penal
Pero Merchán no tuvo más alternativa que acudir a la 65.20. El encarcelamiento y la libertad condicional quedaron efectivamente descartados porque Trump asumirá la presidencia el 20 de enero. El juez razonó su dictamen. “Son las protecciones legales otorgadas al cargo de presidente de Estados Unidos las que son extraordinarias, no el ocupante del cargo”, dijo. Y seguidamente anotó: “Un poder que no brindan es el […] de anular un veredicto del jurado”. En otras palabras, las protecciones otorgadas a los presidentes “no reducen la gravedad del delito”. El acusado es, entonces, un delincuente, así sea presidente electo o no. “Nunca antes se le había presentado a este tribunal un conjunto de circunstancias tan único y notable. Este ha sido un caso verdaderamente extraordinario”.
Y concluyó: “Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada en vigor de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto del país es una sentencia de liberación incondicional”.
Sin embargo, esa liberación incondicional no significa en modo alguno que Donald Trump haya sido “totalmente exonerado”, como se apresuraron en asegurar ciertos emisores dentro y fuera de las redes sociales y sus alrededores. Pero sí algo muy distinto y sin precedentes en más de dos siglos de historia constitucional: Donald Trump va a pasar a la posteridad como el primer delincuente en asumir la presidencia de Estados Unidos, una pesadilla que nunca imaginaron los padres fundadores. En eso consiste precisamente la trascendencia de la movida del juez neoyorquino.