Judges must apply the law as written. Judges are not policy makers.
Amy Coney Barrett
Jueza de la Corte Suprema
El fallo de la Corte Suprema de Colorado de excluir al expresidente Donald Trump de la boleta estatal electoral de 2024 a partir de la cláusula insurreccional de la Enmienda 14, está bajo escrutinio de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión se montó sobre una disposición constitucional posterior a la Guerra Civil (1861-1865) que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes hayan participado en una insurrección o rebelión.
El 3 de enero Trump apeló a la Corte Suprema para revocar el fallo. Sus abogados sostienen que esa decisión, en efecto sin precedentes, impediría a los votantes elegir a un candidato presidencial. Y que no son los estados sino el pueblo el que los elige.
Se dirimen dos problemas fundamentales: el primero, si la cláusula de insurrección de la Enmienda 14 se aplica a los presidentes; y el segundo, el concepto mismo de insurrección. Cómo se interpreta y aplica.
Aceptado el caso por la Corte, una vez concluidos los argumentos orales el 8 de febrero, los jueces están bajo presión para tomar una decisión lo más rápida posible.
Un país dividido y polarizado la espera. Y sumido en una crisis constitucional.
Los tres jueces
El problema consiste en que hoy la Corte Suprema experimenta un profundo desbalance de poder. Es abrumadoramente conservadora (6-3) desde que el Senado aprobó las tres nuevas propuestas del entonces presidente Donald Trump, dos hombres y una mujer.
El primero fue Neil Gorsuch (2017). En 1991 Gorsuch obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Harvard, donde por cierto fue compañero de clase de Barack Obama. Su tempana trayectoria conservadora se vio reforzada al obtener el doctorado en la Universidad de Oxford (2006) con una tesis que luego se publicó El futuro del suicidio asistido y la eutanasia, en la que escribió: “la toma intencional de vidas humanas por parte de particulares siempre es incorrecta”.
Ese mismo año el presidente Bush, Jr. lo nominó para integrar el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos. Fue fácilmente confirmado por el Senado.
Su nominación a la Suprema se hizo para cubrir la vacante del juez ultraconservador Antonin Scalia, fallecido el 13 de febrero de 2016, y tuvo lugar en medio de una profunda tensión entre demócratas y republicanos.
Para lograr su objetivo, la mayoría republicana del Senado cambió las reglas del juego al suprimir los tradicionales 60 votos necesarios para una confirmación, un procedimiento escandaloso bautizado con un nombre tremebundo: “la opción nuclear”.
A pesar del ruido que trajo su proceso, no había duda de que el candidato cubría con creces los requisitos técnicos, al margen de sus posicionamientos ideológico-doctrinales. Con todo, la oposición se mantuvo. Fue confirmado 54-45.
El segundo, Brett Kavanaugh (2018). El presidente Donald Trump lo nominó para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy, que se jubiló ese año. Su confirmación por un Senado controlado por el Partido Republicano estableció, de hecho, una mayoría conservadora en la Corte, el largo sueño húmedo de su elite.
Kavanaugh fue la figura perfecta para garantizar futuros fallos conservadores, dado su historial en temas/problemas como el aborto (Roe vs. Wade), la acción afirmativa, el financiamiento de las campañas, las regulaciones ambientales y la separación Iglesia-Estado, entre otros. Por sus posiciones moderadas, Kennedy fue el voto decisivo en muchos casos. Con Kavanaugh eso se fue a bolina.
Si el caso de Gorsuch fue controversial, este fue escandaloso al estar rodeado de alegaciones sexuales de grueso calibre. Christine Blasey Ford, profesora de Psicología en la Universidad de Palo Alto, California, acusó al nominado de haberla agredido sexualmente a principios de la década de los 80, cuando ambos eran estudiantes de secundaria.
La acusación se produjo en el contexto del movimiento #MeToo, en el que las mujeres relataron sus experiencias de abuso y agresión sexual. Luego le siguieron nuevas acusaciones por boca de otras mujeres.
Kavanaugh las negó todas: dijo bajo juramento que se trataba de una conspiración difamatoria de la izquierda. Declaró que eran motivadas políticamente y se colocó como víctima de los medios de comunicación liberales y de “los Clinton”.
Una de las mujeres que lo acusaron reconoció al final que no lo conocía personalmente, que “solo quería llamar la atención” y que era una “táctica” para evitar su confirmación.
Con todo, activistas de diversos ámbitos se movilizaron para impugnarlo, pero fracasaron en el intento. El 6 de octubre de 2018 el segundo juez conservador propuesto por Trump fue confirmado por el Senado, por un pelo, con una votación 50-48.
La tercera fue Amy Coney Barrett (2020). En 2016 Trump se había comprometido a nombrar jueces que revocarían las decisiones de Roe vs. Wade (1973) y Obergefell vs. Hodges (2015) —que estableció el matrimonio igualitario—, y a borrar del mapa a la Ley de Atención Médica Asequible (2010), más conocida como Obamacare.
Miembro de la Sociedad Federalista, la principal organización del movimiento legal conservador estadounidense, y proveniente de un medio familiar profundamente católico, Comey Barret reunía las credenciales ideales para ocupar el puesto.
Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, trabajó como asistente de un juez de la ultraderecha en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Más tarde lo hizo para el mencionado Antonin Scalia, influencia que ella misma ha considerado decisiva en su carrera. Al aceptar su nominación a la Corte Suprema, dijo textualmente: “Su filosofía judicial también es la mía”.
En mayo de 2017 fue nominada por Trump para ocupar un puesto en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos luego del retiro de uno de sus jueces. Tres años después, a la muerte de la jueza de la Corte Suprema, la liberal Ruth Bader Ginsburg, Trump la nominó para cubrir su vacante, lo cual provocó un verdadero tsunami político en el mar de las polarizaciones: conservadores y republicanos lo acogieron con euforia; liberales y demócratas se opusieron enfática y raigalmente.
Durante la audiencia de confirmación para Suprema, y ante la ideologización de muchas de sus respuestas, la senadora demócrata Dianne Feinstein le dijo: “El dogma vive con fuerza dentro de usted”. Los senadores demócratas la presionaron sobe temas sensibles, pero Barret se negó a responder preguntas a la manera de si el presidente podría perdonarse a sí mismo; si creía en el cambio climático; si el Gobierno podría separar a los niños inmigrantes de sus padres; si la intimidación de los votantes era ilegal… Pero dijo que no actuaría como peón de nadie.
El Senado la confirmó el 26 de octubre de 2020. La votación 52-48 fue prácticamente a ritmo de partido: todos los senadores demócratas (y los dos independientes) votaron en contra, junto con la senadora Susan Collins, de Maine, la excepción de la norma republicana.
Coney prestó juramento al día siguiente. La quinta mujer en la historia que logra llegar a la Corte Suprema.
La audiencia
Decodificar la Corte Suprema es un ejercicio siempre problemático, pero en la vista oral del pasado 8 de febrero todos sus miembros excepto la liberal Sonia Sotomayor, designada por Obama en 2009, sugirieron —bien por silencio o implicación— que ignorarían el mandato de la Sección 3 de la Enmienda 14 y que los estados individuales no podían descalificar a candidatos para las elecciones nacionales a menos que el Congreso aprobara un estatuto en ese sentido.
Aparentemente, una mayoría abrumadora del tribunal anulará la decisión de la Corte Suprema de Colorado. Si este es finalmente el caso, Trump habrá ganado el pleito.
La Corte Suprema escucha argumentos orales acerca de la Enmienda 14 y Trump
Por otra parte, varios jueces parecen inclinados a aceptar la idea de que el presidente no es un “funcionario” de Estados Unidos, propuesta que raya en el absurdo hasta por la sutileza argumentativa con que se presenta.
Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson, una de las liberales, designada por Biden en 2022, parecieron estar de acuerdo con la afirmación de los abogados de Trump en el sentido de que en la Constitución la palabra “funcionarios” se refiere solo a funcionarios designados, no electos. Sotomayor calificó esa interpretación como “un poco manipulada”.
Con este caso, la Corte Suprema entró en un territorio inexplorado y de connotaciones duramente políticas. Previo a la audiencia y ante la idea de que los jueces aludidos podrían parcializarse a favor de Trump debido a razones obvias, analistas y expertos habían sugerido que el textualismo y el originalismo, perspectivas interpretativas de la Constitución que los tres comparten (como buenos conservadores y seguidores de Scalia) podrían determinar un fallo contra Trump.
Desde esa lectura, el texto de la Enmienda 14 sería autoejecutable y por lo tanto permitiría a los funcionarios estatales decidir quién ha “participado en la insurrección” sin necesidad de una legislación del Congreso. La palabra “insurrección”, por cierto, apenas fue mencionada.
Y cuando lo fue, el juez Kavanaugh cuestionó al abogado de los votantes de Colorado acerca de por qué el expresidente debería ser descalificado cuando no se le ha condenado por incitar una insurrección. “Su posición tiene el efecto de privar de sus derechos a los votantes en un grado significativo”, le dijo el juez a Jason Murray.
Se decía también que Trump había nombrado a esos tres jueces, creando con ello una sólida mayoría conservadora, pero que desde que había dejado el cargo no habían sido necesariamente receptivos a sus posiciones.
Esas fueron, aparentemente, dos de las cosas que el viento se llevó en esa audiencia.