Antinomias y conflicto en la situación política cubana (II)

Mi abuela, maestra de primer grado en una escuela pública de Cabaiguán, recibía la revista Bohemia. Yo me acostumbré a leerla, de atrás hacia delante, empezando por los chistes gráficos. Lo único que me brincaba era la sección donde escribían Jorge Mañach, Herminio Portell Vilá, y otros destacados intelectuales, porque a mis 10 años no entendía ni me interesaban los temas que trataban.

Ese periodismo intelectual, que abordaba todos los temas, no es muy frecuente hoy entre nosotros. Cada vez que alguien me dice que el lector promedio o el televidente promedio no entiende o no se interesa en esos temas, que son demasiado complejos o sensibles, o que no están preparados para el análisis político, me pregunto si hablan de una isla y un mundo habitados por niños de 10 años.

Analizar la situación política no es lo mismo que enunciar la Cuba que los muy diversos cubanos imaginan o quisieran. Aunque yo también tengo una, me he limitado aquí a comentar la complejidad de un consenso compartido por esos cubanos diversos, que no consiste en “apoyo casi unánime,” sino en una base social con un sentido común contradictorio, tensiones y disparidades agravadas por la crisis, como sería normal en cualquier parte. Confundir la escala del consenso con la del oxígeno en la sangre, de manera que un apoyo del 97% indica un estado “saludable,” y uno “apenas de 80% o 75%” indica “grave,” resultaría una broma en cualquier parte.

Antinomias y conflicto en la situación política cubana (I)

Desde ese consenso entreverado que sostiene al sistema ahora mismo, intento examinar la situación política, a partir de tres sujetos: la nueva oposición política, el nuevo gobierno, y la nueva administración de EEUU.

Por muy nuevos que sean, esos actores y ese conflicto no se entienden fuera de la historia, sin vínculos con el pasado, con factores de poder, estructuras, instituciones, y sin la interacción de intereses opuestos entre dos Estados, el de Cuba y el de EEUU. Sin embargo, resulta imprescindible identificar lo que esos actores traen consigo y los diferencian de sus antecesores, sus propios problemas, y especialmente, su contexto particular. Entenderlos con sentido de este momento histórico, del cambio fundamental de circunstancia que lo caracteriza, en vez de pensarlos como islas que se repiten, según diría un caribeñista famoso. Sin discernir esos problemas propios, en relación con los conflictos que enfrentan y con la sociedad cubana actual, no es posible razonar sobre el campo político, más allá de antinomias ideológicas —como suele hacer el sentido común.

Criticar algunos postulados de ese sentido común que circulan en medios de comunicación e incluso en el discurso intelectual no requiere ponerse filosófico ni siquiera haber leído a Gramsci. Basta con someterlos a prueba.

Como botón de muestra, van los siguientes. “Este sistema político no tiene chance de cambio, porque está dominado por un esquema leninista.” “El Estado-Partido es un bloque de arriba abajo, inmóvil e inamovible.” “La reconciliación nacional depende de la voluntad política del gobierno para dialogar con la oposición.” “La iglesia católica es un actor particularmente dotado para mediar en esa reconciliación.” “Vivimos años negros para la libertad de expresión.” “La disidencia de los artistas responde a la falta de libertad del gremio y el cierre de las políticas culturales.”  “Los jóvenes han desertado del campo de la Revolución, y se quieren ir a vivir afuera.” “La decepción de los pobres y los negros con el socialismo los ha convertido en base social de la oposición y de su nuevo liderazgo.”  Etcétera.

En el sustrato de casi todos está la cuestión del funcionamiento democrático y la participación ciudadana. Para abordarla, habría que considerar no solo los llamados mecanismos de democracia directa —manifestación de calle, plebiscito, etc.— o votación cada cinco años, sino sobre todo, participación sistemática en toma de decisiones, control de las políticas, canalización de la opinión pública, diálogo con el gobierno. ¿Es posible esa participación sin un sistema más democrático, incluyendo al propio Partido?

Hace pocos días, en carta abierta al presidente de Cuba, un jesuita español le recriminaba por qué no acababa de reconocer el total fracaso de la Revolución y del sistema de dictadura del proletariado. Algunos no han advertido que en 2022 se cumplirán 30 años de la reforma a la Constitución que borró los conceptos dictadura del proletariado y vanguardia de la clase obrera. Y de que este año hicieron tres décadas de la eliminación de las creencias religiosas, como contradictorias con la ideología marxista y leninista.

Me pregunto si alguien presume que ser empresario privado inhabilita para ocupar cargos o ingresar al Partido. Y que criticar públicamente políticas del Partido por algún militante lo hace cometer violación flagrante del centralismo democrático.

Todos los conceptos subrayados arriba están en el decálogo del leninismo. A esa lista de herejías habría que agregar otras, consideradas incompatibles con la ideología por la educación política anterior. Por ejemplo, el fin de la enseñanza del ateísmo en las escuelas, la introducción de un artículo constitucional que permite familias encabezadas por parejas de un mismo sexo, el desmantelamiento del sistema de becas estudio-trabajo obligatorio en la enseñanza secundaria, la libertad para residir en el exterior sin perder sus derechos ciudadanos, etc. Quizás los problemas actuales del Partido no sean precisamente los atribuidos a un cierto leninismo.

Por el contrario, algunas prácticas bolcheviques podrían inspirar una mayor democracia en Cuba. Digamos, la lucha de las bases, los soviets y los sindicatos por controlar la burocracia; la legitimidad de discrepancias en sus filas, como la Oposición Obrera; la aplicación de una Nueva Política Económica (NEP) con mercado y economía mixta; el estímulo al debate sistemático abajo y arriba; la posibilidad de exponer en Pravda criterios de todos los militantes, no solo de algunos.

Legitimar cambios democráticos en el Partido, aquí y ahora, podría considerar lo dicho por el propio Raúl Castro hace casi diez años: “si hemos escogido soberanamente la opción del Partido único, los que nos corresponde es promover la mayor democracia en nuestra sociedad, empezando por dar el ejemplo en las filas del Partido.” Así que el PCC no está por encima de las reformas, ni es solo un sujeto protagónico en su aplicación, sino también objeto de una política que llama a “cambiar todo lo que debe ser cambiado.”

Aunque sabemos que la política no se contiene en los discursos, la lucha por convertir esas palabras en realidad tiene hoy mayor respaldo que nunca. ¿Cuál es, sin embargo, la vara para medir esa democratización? ¿Reconocer, dialogar y negociar con organizaciones políticas como las que predominan en la oposición cubana, en la Isla y el exilio? Una pregunta alternativa, congruente con la propia Constitución del sistema: ¿es deseable que un sistema socialista dé cabida a una «oposición leal» (definida por su propósito de mejorar el sistema, no de liquidarlo)?

Entrevistando hace siete años a un grupo de sujetos con responsabilidades institucionales, esta pregunta produjo respuestas disímiles.¹

Un ex-presidente de la Asamblea Nacional apoyó “la «parlamentarización de la sociedad», la discusión constante, en fábricas y colectivos, de los problemas y las propuestas para encararlos,” no la “manipulación del disenso en «oposiciones» más o menos leales.”

Una Secretaria general de la UJC en funciones afirmó que “un disenso entre revolucionarios es muy necesario.” “En Cuba todavía no conocemos esa oposición [leal], porque las personas financiadas por un gobierno extranjero para derrocar la Revolución no pueden llamarse sino mercenarios.” Y añadió “No creo tampoco que hayamos alcanzado la democracia ideal…No descarto ninguna fórmula para más socialismo.”

Un educador popular de una ONG religiosa opinó: “Es necesario dejar claro los puntos que no entran en negociación; es decir, a qué ser leal… Está la lealtad a los principios de equidad social, dignidad personal y nacional, soberanía, socialización del poder, de la economía y de la felicidad; lealtad al poder popular ejercido por el pueblo. Si la apuesta es por estos [principios], la lealtad a las formas políticas se hace más flexible, pues sería al gobierno que haga valer esos principios.

Un jurista académico la definió como “una oposición que cumpla la ley de todos, que no pretenda, mediante la intolerancia, exigir tolerancia al Estado; que no use banderas de ideologías excluyentes e inhumanas, que respete el orden público y las normas que nos hemos dado en democracia, es leal al Estado de Derecho, y por lo tanto ella misma es imprescindible.

Un delegado del Poder Popular en Marianao respondió: “Tenemos que darle posibilidades a ese tipo de oposición; la que no está de acuerdo con las cosas mal hechas, y que pueda proponer cómo resolverlas…Si es con buena fe, oponerse a las cosas que no dan resultados ayuda a mejorar el sistema socialista, que en definitiva es el pueblo…A veces criticamos a los que dicen las verdades, y consideramos que tienen problemas políticos, pero esas personas lo que quieren es ver resultados.”

Una presidenta en funciones de una institución cultural la consideró “una antinomia. Porque la oposición lo es de verdad si muestra cierto nivel de organización, si constituye una alternativa frente a los poderes establecidos. Un revolucionario que se opone” a una política en particular “no es un opositor; es solo alguien que discrepa.”

El editor de una revista católica dijo que “se debe actuar para mejorar el sistema establecido por consenso y no para liquidarlo…Quienes posean otras preferencias ideológicas deben aceptarlo con humildad, pero sin dejar de aportar sus criterios y proyectos, aunque puestos a disposición de la realización de los intereses del pueblo. Así podríamos disfrutar de un socialismo capaz de integrar, incluso, la diversidad ideológica…No sería leal una oposición que… para conseguir sus propósitos políticos,…se alíe con potencias extranjeras, …que posea vínculos orgánicos con instancias nacionales o foráneas encargadas de promover la subversión, que no cuide la soberanía del país ni la concordia social.”

En estas entrevistas no solo es observable la diferencia de matices dentro de las instituciones del Estado y dentro de la sociedad civil, sino, entre sus visiones de entonces y las de ahora, en algunos casos particulares.

Hace una docena de años, en un medio oficial cubano, mencioné la cuestión de la oposición leal: “¿Podrá admitir el socialismo cubano en el futuro, junto con una institucionalidad democrática renovada, un sistema descentralizado, un sector no-estatal, también una oposición leal, dentro del propio sistema? Esa no es una pregunta para congresistas norteamericanos y europarlamentarios, sino para los cubanos que vivan su futuro en la Isla.”

Curiosamente, mientras la revista católica Espacio Laical celebraba el concepto un tiempo después, al punto de convocar un evento en 2013 donde se debatió, los editorialistas de Cubaencuentro lo consideraron una burda estratagema, “un candado,” detrás de la cual asomaba la oreja peluda del oficialismo disfrazado de “locuacidad liberal,” dirigida a “refrescar” el discurso totalitario.

Estos parecían ignorar que quienes lo acuñaron, a mediados del siglo XIX, no lo concibieron como una fórmula para “tomar el poder” o cambiar el sistema británico, sino para hacerlo políticamente más eficaz y ampliar su consenso. No buscaban precisamente “consentir” a los discrepantes, sino incorporarlos a la compleja tarea de gobernar. Lo que explica que la partidocracia de EEUU nunca lo asimilara, dado su bipartidismo acérrimo de doscientos años. 

Me he extendido sobre este punto porque ilustra la brecha de una reconciliación nacional que algunos sueñan resolver de un salto. Asimismo, evidencia criterios dentro de la Revolución, abajo y arriba, que avalan una democratización realista. Reformulada siete años después, aquella pregunta se leería hoy así: ¿en qué medida una política dirigida a expandir el consenso, que integre la oposición leal  al espacio político, sería congruente con el nuevo estilo de gobierno? Y podría añadirse: ¿está en el interés nacional que esa oposición leal dentro del sistema, en favor de un socialismo más democrático, sea una opción para los que abogan por el cambio, en vez de dejarlos afuera, y que algunos terminaran dejándose arrastrar por la oposición anticomunista?

Adivino a un lector que ya está preguntándose: ¿Y qué harían los EEUU? Para comentarlo haría falta un tercer round.

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¹ “Hacer política socialista: un simposio,” entrevistador Daniel Salas, Temas # 78, abril-junio, 2014.