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El 2025 ya es el tercer año consecutivo en que la economía nacional decrece respecto al año anterior. Para algunos era un suceso esperado; algunos incluso lo habían anunciado desde antes que comenzara el segundo semestre de este 2025. CEPAL estimó el crecimiento en -1.5 %.
Sin ser una sorpresa total, el decrecimiento del PIB en -4%, aun cuando puede ser cuestionable la validez del indicador o su capacidad real para medir cuán mal o bien anda un país, esta vez sintetizaba la situación real de la economía nacional.
Destacan dos hechos puntuales positivos: el control del déficit fiscal a niveles relativamente manejables (84 % de lo planificado para el año) y cierto grado de control sobre el ritmo de incremento de la inflación (14,95 % de variación interanual). Ello, sin embargo, no condujo, como podría esperarse, a mejorar el desempeño de la economía real.
Ese comportamiento del indicador, en este caso, sintetiza la incapacidad de la política económica adoptada para reimpulsar la economía nacional. Ahí están los hechos: tres años consecutivos de comportamiento negativo del PIB, acompañado por el empeoramiento continuo de la situación económica y social del país.
Explican también esta situación el desempeño negativo de otros sectores como las exportaciones; el turismo, que quedó muy lejos de la meta anunciada a inicios de año; el desastre de la industria azucarera con una producción que recuerda la primera mitad del siglo XIX; el comportamiento de los precios del níquel y, sobre todo, la profunda crisis energética que enfrenta el país, que combina deterioro tecnológico y baja disponibilidad de combustibles.
Si se atiende al índice de volumen físico de la producción industrial puede entenderse mejor la profundidad del daño del sistema productivo cubano.
Tomando como base el año 1989, la producción industrial del año 2024 solo alcanzó el 35,2 %; la industria azucarera 2,4 %; elaboración de productos alimenticios 23,8 %; fabricación y refinación de productos de petróleo 15,1 % (2023); fabricación de fertilizantes y productos de nitrógeno 0,3 %; fabricación de productos de caucho y plástico 1,2 %; productos para la construcción 6,5 %; fabricación de metales comunes 49,9 %; fabricación de productos metálicos 8,8 %; fabricación de maquinarias y equipos 0,5 %; fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión 0,1 %; fabricación de equipos de transporte 0,5 %. En resumen, solo un rubro de los veintitrés listados por la ONEI alcanza lo logrado en 1989.
Por su destino, el índice físico de la producción industrial muestra que los bienes de consumo alcanzaron el 59,9 % respecto a 1989; equipo y maquinaria, el 3 %; y bienes intermedios, el 13,2 %.
Estos datos pueden ilustrar la débil capacidad de reacción de la economía nacional para enfrentar un proceso de crecimiento acelerado, la alta dependencia de las importaciones; alertan sobre el hecho de que con una baja tasa de inversión (10 % planificada para el 2026) será muy difícil un proceso de recuperación significativo y señalan la ingente necesidad de lograr flujos de inversiones extranjeras que compensen esa tasa.
El país enfrentó en el 2025 y enfrentará en el 2026 retos muy conocidos y reconocidos en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tales como el bloqueo económico de Estados Unidos; la crisis de divisas; la baja productividad e ineficiencia del sector estatal; la crisis energética; el colapso infraestructural; la dualidad monetaria y cambiaria y la expansión de la dolarización; los desequilibrios macroeconómicos; el envejecimiento poblacional y la fuga de capital humano.
El profundo daño sufrido por los sectores de la salud, la educación, el transporte público y el sistema de pensiones y jubilaciones hará mucho más difícil la aplicación de una buena parte de las medidas contempladas en el programa de gobierno.
Se reconoce la alta sensibilidad política de aplicar un grupo de ellas, sin embargo, habría que evaluar si una parte del alto costo que paga hoy la población cubana ha sido o no motivado por esa misma “cautela política” que ha conducido a demorar medidas sin las cuales la economía nacional no despegará.
El 2026 será un año de mayores tensiones porque a las restricciones existentes habrá que sumar aquellas otras que emergerán de la puesta en práctica del Programa de Gobierno hecho público en octubre: la evolución del mercado cambiario recién creado, la sostenibilidad de una tasa de cambio flotante entre franjas, la evolución del nuevo mecanismo de asignación de divisas, la puesta en práctica de programas de swap de deuda por activos, la adopción de un grupo de medidas para “facilitar” la inversión extranjera directa entre las que está el plazo de una semana para decidir sobre un posible proyecto, interpretar el silencio como respuesta positiva, la posible creación de nuevas zonas especiales de desarrollo, la elaboración y aprobación de un reglamente que regule la creación de proyectos de IED en el sector o estatal. Todo lo anterior sin dudas constituye un gran reto a la capacidad de conducción del equipo de gobierno del gobierno central.
A la vez, uno de los objetivos priorizados para el 2026 es la descentralización de competencias y transferencia de recursos hacia los municipios, de la cual ha sido publicada la norma (GOC-2025-603-EX99) recientemente.
Dadas las condiciones que existen en los municipios en cuanto a personal calificado y recursos, deberá ser un proceso largo, para el cual se crea una comisión al más alto nivel (Comisión Nacional Temporal de Descentralización) presidida por un viceprimer ministro.
Por su carácter transversal a toda la economía y sobre todo por el grado de afectación a todos los actores económicos, el funcionamiento del mercado cambiario y el comportamiento de la tasa de “cambio flotante” serán decisivos para crear la confianza imprescindible que induzca un buen ambiente de negocios.
Las normas aprobadas y publicadas a finales de este diciembre consolidan, al menos en lo inmediato, la segmentación de la economía por actores y tasas de cambio, una de las mayores distorsiones que padece nuestra economía, pero a la vez contribuyen a hacer más transparentes las operaciones del “segmento tres” en términos de registro contable y fiscalidad.
Mientras, la ley del presupuesto del estado para el 2026 (Gaceta Oficial de Cuba 137-2025) hace desaparecer las ventajas fiscales que disfrutaban los Proyectos de Desarrollo Local y de hecho los pone en una situación desventajosa en relación a otros actores, en tanto esos proyectos deben también aportar al Fondo de Fideicomiso para el Desarrollo Local.
Ello puede contribuir a desincentivar esta “forma de gestión” y reducir los ingresos que por esta vía reciben los municipios. Mientras los municipios solo podrán disponer del 50 % del impuesto al desarrollo local, estando ese 50 % sujeto a decisiones dependientes de la situación fiscal del país.
Una parte significativa de las metas planteadas a finales de 2024 para este año 2025 no se cumplieron. Para 2026 se plantean metas modestas, pero sin dudas difíciles de alcanzar: crecimiento del PIB del 1 %; exportaciones totales 9 969 millones (2,530 millones en bienes y 7,438 millones de dólares en servicios); generación eléctrica total 18 606 GWh; 2 200 000 visitantes; transporte de 936 635 000 personas… Todas son metas mayores que lo alcanzado en el 2025.
Sin embargo, al peso de los factores objetivos que limitan el crecimiento y entorpecen la producción, las exportaciones, las inversiones, la innovación, hay que sumar aquel otro peso enorme asociado a “distorsiones, insuficiencias y trabas burocráticas” que el propio gobierno no ha sido capaz de erradicar.
Repetir constantemente que es necesario cambiar la mentalidad no alcanza para lograr ese propósito. Hay que actuar con decisión, porque lamentablemente existen múltiples intereses individuales y sectoriales que se alzan a veces como obstáculos insalvables en el camino de la recuperación y el desarrollo.
No es posible perfeccionar lo que no funciona, no vale la pena actualizar lo que ya es arcaico; hay que crear, incluso si hace falta, desde el inicio mismo.











