Una mirada honesta y amorosa a los alrededores del propio ombligo apunta hacia un panorama obvio: los contrastes en la vida cotidiana de la sociedad cubana van desde la opulencia (medida para los estándares nacionales, claro está) hasta las carencias más profundas… y subiendo.
Quien tiene edad suficiente sabe que no siempre vivimos así, que hubo décadas (los 80, por ejemplo) en que la distancia entre los extremos de la estructura de ingresos era relativamente baja, y las carencias se atenuaban con amparos de prestaciones sociales potentes. El discurso político ofrecía una perspectiva esperanzadora en el mediano plazo, una oferta de igualdad sistemáticamente ensanchada hacia niveles de bienestar modestos, pero dignos, para las grandes mayorías. Un pacto social basado en la equidad como núcleo duro del consenso político.
Más allá de las obviedades empíricamente observables, como las que acabo de mencionar, se necesitan datos. Los necesitan las instituciones para calcular los recursos y coberturas, identificar los grupos y territorios en mayor desventaja, así como las acciones pertinentes para atenderlos, y para encauzar diálogos que permitan construir acuerdos alrededor de políticas que prioricen recursos diversos hacia personas, hogares y comunidades en situaciones de mayor precariedad. Los necesita la ciudadanía para saber con transparencia en qué sociedad vive, delinear sus demandas, críticas y apoyo a las instituciones, involucrarse en proyectos y tomar sus propias decisiones.
La información es un derecho ciudadano, no un patrimonio del poder.
¿De qué información disponemos?
Una investigación sobre pobreza de ingresos, realizada a inicios de los años 2000 por el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), perteneciente al Ministerio de Economía y Planificación, situaba en 20 % la población urbana del país que estaba en esa condición. Es el último dato público que identifica la proporción de población, en áreas urbanas, que no puede satisfacer sus necesidades básicas a partir de sus propios ingresos. El estudio permitió observar el drástico efecto de empobrecimiento generado por la crisis de los 90, al comparar este resultado con datos de 1984, en que se estimó la población pobre en 6,8 %.
Las autoridades han utilizado otra medida, el Índice de Pobreza Multidimensional, que refleja las múltiples carencias que enfrentan simultáneamente las personas pobres en áreas como educación, salud, entre otras. Según el Informe Nacional Voluntario de Cuba sobre los avances de la Agenda 2030 y con base en datos de 2017, el total de personas en condición de pobreza multidimensional rondaba la cifra de 50 mil; no se identificaron personas afectadas por pobreza multidimensional severa, y la vulnerabilidad a la pobreza era de 1,6 % (con datos de 2017).
Los expertos que redactaron el informe consideran que el enfoque de pobreza multidimensional es más adecuado para Cuba, puesto que, debido a la diversidad y el alcance de las políticas sociales, potenciales carencias monetarias no impiden acceder a educación, salud, trabajo, condiciones de vida, seguridad y asistencia social, entre otras dimensiones del desarrollo humano.
De igual manera, diversas políticas sociales en curso están utilizando la noción de vulnerabilidad para medir y caracterizar los grados de satisfacción de necesidades esenciales en diversas poblaciones y escalas. Aunque no se dispone de una cifra total en el país, asumiendo esta perspectiva de vulnerabilidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha informado que, en 2024, más de 189 mil familias y 350 mil personas eran beneficiarias de los programas de asistencia social implementados, mientras que 1236 comunidades formaban parte de programas de transformación. Estos datos abarcan situaciones de mayor desventaja, las que han sido consideradas para recibir prestaciones, pero no significa que abarquen el espectro total de las poblaciones empobrecidas.
Es frecuente la opinión de que el uso, en la narrativa oficial, de los términos “vulnerabilidad” y “pobreza multidimensional”, en sustitución del de “pobreza” a secas, es una operación de manipulación ideológica para atenuar, desde los conceptos y los números, la gravedad de la situación real, y algo de eso hay.
En el caso de la pobreza multidimensional, considerar que los ingresos personales y familiares no son definitorios para la satisfacción de las necesidades esenciales conduce, de hecho, a una subvaloración enorme del tamaño de los grupos carenciados. Esto desconoce que la insuficiencia de las prestaciones sociales en la Cuba de hoy, junto a la elevada y creciente importancia del mercado en el acceso a bienes de primera necesidad y la inflación, otorga el papel protagónico a los recursos económicos con que pueda contar una familia. Aun cuando los datos del último informe público se refieran a 2017 —en un contexto menos duro que el de la pospandemia—, las cifras de pobreza impresionan por ser subvaloradas. Tomar la pobreza multidimensional como diagnóstico para políticas, en las condiciones actuales, queda, por mucho, por debajo de la realidad.
En cuanto a la “vulnerabilidad”, aunque el término suaviza, técnicamente se considera parte de la familia de las mediciones de pobreza. Su ventaja radica en permitir ampliar el foco de observación considerando, al unísono, tres elementos: las carencias (económicas, sociales, alimentarias, de hábitat, entre otras) y su grado de severidad; las estrategias que se ponen en práctica para afrontarlas y su calidad; y los activos con que cuentan las personas y hogares (recursos económicos, laborales, conocimientos, relaciones), que pueden ser puestos en valor (activados) para mejorar su situación.
Conocer el estado de estos tres elementos, en articulación con las características de las personas (edad, ciclo de vida, salud física y mental, por ejemplo), permite identificar políticas y programas sociales mucho más ajustados a la realidad de las poblaciones a las que se dirigen, así como priorizar recursos según la severidad de las carencias. Contar con esa información a escala individual, de hogares y comunidades podría elevar el potencial de intervención y cambio local de las actuales políticas de inclusión social, como aquellas orientadas a superar brechas de equidad asociadas al género, la racialidad, la edad, las situaciones de discapacidad y los factores territoriales.
Sobre las escalas más severas de pobreza, según informaciones del MTSS y el MINSAP, desde 2014 hasta septiembre de 2023 se habían identificado en Cuba 3690 personas viviendo en las calles, con “conducta deambulante”, una cifra que triplica la reportada por el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2012, que contabilizó 1108 personas en esa condición.
La visible expansión de estos problemas generó una posición oficial, expresada en un titular del periódico Granma: “La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano”. El texto inicia reconociendo la mendicidad como un fenómeno social ligado a la desigualdad y la pobreza, y sostiene que las complejas condiciones económicas que vive Cuba colocan a algunos segmentos de la población en situaciones de “vulnerabilidad”.
Esa declaración inicial, que hace esperar empatía y un análisis de causas profundas y políticas inclusivas, se tuerce para poner el foco en cómo la mendicidad puede ser producto de la intervención de personas inescrupulosas que lucran con las carencias ajenas. Estas prácticas, indica el texto, violan las normas legales y constituyen delitos. Añade que la familia está obligada por ley a satisfacer las necesidades de sustento, habitación, salud, recreación, cuidado personal y afectivo, y que, cuando ello no sea posible, el Estado —a través del régimen de Asistencia Social— se encarga de su protección.
Así, la información disponible sobre estas problemáticas, al menos la accesible a la ciudadanía, suele estar desactualizada, subvalorar la magnitud de los problemas y de la población afectada, carecer de análisis profundos de las causas internas del fenómeno y, en ocasiones, criminalizar o revictimizar a las personas afectadas. El “secretismo” pone un manto sobre datos que manejan las instituciones, pero que no se transparentan.
Un caso ilustrativo de políticas basadas en cálculos que subvaloran los problemas es el del Ordenamiento Monetario. Este consideró una canasta básica de bienes y servicios valorada en 1528 CUP, estimó que el incremento de precios sería de 1,6 veces, mientras que los salarios estatales tendrían un incremento promedio de 4,9 veces y las pensiones, de 5 veces, con lo que “aquí paz y en el cielo gloria”. Ya sabemos lo que ocurrió.
Para contrastar, he intentado estimar, por mi cuenta y riesgo, la pobreza de ingresos y describir la estratificación económica que opera en el país. Estos estimados los construí utilizando un costo de la canasta básica alimentaria de 12 mil CUP —según cálculos independientes— y estadísticas oficiales sobre cantidad de personas que reciben pensiones y salarios mínimos y medios del sector estatal. Me basé además en estudios sobre remesas, ingresos del sector privado y cooperativo, e investigaciones cualitativas propias sobre estrategias de vida de sectores con distintos niveles de ingreso.
Sin pretensiones de representatividad estadística y en calidad de hipótesis a comprobar, con estos ingredientes construí un cuadro de estratificación por ingresos y de tipos sociales frecuentes en cada estrato. Los tipos no son exhaustivos ni necesariamente exclusivos de cada franja:
- Franja de capas medias (baja, media y alta). Ingresos altos y estables, entre 5 y 10 veces por encima de la canasta básica, o más. Tienen autonomía, en diversos grados, para satisfacer sus necesidades básicas con menor dependencia de las políticas públicas. Capacidad de ahorro, previsión de riesgos. Conformadas principalmente por propietarios, socios y empleados en mipymes, rentistas, personas que reciben remesas altas, autoempleados, cooperativistas urbanos y agropecuarios, campesinos independientes y usufructuarios de tierras, directivos, funcionarios y empleados de empresas mixtas o estatales vinculadas al sector externo, intelectuales, artistas, deportistas, especialistas con acceso al mercado internacional y trabajadores informales en actividades lucrativas. Estimado: 11-13 %.
- Sectores de ingresos medios bajos. Ingresos 2-3 veces por encima de la línea de necesidades básicas. Medianamente vulnerables. Dependencia moderada de la oferta pública de servicios. Integrados por trabajadores en sectores público y privado que generan divisas, personas que reciben remesas, trabajadores autónomos en producciones y servicios de bajo capital. Estimado: alrededor del 44 %.
- Grupos en situación de pobreza y alta vulnerabilidad. Ingresos en o por debajo de la línea de satisfacción de necesidades básicas. Alta dependencia del Estado. Muy baja autonomía para decidir satisfactores. Incluye a trabajadores que no superan el salario medio mensual, pensionados, informales en actividades ocasionales y de bajos ingresos. Situación agravada por la escasez de alimentos y medicamentos y por el deterioro de los servicios de salud e higiene. Estimado: 40-45 %.
- Población en situación de pobreza multidimensional o extrema. Al menos 50 mil personas, según el Informe Voluntario de Cuba sobre los ODS. Altísima vulnerabilidad. Nula autonomía para elegir satisfactores. Al límite de la supervivencia. Personas en situación de mendicidad, ancianos y personas con discapacidad que viven solas. Estimado mínimo: 0, 7 %.
Con toda intención, en cada grupo he escogido el estimado mínimo, a sabiendas de que las situaciones negativas pueden tener un peso mayor. Al no tener datos conclusivos preferí alejarme de una postura tremendista. De todas formas estas estimaciones moderadas muestran una situación alarmante
Un ingrediente relevante que atraviesa este cuadro son las brechas de equidad. Estudios de perfiles muestran una sobrerrepresentación en los grupos más desaventajados de personas mayores, mujeres, personas negras y mulatas, habitantes de zonas de la región oriental, migrantes internos y personas con discapacidad.
Esperemos que el censo de este año renueve la caracterización de las condiciones de vida de los diversos grupos sociales y que el MEP actualice la encuesta de hogares y la haga pública, permitiéndonos conocer los niveles reales de ingresos y pobreza.
Necesitamos saber, para activar nuestras demandas y solidaridades con conocimiento informado. El pacto social basado en la equidad hace agua.
Es creíble y visible lo que está pasando en la sociedad cubana de estos tiempos; solo con realizar una mirada en el entorno, nos percatamos la transformación ruidosa y despiadada de los terruños locales. No se trata de hacer una crítica irracional a lo que racionalmente se ve y se siente, es poco perdonable que por falta de una mirada crítica y profunda se pierda todo, o estemos en el comienzo del inicio de cambio sustantivo de una sociedad solidaria a una sociedad despiadada, por antecentes proteccionista, y ahora por falta de gestión, creatividad y confianza. Lo que por razones lógica de una sociedad de cambios en los años 50, producto a los abusos y crímenes de aquellos, hoy con otro matiz diferente se construye y se necesita una transformación, preciso impacto de una sociedad desinformada del mundo por otra que sí tiene gigadata, y constracta la pertinencia del cambio.