Carlos García Pleyán
La publicación en días recientes de un listado de “actividades donde no se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia” ha generado un febril intercambio de opiniones en las redes sociales que, desafortunadamente, no ha tenido casi ningún eco en la prensa estatal.1
Se trata de un paso largamente esperado en el marco de las transformaciones ya acordadas y que materializa la decisión de sustituir el insuficiente listado de las actividades permitidas por cuenta propia por otro, en principio más laxo, que precisa las no permitidas y abre el resto.
Parece oportuno precisar y resaltar dos detalles interesantes: de una parte, se trata de un documento que presenta las actividades que no pueden ejercerse en condiciones de trabajador por cuenta propia, pero que —al menos, por ahora— no limita explícitamente su ejercicio bajo otras formas de gestión como cooperativas o Pymes.
De otra parte, viene acompañado de una prudente aclaración: la de que “este listado pudiera ser modificado a partir del proceso de conciliación de las normas jurídicas, actualmente en proceso de elaboración”. Se está convirtiendo en una práctica habitual el divulgar las políticas aprobadas antes de promulgar las normas jurídicas, a modo de pulsar la opinión pública y posibilitar un cierto grado de participación en su elaboración. Me parece indispensable aprovechar esta oportunidad.
En el mencionado listado hay prohibiciones que, al no ser acompañadas de una fundamentación oportuna, son difíciles de entender y de aceptar. Algunas, son tan peregrinas e innecesarias que demuestran la urgencia de una revisión más ajustada. Otras son más polémicas, como las relacionadas con las actividades profesionales, científicas y técnicas (sección M) y, más específicamente, con las actividades de arquitectura e ingeniería (prohibición número 81), lo que contrasta poderosamente con la amplia permisividad de la sección referida genéricamente a la actividad constructiva, donde no se prohíbe, a priori, absolutamente nada.
Los arquitectos e ingenieros, en particular las jóvenes generaciones, se muestran con razón preocupados por la ilegalidad que supondría ejercer la arquitectura de forma independiente. Se trata de una actividad que se ha estado llevando a cabo en la práctica, tolerada y “disimulada” bajo licencias de ocupaciones afines como la de decorador, y que ha dado respuesta en estos últimos años a múltiples proyectos de obras particulares, viviendas, restaurantes, bares, negocios de alojamiento u otros, demandados por la creciente actividad económica no estatal, y que resaltan en su mayoría en el tejido urbano por la calidad de su diseño y factura.
No soy el más indicado para fundamentar la necesidad de encontrar una solución que legalice esa actividad pues ni soy joven, ni soy arquitecto. Pero sí soy ciudadano (y urbanista) y me interesa razonar la pertinencia de esa autorización, no desde el gremio —lo que es muy respetable —, sino desde la ciudad. En mi opinión es la ciudad la que está reclamando arquitectura. Las razones son múltiples, pero me concentraré en las que me parecen esenciales.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el mayor reto urbanístico que hoy enfrentamos es el de la rehabilitación de la ciudad consolidada. No estamos en un momento de grandes movimientos migratorios hacia las ciudades, ni de improvisados crecimientos urbanos periféricos como los del siglo pasado (sean barrios espontáneos o las llamadas “sopas de bloques”), con sus enormes gastos de suelo y sus costosas demandas de nueva infraestructura.
La población de las ciudades cubanas mayores de 50,000 habitantes se halla prácticamente estancada desde hace unos 25 años en unos 5 millones de habitantes. Sin embargo, el patrimonio arquitectónico y urbanístico se sigue deteriorando y los derrumbes, los vacíos urbanos y los edificios abandonados se siguen acumulando.
Ahora habrá que “hacer ciudad sobre la ciudad”. Ello abre una enorme oportunidad para la inserción de obra nueva en el tejido urbano existente, lo que aprovechará la urbanización existente pero exigirá de un amplio y cuidadoso esfuerzo de proyecto arquitectónico y urbanístico pensado para cada lugar en específico. Aquí los instrumentos tradicionales (bulldozer, movimiento de tierra, grúas, grandes paneles, proyectos típicos…) de las empresas estatales se convierten en elefantes en una cristalería.
Es imprescindible un trabajo cuidadoso, profesional, que tome en cuenta el entorno construido para insertar lo nuevo en lo viejo de forma armoniosa. No se puede olvidar que el Programa de la vivienda aprobado en 2018 prevé construir en diez años 228,000 viviendas nuevas por el estado y casi 300,000 por medios propios. Es natural que los jóvenes arquitectos e ingenieros (y los no tan jóvenes) vean en ello un mundo de posibilidades y de responsabilidades.
En segundo lugar, la ciudad no solo requiere nueva construcción sino un inmenso trabajo de rehabilitación, reconstrucción, conservación y adaptación de lo existente a las nuevas demandas que se van generando cada día. Se ha constatado que entre el 60 y el 80 por ciento de las viviendas construidas sufren modificaciones o reformas a lo largo de su vida útil, tales como ampliaciones, divisiones, resignificación de locales, etc.; casi siempre con un escaso o nulo asesoramiento técnico que facilite las soluciones adecuadas.
Los problemas son variados: deficiencias de iluminación, ventilación y asoleamiento, agudización de problemas funcionales, eliminación de áreas libres por falta de espacio habitable, deficiencias técnicas como filtraciones, problemas estructurales, conflictos con las viviendas colindantes, soluciones no acordes con el entorno urbano, violación de las regulaciones urbanísticas o de las ordenanzas de la construcción.
¿Acaso todo ello no requiere de una atención específica y personalizada, así como de sólidos conocimientos técnicos para ser solventado? El mencionado Programa gubernamental prevé también la rehabilitación de 186,000 viviendas por el estado y 216,000 por medios propios. No es poco…
Además, hay que recordar que la ciudad no solo es vivienda. Si la hasta ahora limitada autorización de actividades por cuenta propia y las contadas cooperativas han generado una considerable demanda de proyecto a los estudios de arquitectura existentes, podemos preguntarnos qué ocurrirá de ahora en adelante, cuando crezcan los emprendimientos privados, bajo la forma de Pymes o de cooperativas. Se trata de emprendimientos que requieren de proyectos específicos que no solo sean funcionales sino que transmitan una imagen atractiva, que subraye su identidad.
Es más, los propios gobiernos locales están asumiendo grados de autonomía que, a través de sus estrategias de desarrollo, generarán proyectos de desarrollo local. Es obvio que las soluciones institucionales actuales no pueden satisfacer esas demandas, ni de lejos.
En tercer lugar, se puede constatar la creciente diversificación de lo que los sociólogos llamamos “actores sociales”, es decir, emprendimientos de distinto tamaño y función, familias de distinta dimensión y composición, diferenciación de la capacidad económica, de los gustos, en una palabra, diversificación de la demanda ante una oferta extremadamente homogénea. ¿Cómo enfrentar con proyectos típicos la enorme diversidad de acciones constructivas que demanda el contexto urbano de una ciudad consolidada? Rehabilitación de edificios múltiples, reparación de casas individuales, reconversión de viviendas actuales (con divisiones y ampliaciones, tanto horizontales como verticales), inserción de vivienda nueva en lotes aislados, intervenciones en zonas de vivienda medianera, adaptación de locales de usos diversos como oficinas, comercios, almacenes a viviendas o viceversa.
Se trata de un escenario complejo que requerirá de una profusa actividad de proyecto arquitectónico y urbanístico que atienda y armonice los intereses públicos y los privados, que tome en cuenta las capacidades económicas y las demandas de las familias, las regulaciones urbanas y el medio circundante, tanto natural como construido y que proteja la ciudad como esencial patrimonio cultural de la nación. ¿Quién puede asegurar la funcionalidad, la estética, la economía, la seguridad y la legalidad de las acciones? ¿No se han preparado durante 5 largos años nuestros arquitectos e ingenieros con ese fin? ¿Para qué estamos graduando cada año más de 200 arquitectos y urbanistas?
No puede ser objeto de este artículo proponer soluciones que deberán ser estudiadas, analizadas y debatidas por las instituciones y los profesionales del ramo. Los desafíos no son pocos y demandan del esfuerzo de todos. Tan absurdo es excluir a los arquitectos independientes como lo sería prescindir de las empresas estatales. ¿Quién va a reparar un edificio con problemas estructurales si no es el Estado? ¿Quién debe financiar programas de vivienda social si no es el estado socialista?
Pero, al mismo tiempo, ¿cuál es el daño que pueden hacer los grupos, gabinetes o estudios de arquitectura de pequeña dimensión, o bajo la modalidad de cooperativa o de la forma de gestión que se considere conveniente? Habrá que proteger a las familias vulnerables con precios adecuados de proyecto pero igualmente habrá que permitir — e impulsar — las licitaciones y concursos de proyecto liquidando las áreas monopólicas hoy existentes.
Habrá que discutir sin duda modalidades de organización, de representación, precios, registros jurídicos, gremiales, obligaciones fiscales, derechos sindicales, etc.
Habrá que hacer todo lo que haga falta, pero hay dos cosas que no podemos permitirnos a estas alturas. Una, las prohibiciones sin explicación, sin un fundamento que permita a la población entenderlas, apropiarse de ellas, defenderlas como propias. Otra, frustrar las ilusiones, los proyectos de vida y la realización de nuestras jóvenes generaciones de profesionales, a costa de verlos alejarse en el horizonte, en busca de mejores oportunidades.
Nota:
1 El 15 de febrero de 2021, el periodista Lázaro Manuel Alonso trató el tema en la revista informativa Buenos Días.
Soy arquitecto con buena parte de mi vida dedicada al urbanismo y me solidarizo con lo planteado por Carlos.
Es inexplicable esa exclusión que condena a nuestras ciudades.
Es necesario que se explique por el que la propuso y se someta a un debate abierto.
Excelente reflexión de Carlos que merece toda la atención de las entidades estatales y no estatales, así como de la asociación profesional, la Unaicc. No es un tema nuevo y tenemos la expectativa de que Lázaro Manuel Alonso lo aborde el viernes con más entrevistas y argumentos. La calidad y la innovación en arquitectura y urbanismo demandan también de la apertura a formas de gestión no estatales. Por qué excluir a los arquitectos?
Buen artículo Carlos, me parece que el papel del arquitecto en nuestra sociedad debe ser considerado si queremos una mejor ciudad. La contribución del arquitecto es de extraordinaria importancia en el desarrollo de nuestro país.