Primero, no hacer daño

Existe un lema médico que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) haría bien en adoptar: “Primero, no hacer daño”. Parece renuente a entenderlo en el caso cubano. Desde la Administración Bush hasta la fecha, la agencia vinculada al Departamento de Estado ha gastado cientos de millones de dólares siguiendo una concepción destructiva de lo que titula “promoción de la democracia y la sociedad civil en Cuba”. Bajo esta rúbrica, subcontratistas y funcionarios de la agencia han instrumentado un modelo intervencionista que no tiene nada que ver con el empoderamiento de la sociedad civil cubana o la promoción de los derechos humanos: la ley Helms-Burton.

La ley promovida por el senador Helms, con las credenciales democráticas de un miembro de clubes “solo para blancos”, se desentiende de cualquier obligación de EE.UU. ante el derecho internacional. Obsesionados desde 1959 con sacar del poder a Fidel Castro, los autores de la ley encadenaron a ese objetivo la política estadounidense hacia toda la nación cubana. Como ha explicado el ex analista principal de la CIA para América Latina Fulton Amstrong, bajo el gobierno de Bush se transfirieron funciones desestabilizadoras contra el gobierno cubano, que antes caían bajo el mandato de las agencias de inteligencia, a la USAID. Se trató de innovar métodos para buscar los mismos objetivos del viejo anticomunismo antidemocrático de la guerra fría con especialistas en desarrollo internacional haciendo el trabajo que antes tocaba a agentes de inteligencia. Jesse Helms lo dijo al ser aprobada su ley, no hay negociación ni entendimiento posible con el gobierno en Cuba, se trata de sacar a Fidel Castro “de modo vertical u horizontal”. En esa lógica, los derechos humanos son apenas un pretexto.

Cuando alguien cree que nada hay que agregar a la saga de corruptelas en Miami, desvío de fondos, malgasto del dinero del contribuyente, y desinformación que ha caracterizado los programas de “promoción de democracia” para Cuba, la USAID siempre sorprende. Lo nuevo ahora es la utilización de jóvenes de terceros países en aparentes programas de salud. La idea era utilizar unas lecciones a los cubanos sobre cómo usar condones para identificar potenciales líderes opositores. Todo con dinero público. El prestigioso senador norteamericano Patrick Leahy (D-VT) lo ha catalogado como “más que irresponsable”. Uno se pregunta si alguien en su sano juicio pondría su propio dinero en una idea tan impetuosa.

Desde la captura de Alan Gross, un subcontratista de la USAID arrestado en Cuba por otro de los programas mal diseñados de la agencia, la palabrería barata sobre la sociedad civil cubana es cada vez más acompañada por la imprudencia. De Gross al zunzuneo, otro invento de crear un “twitter cubano” para una supuesta rebelión estilo primavera árabe, y de allí a estos inventos, la lógica es derribar al gobierno vigente sin tener idea de qué proponer como alternativa, saboteando cualquier proyecto de democracia incremental, y apertura económica con gradualidad. Todo ocurrió con la administración Obama, la misma que intoxicada con el humo “democrático” liberó de las cárceles de Gadafi al terrorista que luego atacó el consulado norteamericano en Bengazzi.

Uno se pregunta si algún experto serio, con los intereses nacionales de EE.UU. a largo plazo, tiene cabida en el programa Cuba de la USAID. Al propio Gross la USAID le recomendó informarse sobre Cuba utilizando como primera fuente al sitio web Babalu, un blog rabioso de Miami, descrito por la disidente Yoani Sánchez como “el abuelo de los blogs cubanos”. Se trata de un “abuelo” atolondrado. En varios de sus artículos acusan al presidente Obama de ser un tirano en la tradición “de Stalin, Hitler y Mao Zedong”. Curioso es que el propio gobierno de EE.UU. recomendase tal material como primera fuente confiable sobre Cuba. ¡Menuda tropa!

Después de desinformar a Gross con Babalu, el gobierno norteamericano lo envió a la misión encubierta de crear redes de Internet, fuera del monitoreo del gobierno cubano. Las bases para instalar esa red serían las comunidades judías de Cuba pero el gobierno estadounidense jamás pidió a sus líderes su consentimiento informado para tales planes, considerados ilegales en Cuba y en muchos países como parte de la protección contra un ataque cibernético. Gross, que no sabía hablar español cuando fue escogido para esa misión encubierta, lleva cinco años en una prisión cubana.

En sus memorias, la Secretaria Clinton aventura la hipótesis de que Gross es el obstáculo que la línea dura del gobierno cubano usa para bloquear una mejoría de relaciones entre Cuba y EE.UU. Si esa fuese la realidad, es sorprendente como EE.UU. ha caído en el juego que Clinton denuncia. Ruth Marcus del Washington Post, en presencia de la liberación de cinco terroristas talibanes en intercambio explicito por el soldado norteamericano Bowe Bergdhald, se pregunta por qué no se ha aplicado una solución similar para Gross. En el caso de los talibanes existe la posibilidad clara de que los mismos inspiren o incluso participen en hostilidades contra EE.UU. En una solución razonable para el caso Gross, EE.UU. haría un gesto paralelo humanitario con los tres cubanos aun en prisión del caso de los cinco, sin correr riesgo alguno para la seguridad estadounidense.

Dos constantes del programa Cuba de la USAID son el irrespeto por la sociedad civil cubana y el daño causado a la credibilidad de proyectos loables de la agencia en otras naciones. Si en otras partes del mundo, los programas de la USAID requieren el consentimiento informado de los actores locales, en Cuba estas actividades encubiertas ignoran las fuertes opiniones de las comunidades religiosas, cívicas, juveniles y profesionales contra la ley Helms. Se proclama promover la sociedad civil pero se empieza irrespetándola. Washington a la manera más infantil no quiere tomar “no” por respuesta, cuando los actores no gubernamentales cubanos le dicen que quiten la ley Helms-“y después hablamos”.

En su subordinación al senador Menéndez, que de todas formas le bloquea sus embajadores, la administración Obama ha olvidado valorar muchos daños intangibles a la credibilidad de su política exterior. ¿Alguien ha pensado en el desprestigio que heredará una política post-embargo hacia Cuba en materia de promoción democrática, colaboración de salud y asistencia al desarrollo? ¿Alguien valoró el impacto negativo del uso de supuestos seminarios sobre el VIH para la credibilidad de la USAID y sus funcionarios en otros países donde han ganado prestigio y respeto con verdaderos programas de salud? En Bolivia varios periódicos pro-gobierno han usado el caso para reafirmar el carácter injerencista de la USAID y defender la postura de Evo Morales de expulsar la agencia estadounidense.

La política norteamericana de cambio de régimen hacia Cuba encierra una terrible paradoja. Mientras la Administración Obama ejerce más su embargo unilateral, más se deteriora la influencia y respeto por los EE.UU. Mientras más la USAID usa el lenguaje de la democracia, el desarrollo internacional y los derechos humanos para violar la soberanía de Cuba y de otros países, irrespetando a la sociedad civil cubana, sus acciones socavan más la credibilidad de esos valores.

La administración Obama está desacreditando uno de los mayores activos norteamericanos de política exterior: el compromiso con el estado de derecho. Ante cada revelación los portavoces del departamento de Estado tuercen la verdad como un pretzel para presentar los programas clandestinos de USAID en Cuba como públicos y respetuosos de las leyes de otros países y de las suyas propias. En todo el mundo, las personas ven escasa o ninguna conexión entre sus aspiraciones democráticas y la retórica y las acciones que emanan de Washington para Cuba.

“Al final de mi mandato- escribe Hillary Clinton- le recomendé al presidente Obama revisar la política de embargo. No alcanza sus objetivos y paraliza nuestra agenda general hacia América Latina”. A menos de un año de la anunciada cumbre de las Américas de Panamá, el presidente Obama debería escucharla. Tiene un montón de prerrogativas ejecutivas para evitar hacer más daño.