Mientras el Parlamento cubano se reúne en su período de sesiones de fin de año, tres importantes normativas han entrado en vigor en la semana del 9 al 15 de diciembre. Estas son el Decreto-Ley 300, modificativo de su homólogo el 259, para lo referido a la entrega de tierras ociosas en usufructo, y otros dos aun más trascendentes relacionados con la gradual creación experimental y el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, que llevan los números 305 y 306.
Aunque sobre la esencia de estas regulaciones OnCuba ahondará en los próximos días, ante todo se hace necesario ubicar sendas medidas, entre otras que han tenido gran impacto para la actualización del modelo, en el momento presente de un país que, por un lado, intenta romper esquemas para un desarrollo sin precedentes del sector económico no estatal, y que por otro sigue arrastrando los pesados grilletes de relaciones empresariales inoperantes.
Varios son los puntos de contacto que empatan los dos extremos de esta madeja, pero uno de los más críticos se ubica en las imprescindibles relaciones de aprovisionamiento que necesariamente deben establecerse entre no estatales y estatales; los primeros, en gran medida dependientes de lo que los segundos puedan producir en frontera, o asegurarles mediante la importación.
De las dos normativas jurídicas mencionadas, esto último se aplica más para al caso de las más de 200 cooperativas no agropecuarias que en breve empezarán a surgir, y las cuales, como han referido los medios nacionales, abarcarán actividades como las de transporte, gastronomía, pesca, servicios personales y domésticos, producción de materiales de la construcción, entre otras.
Si desde los propios inicios de la ampliación del trabajo “por cuenta propia” el tema del mercado mayorista de abasto fue una preocupación recurrente, que aún hoy no se ha resuelto, ¿cuánto no aumentará ahora entre los noveles cooperativistas y trabajadores del sector no estatal en general la incertidumbre sobre cómo acceder a sus insumos?.
Y es que lamentablemente el quedarnos por debajo de los planes productivos en ramas que de una u otra forma deben espolear el propio crecimiento de estas formas no estatales de gestión, es una etiqueta que no conseguimos desprendernos, un punto imborrable en las agendas de reuniones ministeriales y parlamentarias, pendiente de conclusión.
Claro que no todo incumplimiento en la generación planificada de productos y servicios es imputable a las deficiencias internas de la empresa estatal socialista. Las limitaciones financieras para que aparezcan en tiempo y forma insumos esenciales, unido a su encarecimiento, y el ensañamiento de la naturaleza –que se desquitó con el paso del huracán Sandy por el Oriente del país de un trienio de relativa calma catastrofista-, son innegables.
Pero los hechos son los que son, y resulta que en su primer día de trabajo, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizó que al cierre del 2012 el crecimiento del Producto Interno Bruto del país será de 3.1 %, inferior al planificado en 0.3 puntos porcentuales. Cierto es que se trata, en definitiva, de números positivos, que la diferencia con respecto a lo previsto no es tan grande y que, como opinaron los propios diputados, al final resulta un indicador favorable en mediode la crisis financiera internacional.
Lo preocupante realmente es que vuelvan a aparecer como causas “factores de tipo subjetivo, como deficiente planificación y contratación”, según reseñó la prensa nacional. Y es que los problemas tecnológicos –otra de las debilidades apuntadas-, tienen una forma objetiva de resolverse; se sabe que para ello hace falta dinero aunque aún no estén precisadas las fuentes para su obtención. ¿Pero cómo lograr que para el año 2013 o el siguiente, decisivos en el proceso de actualización económica del país, desaparezcan de nuestra retórica justificativa estos “elementos subjetivos”?.
Todas las buenas intenciones que están girando alrededor de los usufructuarios de la tierra y los cooperativistas de cualquier actividad, como denotan los referidos decretos-leyes, ¿no estarían también en el borde de la diana de estos factores subjetivos, en tanto los nuevos agentes económicos precisarán hacer contratos con las entidades estatales y formar parte de sus planes –de comercialización, de importación, etc?.
Una vez más se hace evidente que para actualizar la economía cubana no es suficiente haber aprobado los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido e instrumentalizarlos en normas jurídicas; se hace imprescindible que aprendamos a hacer o deshacer lo inusitado (léase, lo acostumbrado para las relaciones empresariales); que en muchos casos redescubramos “el agua tibia” pero sin obviar que la nuestra es la exclusiva del Mar Caribe; que logremos pensar diferente, sin olvidar lo diferentes que somos.
