El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este viernes una controversial ley que prohíbe que las municipalidades del estado se declaren “ciudades santuario” de inmigrantes indocumentados.
Esto implica que las autoridades locales pueden cooperar con las agencias federales de inmigración en la identificación y detención de personas indocumentadas, una política que ha levantado una ola de críticas en muchos estados.
DeSantis siempre fue un defensor de la política de crear ciudades santuarios ya que, estimó durante la pasada campaña electoral, “ocultar un indocumentado es contra la ley y es nuestra obligación cumplir la ley”. En Florida nunca una ciudad se ha declarado “santuario” por lo cual la postura del gobernador siempre ha sido vista con un matiz electoral dirigida a calmar a los defensores de línea dura contra la inmigración indocumentada. Y, además, complacer al presidente Donald Trump que le dio todo el apoyo a su elección.
Florida nunca ha sido un estado con problemas de inmigración. Aunque no hay cifras fidedignas sobre el número de indocumentados en el estado, las redadas de inmigración son raras y no masivas.
A partir de ahora, los funcionarios estatales no tendrán una responsabilidad a nivel federal, la nueva ley les otorga autoridad suficiente para arrestar a los indocumentados, incluyendo menores de edad. Les dicen los detainers, una denominación hasta ahora inédita en Florida.
Desde que a inicios del año se comenzó a hablar del tema, el jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, se opuso firmemente a colaborar en toda iniciativa de este calibre. “La verdad es que prefiero no tener este trabajo a tener que pedir a mis colegas oficiales que averigüen primero de dónde alguien ha venido antes de ayudarlo”, afirmó a una emisora radial de Miami en marzo pasado.
“A mí no me interesa si alguien tiene o no papeles, de donde llegó o quiénes son sus padres. Ése no es mi trabajo. Mi trabajo es garantizar que esta es una ciudad segura”, enfatizó Colina.
La ley también obliga a las autoridades de las cárceles a informar a inmigración sobre la identidad de los indocumentados bajo su custodia.
Sin embargo, la nueva ley pudiera enfrentar un escollo legal ya que los activistas pro inmigrante han manifestado intenciones de concurrir a los tribunales para frenarla. Uno de esos activistas es Andrea Mercado, la directora ejecutiva de Nueva Mayoría de Florida, quien según medios locales ha dado su apoyo a toda demanda para frenar la ley promulgada por DeSantis.
En el ínterin, la idea es “proteger nuestras familias y comunidades inmigrantes que están siendo atacadas y aterrorizadas injustamente por un estado que debe tanto a las contribuciones económicas y culturales de los inmigrantes”, afirmó.
La Unión de libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que tradicionalmente se opone a la persecución extra legal de los indocumentados, estima que la nueva ley “levanta una serie de problemas constitucionales y pisotea los derechos civiles de todos los inmigrantes, actuales y futuros”.
