Rui Ferreira
Las navieras que han sido demandadas en Miami por utilizar instalaciones portuarias cubanas nacionalizadas después de 1959, han trasladado una petición al 11no. circuito de apelaciones en Atlanta, Georgia, en el sentido de que se considere un argumento contra la decisión de una jueza de Miami.
La apelación se relaciona con el hecho de que la jueza Beth Bloom decidió dar marcha atrás a un dictamen que tomó antes, según el cual la causa no debía prosperar porque los reclamantes –las navieras Carnival, Royal Caribe, Norwegian y MSC Cruises, demandadas por Havana Docks Corporation–, argumentaron que las instalaciones portuarias habaneras, el muelle hoy conocido como “Sierra Maestra”, fueron nacionalizadas antes de su aplicación como el “Puerto de los Cruceros”.
El argumento de las navieras sostuvo que cuando lo comenzaron a utilizar en 2016, la concesión –que data de inicios del siglo XX–, había caducado en 2004.
El criterio fue aceptado al inicio por el primer juez a cargo del asunto, James Lawrence King. Pero posteriormente, cuando el caso pasó a la jueza Bloom, esta cambió de opinión y le dio la razón a su antecesor. Ahora las cuatro navieras han apelado al 11no. circuito de apelaciones para que establezca que la decisión no tiene razón porque en la realidad de los hechos, la caducidad de la concesión a la empresa Havana Docks terminó antes de que las navieras usaran esas instalaciones.
Los demandantes “quieren saber qué hubiera pasado si no hubiera la intervención, si la concesión hubiera sido renovada”, explica a OnCuba el presidente del Consejo Cubano-Americano de Comercio, John Kavulich.
“El juez King, básicamente, dijo que [el demandante] tenía razón. Pero iba a permitir que todas las partes dijeran lo suyo. Después, cuando se encargó del caso, la jueza dijo al inicio que no, pero tras escuchar otros argumentos cambió de postura. Esto, por carambola, le dio la razón a los demandantes. La decisión del juez King tenía su lógica porque dejó abierta la posibilidad de que todo el mundo desarrollara sus argumentos abiertamente”, explica Kavulich.
Dos fuentes anónimas comentaron a OnCuba que ambos jueces concluyeron que como han pasado 22 años después que la Ley Helms-Burton comenzó a aplicarse, estos no son los mismos tiempos de aquel entonces (1996).
Aquí –dijo una de las dos fuentes– se debe tener en cuenta el cambio de postura de la jueza Bloom. Esta ejerce en un ambiente profundamente permeado por la influencia cubano-americana, que aboga por la aplicación a rajatabla de la Helms-Burton. Después de todo, para nadie en Miami es un secreto que el ambiente político tiene influencia sobre las decisiones judiciales. No sorprendió a nadie que Bloom haya revertido lo irreversible.
El miércoles ningún portavoz del 11no. circuito de apelaciones confirmó la fecha de la audiencia de apelación.
Visa y MasterCard en el colimador
Por otro lado, el miércoles de la semana pasada una familia cubano-americana entabló en otro tribunal de Miami una demanda contra las empresas financieras Master Card y Visa por tramitar operaciones financieras en entidades turísticas cubanas que operan bajo administración española.
“Esta es una forma nueva de lidiar con las inversiones extranjeras en Cuba; todavía es temprano para ver en qué va a dar”, explica Kavulich. La demanda, entablada en el marco de la activación de la Ley Helms Burton, hace ahora un año, ha sido interpuesta por la familia de Robert Glen, residente en Texas. Argumenta que las empresas Visa Internacional y MasterCard Internacional procesan a través de sus redes el cobro de las operaciones de hoteles bajo administración española, como Iberostar Tainos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero.
Pero –aduce Kavulich– lo cierto es que la matriz de Visa y MasterCard es norteamericana y existe una transacción comercial. “Vamos a ver cómo los jueces reaccionan a esto”, dijo. Si “un juez ordena la paralización de estas transacciones, el impacto en Cuba va a ser enorme. Pero es temprano para especular”, agregó.
