¿Editar o censurar? (II)

Mucho se sabe de los censurados, a veces muchísimo.

Me pregunto si algunos habrían alcanzado tal notoriedad de no haber sido marcados por la censura. Y también me pregunto si no serían precisamente los censores los responsables por consagrar obras mediocres, que de no tener la atención debida habrían pasado inadvertidas, sin pena ni gloria. Lejos de justificar la censura, esta paradoja revela uno de sus lados más flacos.

Dado que se le identifica con el Poder —o sea, con el Estado— la censura se suele pintar como inexpugnable. Sin embargo, la mayoría de las veces quien la ejerce es apenas un administrador, cuyo poder con minúscula no es ni tan omnímodo ni, a la larga, tan poder.

¿Editar o censurar? (I)

Una obra censurada, o que se cree ha sido mal vista, tiene muchas más probabilidades de suscitar la atención instantánea del público. Así que algunos autores aprenden pronto a colocarle ciertos ingredientes, a sabiendas de que difícilmente pasen el filtro, con el único fin de que la censuren. Incluso escritores y escritoras de “segunda o tercera fila” aprovechan cualquier oportunidad para dejar constancia biográfica de que “su obra ha sufrido censura en la Isla”. A pesar de que cualquier editorial o publicación en el mundo rechaza diariamente un sinnúmero de obras, por diversas razones, las cubanas son sospechosas de hacerlo por motivos políticos.

Desde luego, realmente es así a veces. Me ha pasado que el director de una editorial decidiera que un artículo mío sobre relaciones Cuba-EEUU no podía aparecer en un libro que recopilaba ensayos ya publicados, a no ser que le hiciera no sé cuántos cambios en cada párrafo. Suponiendo que yo aceptara esos cambios —le expliqué— no podía hacer eso con un texto ya publicado. Me dijo que lo tomara o lo dejara.

Claro que no en todas partes los editores son tan sinceros. A raíz de las protestas del 11 de julio, envié un op-ed (texto de opinión) sobre la situación política en Cuba a seis publicaciones periódicas de España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Las que me respondieron coincidían en que era “muy interesante su enfoque”, pero “por esta vez no lo vamos a publicar”. Una vieja amiga estadounidense me dijo con sorna que mi artículo “no era suficientemente Yoani”. Opté por decir lo mismo en un estilo más académico, y mandar el texto a una revista latinoamericana de estudios políticos, que lo aceptó finalmente.

Algún lector me dirá que este ejemplo no califica como censura, sino como libertad de empresa y de prensa. “No te lo publican unos, pero siempre habrá una competencia que lo acepte”. Sin embargo, se trata de algo más sutil. Fernando Martínez Heredia me comentó una vez que, en aquellos lejanos años 60, muchas editoriales latinoamericanas publicaban libros de autores marxistas; mientras que las revistas marxistas eran censuradas. Cuando un enfoque de izquierda se ve forzado a aparecer solo en medios de izquierda es porque algo anda mal con “all news that fit to print” que los medios establecidos dicen respetar.

Algo parecido a esta contradicción ocurre en Cuba con las obras artísticas y literarias, de un lado, y las de Ciencias Sociales, del otro. Desde fines de los 80, y más aún con el Período Especial, las novelas, las películas y las obras plásticas empezaron a meterse con los más espinosos problemas y también con instituciones oficiales de una manera poco común en las publicaciones de Sociología, Economía, Politología. Temas como la discriminación racial, la homofobia, la desigualdad, la pobreza, el dogmatismo marxista-leninista, la prostitución, las drogas, la corrupción, eran tabús. La mayoría de las investigaciones que suscitaban temas como mercado, iniciativa privada, descentralización, participación política, juventud, etc., permanecían inéditas desde los años 80. Los autores residentes en la Isla que hace apenas 25 años criticaban directamente la política económica, podían contarse con los dedos de una mano.

En cambio, todo el cine cubano de los años 90, y las narraciones de Miguel Mejides, Francisco López Sacha, Marilyn Bobes, Mirta Yáñez, Arturo Arango, Ana Lydia Vega, desde la segunda mitad de los 80, ya abordaban ángulos muy controvertidos y sensibles de la vida nacional. El crítico Jorge Fornet llamó esos textos de escritura del desencanto. Aunque los que irrumpieron en el campo literario en la circunstancia del Período Especial de los 90 y más acá no tuvieron ya de qué desencantarse, profundizaron la crudeza y el desgarramiento presentes en sus antecesores. 

A pesar de ese panorama, algunos críticos literarios definen las novelas de Leonardo Padura, por ejemplo, como “la obra de un subversivo”, y califican su publicación en la Isla como “una válvula de descompresión y legitimidad ante influyentes circuitos de la progresía global”. Esas críticas parecen ignorar que la saga de Mario Conde, antes de alcanzar fama universal, fue dada a conocer por la editorial Unión, que editó toda su tetralogía original, por separado y en conjunto, así como lo haría luego con el resto de sus obras. Sus tiradas, siempre por debajo de la demanda, han sido las alcanzables en las editoriales literarias cubanas, por el subsidio que las hace posibles, y también por el compromiso con sus editores extranjeros.

Más que pura ignorancia, esa visión que hace de Mario Conde un personaje “subversivo” responde a una vara de medir según la cual a un escritor o artista cubano de mérito le toca estar “prohibido”. Por más que resulte absurdo, ese aplanamiento de la cultura y el pensamiento cubanos tiene todavía seguidores en la tercera década del siglo XXI.

Toda esta neblina del presente también hace que sepamos menos, muchísimo menos, de la censura y los censores. Como es típico de los que, adentro y afuera, miran a Cuba desde el ombligo insular, el problema carece de contexto.    

¿Cuál es la diferencia, digamos, entre prohibir la publicación de Mein Kampf (Mi lucha) y de Ananga Ranga, y el ejercicio de la censura? ¿Qué clase de argumentos impide que una obra fundamental del pensamiento ultraconservador europeo esté constitucionalmente prohibida en ciertos países? ¿Que un clásico del erotismo indio sea considerada pornografía en otros? ¿No son actos de censura por razones ideológicas, morales, religiosas?

¿Resulta acaso censura identificar como delito el acto de cuestionar la conducta cívica o la ética del rey (o la reina) en algunas monarquías constitucionales? ¿Esa norma estricta las convierte automáticamente en autocracias que ejercen la censura? Cuando se criminaliza el simple acto privado de hablar mal del presidente desde la sala de la casa, ¿estamos ante un régimen totalitario? ¿Aunque esa censura tenga lugar en un sistema muy neoliberal y de libre mercado, donde el hipercapitalismo impera?

Daniel Chavarría me contaba que sus editores extranjeros lo encaminaron a resumir los argumentos de sus largas novelas, y a convertirlos en historias muy concisas, con ingredientes seductores propios de la “Cuba actual”. Estos coincidían con los de algunas productoras que financiaban el cine cubano del Período Especial: “mala vida”, es decir, ambientes marginales, prostitución, mercado negro; sexo, preferiblemente “interracial”, aspirantes a irse del país — particularmente en balsas—, chistes políticos, mejor si eran “velados” o “dichos en voz baja”.

Sin embargo, limitarse a discutir sobre el papel y condición de nuestros censores argumentando que en todas partes cuecen habas, se queda a la mitad del camino. ¿Quiénes son esos censores y por qué censuran? 

Según ya anoté, lo más fácil es representarlos como seres tenebrosos, salidos de un thriller de la Guerra Fría; uniformados mental y físicamente; atrincherados en despachos con bustos de Lenin o el caballo de Chollima; controlando desde las alturas “las políticas editoriales, el acceso a Internet, los currículos docentes y las programaciones cinematográficas”, según “ciertos principios revolucionarios caprichosamente administrados por el aparato ideológico del partido único”. Esta caricatura es el espejo invertido con el que un censor dogmático y recalcitrante reflejaría a un artista o un intelectual: “problemático”, “que se deja mimar de manera consciente o inconsciente por intereses foráneos”, “influenciado por ideas del enemigo”, por “sus matrices de opinión” y que “reproduce su capital simbólico”, porque encarna a las “partes blandas” de nuestra sociedad.

Claro que he conocido censores como esos. Pero también a muchos que reflejan la diversidad de la especie, que no es ni única ni indivisible. En la mayoría de los casos, se trata de personas designadas para cumplir una función que han intentado desempeñar con dedicación, integridad, e, incluso, capacidad de diálogo. ¿Cómo se diseña y qué papel cumple esa función? ¿Para qué fue creada? ¿En qué momento? ¿Sigue siendo en todos los casos vigente y necesaria?

Recuerdo a una bibliotecaria a cargo de una sección de libros y materiales denominada “la reserva amarilla”, en la Biblioteca Nacional “José Martí” (BNJM) de los años 80. Era la viva imagen de eficiencia, amabilidad y cuidado con que se puede representar a una bibliotecaria. Estaba al tanto de todo, dominaba a la perfección autores y materias a su cargo. A “la reserva amarilla” iban a parar todos los autores y obras sobre Cuba que llegaban del mundo exterior. La mayoría venía de Estados Unidos, en un flujo incesante, pues el intercambio entre la BNJM y la Biblioteca del Congreso estadounidense, a cargo de María Lastayo, nunca se interrumpió, ni siquiera por la “Crisis de Octubre” de 1962. Para acceder a “la reserva amarilla” había que solicitar un permiso especial, que se concedía a profesores e investigadores, y a otras categorías profesionales que requerían el acceso por su trabajo.

Un día, aquella dulce y solícita bibliotecaria, cuyo nombre he olvidado, me llamó para plantearme un problema: “Doctor, me ha llegado un libro, una colección de trabajos de cubanólogos. He visto que entre ellos hay un trabajo suyo. No sé si ponerlo en la reserva, o en la sala de lectura para todo el mundo. Dígame usted, ¿qué piensa?”.

Recuerdo que en el índice del libro había algunos autores que yo conocía personalmente, incluso que visitaban Cuba, o se oponían al bloqueo estadounidense, y debatían con las visiones más ideologizadas acerca de la Revolución cubana. Pero todos caían en la categoría de “cubanólogos”. “Por supuesto que sí”, le dije a la bibliotecaria.

Hace tiempo que no existe “la reserva amarilla”. La tarea asignada a aquella bibliotecaria ejemplar se fue revelando como una misión imposible. O sea, inútil y contraproducente.  

No importa si la censura es ejercida con satisfacción, desde el absolutismo ideológico, moral, o religioso de quienes se sienten custodios de la verdad; o por personas capaces de hacerse preguntas acerca del sentido y eficacia de lo que están haciendo, como la estimada bilbiotecaria del ejemplo anterior. En ambos casos, lo que importa es el significado otorgado a esa función.

La pregunta no es si tiene sentido defender una ideología, una fe, un conjunto de principios cívicos o morales, sino cómo. No es una pregunta sobre creencias o prejuicios, sino sobre un problema político: ¿cuáles son los modos y medios más eficaces para lidiar con las obras de arte y del conocimiento que abordan temas complejos y políticamente sensibles?

Como ocurre siempre con los problemas de la cultura y de la ciencia, las respuestas están en la misma “caja de Pandora” de donde salen volando algunas criaturas malignas. En vez de pretender cerrarla, o de cazar esos bichos uno a uno, hay que llegar al fondo, donde, como ya sabían los griegos antiguos, está la esperanza de poder lograrlo, sin tener que pagar un altísimo costo.