Alfredo Prieto
En nuestros días, uno de los efectos de la guerra cultural republicana consiste en el intento de suprimir lo que se conoce como la cultura woke. El término, utilizado primero en la lucha por los derechos civiles de los 60, y que traduciré como “despierto”, designa el hecho de haber incorporado/concientizado la idea de que en la sociedad existen injusticias sistémicas y, de forma concomitante, la necesidad de reconocerlas, abordarlas y lidiar con ellas. Es una suerte de “I have a dream” de nuestros tiempos. El diccionario Webster la define como “estar informado, educado y consciente de la injusticia social y la desigualdad racial”.
La palabra tuvo una segunda eclosión durante el movimiento Black Lives Matter, con los asesinatos por parte de la policía de los afroamericanos Michael Brown, primero, y Eric Gerner, Tamir Rice y George Floyd, después. Comentan dos analistas:
Woke, que tiene una larga historia en la cultura negra, fue impulsado al mainstream en 2014 por activistas que protestaban después de que Michael Brown, un adolescente negro, fuera asesinado a tiros por la policía en Ferguson, Missouri. “Mantenerse despierto“ fue una advertencia para estar atentos, ya que las protestas de Black Lives Matter se encontraron con una considerable fuerza policial. Evolucionó para encapsular un mantra de justicia social más amplio: estar “despierto“ se define como ser consciente de las injusticias raciales y sociales.
Y más adelante:
Entre los conservadores, woke se ha adoptado como término de burla para quienes tienen puntos de vista progresistas acerca de la justicia social. En particular, la connotación de derecha de la palabra implica que una persona o entidad “despierta“ está siendo performativa o falsa. El punto está directamente relacionado con el lenguaje como “corrección política“ y con la cultura de la “cancelación“, que también está a la vanguardia de los mensajes conservadores.
Lo anterior tiene un número de correlatos. Uno de los más importantes es el intento de gobernadores y portavoces republicanos —entre estos, caracteres como Ron DeSantis, Donald Trump, Kari Lake, Marco Rubio y Mehmet Oz— de borrar mediante leyes los contenidos relacionados con el racismo en la educación pública, y sobre todo de la historia afroamericana.
De acuerdo con un informe de Education Week, desde enero de 2021, cuarenta y cuatro estados de la Unión presentaron proyectos de ley o tomaron medidas para restringir la enseñanza de la teoría crítica de la raza o limitar la manera en que los maestros pueden hablar sobre el racismo y el sexismo en sus clases.
La tendencia continuó en 2022, cuando legisladores estatales —republicanos, por supuesto— siguieron ampliando la nueva cruzada al aprobarse legislación al respecto en Georgia, Florida y Mississippi. El 22 de abril de 2022, por ejemplo, el gobernador DeSantis firmó la ley conocida con el nombre de Stop Wrongs Against Our Kids and Employees (“Stop W.O.K.E. Act“), un acrónimo pomposo y paternalista que significa “Poner Fin a lo [que es] Erróneo para Nuestros Niños y Empleados“.
De no producirse ciertas concurrencias y reacciones que se detallarán más adelante, la legislación habría llevado a la práctica los sueños más húmedos del gobernador y sus catetos. Las acciones anti-woke funcionaban y aún funcionan en esas mentalidades como una obsesión, al punto de demonizar/equiparar la palabra misma con el marxismo, como lo hace el propio De Santis para no quedarse detrás del sempiterno circo ideológico nacional.
“Lo que vemos ahora con el surgimiento de esta ideología del woke es un intento de deslegitimar nuestra historia y deslegitimar nuestras instituciones; el woke es una forma de marxismo cultural. Realmente quieren desgarrar el tejido de nuestra sociedad“, dijo en un discurso de diciembre de 2021. La noche en que resultó reelecto fue más enfático todavía: “Rechazamos la ideología del woke. Nunca nos rendiremos a su agenda. La gente ha venido aquí debido a nuestras políticas“.
Su ley tiene implicaciones varias. La primera y más importante consiste en prohibir que los estudiantes de las escuelas públicas se inscriban en un curso avanzado de estudios afroamericanos bajo el alegato de que este “carece de valor educativo“. Se trata de borrar cualquier contenido relacionado con el racismo, punto central de las guerras culturales en temas como los derechos LGBTQ y de las minorías, entre otros.
Las reacciones no se hicieron esperar. De acuerdo con el senador floridano Bobby Powell Jr., “esta prohibición no solo es discriminatoria, sino que va en contra de la antigua ley de Florida… Hace casi treinta años, los legisladores de Florida aprobaron una ley que exige que a los estudiantes de las escuelas públicas se les enseñe la historia de los afroamericanos, incluida la esclavitud, la abolición y las contribuciones de los negros a la sociedad. Prohibir este curso avanzado que incorpora estos mismos temas no solo blanquea la historia, sino pisotea una elogiada ley estatal que guió a nuestro estado hacia el siglo XXI. Y pone a la vista el prejuicio racial de nuestro gobernador“.
Y añadió: “En su campaña para aplastar la libertad básica de pensamiento y expresión en Florida, el gobernador ha torcido un curso diseñado para enriquecer nuestra comprensión de la historia estadounidense y celebrar los logros pioneros de los afroamericanos en una herramienta para la propaganda y las ambiciones políticas“.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, el Fondo de Defensa Legal (LDF) y el abogado Ballard Spahr pusieron una demanda legal: sostenían que Stop W.O.K.E. violaba la Primera y Decimocuarta enmiendas a la Constitución al imponer restricciones basadas en puntos de vista a los profesores y estudiantes. También argumentaron que iba en contra de la Cláusula de Igualdad de Protección porque fue promulgada con un propósito racialmente discriminatorio. Y porque tendría un impacto desigual en educadores y estudiantes negros.
En noviembre pasado sobrevino el fallo de un juez federal. En una importante victoria para los educadores, el magistrado Mark Walker dictaminó que Stop W.O.K.E., en efecto, violaba las Primera y Decimocuarta enmiendas e impidió su aplicación en instituciones públicas de la educación superior floridana. Y concluyó con un juicio más bien herético:
La ley prohíbe oficialmente que los profesores expresen puntos de vista desfavorables en las aulas universitarias mientras permite la expresión sin restricciones de los puntos de vista opuestos. Los demandados argumentan que, en virtud de esta ley, los profesores disfrutan de ‘libertad académica’ siempre y cuando expresen solo aquellos puntos de vista que el Estado aprueba. Esto es distópico. No hace falta decir que ‘si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar’.
“Esta es una gran victoria para cualquiera que valore la libertad académica y reconozca el valor de la educación inclusiva”, dijo Emerson Sykes, abogado de la ACLU. “La Primera Enmienda protege ampliamente nuestro derecho a compartir información e ideas, y esto incluye el derecho de los educadores y estudiantes a aprender, discutir y debatir temas relacionados con el racismo y el sexismo sistémicos. Esta orden judicial preliminar es un gran paso en la dirección correcta, y esperamos que el tribunal revoque de una vez por todas este proyecto de ley de censura discriminatoria en las aulas”.
“Hoy, el tribunal se puso del lado del derecho de los educadores y estudiantes de Florida a enseñar y aprender sin censura ni discriminación”, dijo Jerry Edwards, de la ACLU de Florida. “La capacidad de tener discusiones honestas y abiertas sobre nuestra historia y su impacto en las comunidades negras y latinas es crucial para nuestra democracia. Cuando comprendemos mejor el pasado y los fracasos de nuestro país, nos damos la oportunidad de pavimentar un futuro mejor para todos”.
Su implementación en colegios y universidades ha quedado entonces bloqueada temporalmente. Sin embargo, la educación básica, media y media superior aún se ven afectadas por esta censura monda y lironda.
El caso sigue en disputa en los tribunales. Y las protestas continúan.
