El volumen de cemento enviado a Pinar del Río desde el inicio de 2023 debería haber alcanzado, según lo previsto, para reconstruir la mitad de las viviendas afectadas por el huracán Ian en esa provincia; sin embargo, con esos materiales apenas se ha solucionado el 32 % de la demanda, reveló a mediados de julio el ministro de la Construcción, René Mesa.
Durante el primer semestre de este año Pinar del Río recibió 10 410 toneladas de cemento para la recuperación de su fondo habitacional, pero las obras ejecutadas justifican el empleo de apenas 6 700. El destino de las restantes 3 700 toneladas está por esclarecer. Una parte probablemente se encuentre “inmovilizada” en almacenes o rastros de materiales, y otra en manos de damnificados que no la hayan utilizado por motivos diversos. Pero existe el riego de que un porcentaje significativo haya terminado en el mercado negro.
Sobre esa última posibilidad alertó en septiembre de 2022 el primer ministro, Manuel Marrero. Si lo entregado se desvía, roba o malversa “persiste la afectación en la familia, y en el gobierno, y la responsabilidad de la solución sigue siendo nuestra”, declaró.
Su comentario iba dirigido a funcionarios locales, de varios ministerios y de la Defensa Civil, reunidos para actualizar sobre la recuperación en las cinco provincias más afectadas por los eventos meteorológicos de los últimos meses.
“Uno ve avance en Las Tunas, se encamina Holguín; pero lo demás está mal, y tenemos que decirlo así”, sentenció Marrero. Entre todos los programas recuperativos (de agricultura, viales, de electricidad, etc.), es el de la vivienda el que muestra los mayores atrasos.
Una semana después, la directora general de Vivienda, Vivian Rodríguez, ratificó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que son precisamente las provincias con peor situación habitacional las que emprenden menos rehabilitaciones y nuevas obras. El caso extremo, Pinar del Río, que ocupa los últimos puestos en todos los apartados estadísticos (casas reconstruidas, reconstrucciones parciales y totales, reconstrucciones de techos, etc.), detalló.
El tema motivó una suerte de desencuentro entre Rodríguez y miembros de la comisión de Industria, Construcciones y Energía. Mientras la primera enfatizaba en que hasta el cierre de mayo se había ejecutado el 97 % del plan, dando a entender que el compromiso del año se puede cumplir, en su informe, la comisión parlamentaria hacía una lectura contraria del escenario a futuro, calificándolo como de “riesgo significativo de no cumplimiento en el año”, según un despacho de Prensa Latina.
Poca producción, más exportaciones
Cualquiera mínimamente informado pudo anticipar que en la tradicional rendición de cuentas parlamentaria de julio las noticias sobre la vivienda no serían buenas. Bastaba indagar por el estado de la industria cubana de materiales de la construcción.
A inicios de junio, durante una Mesa Redonda sobre el tema, el vicepresidente del Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (Geicon), Reynold Ramírez, insistió al menos cuatro veces en que las producciones de la industria a su cargo seguirían “siendo insuficientes para la demanda creciente de la población”. Si bien los planes del sector para este calendario son más ambiciosos que los de 2022, su verdadera magnitud no se aprecia hasta que se le compara con el plan de hace cinco años; y la conclusión no es buena.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), en 2018 se produjeron en Cuba más de 94 millones de bloques de hormigón, 9,7 millones de ladrillos de barro, 4,1 millones de metros cúbicos de piedra triturada y 1,7 millones de arena calcárea (de resistencia). En 2023, esa producción debe ser de 4,9 millones de bloques, 1,3 millones de ladrillos, 2,9 millones de metros cúbicos de piedra y 907 mil metros de “arena total” (al parecer, en el apartado se compendian también las llamadas “arenas lavadas”).
En su relación estadística los directivos no incluyeron datos sobre los dos materiales habitualmente más demandados para la actividad constructiva: el acero y el cemento. Ni siquiera durante la intervención del director general del Grupo del Cemento, Herácleo Porto Valdés, durante la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional.
Porto pasó de puntillas sobre las estadísticas actuales del sector, para concentrarse en las perspectivas de la industria cementera, cuya “producción para el año 2025 debe ser muy superior”. Las nuevas plantas de producción de cemento que se instalan en Nuevitas y Santiago de Cuba, y las inversiones previstas para las otras cuatro fábricas cubanas deben sostener la recuperación proyectada, vaticinó.
Prácticamente cualquier resultado será mejor que el de 2022, cuando de los molinos cubanos salieron apenas 680 mil toneladas de cemento gris (43 % de lo producido en 2018). No fue la mayor caída: en el mismo periodo, la producción de barras de acero corrugadas (cabillas) se contrajo hasta las 8 500 toneladas (13 % del ya magro cierre de 2018) y la de palanquillas (materia prima de las barras) hasta las 13 600 toneladas (7,8 % de lo elaborado cinco años atrás).
Como con el cemento, las inversiones en la industria metalúrgica pretenden revertir la crisis, pero la construcción de nuevas plantas soluciona solo la mitad del problema. Junto con las industrias, para producir cemento es necesario disponer de un suministro abundante de combustible y energía, que a Cuba le resulta difícil garantizar.
Además de la escasez de materiales, la construcción de viviendas debe lidiar con la “competencia” creciente de la exportación. Según datos reportados en la Mesa Redonda, en 2023 se espera obtener 16,4 millones de dólares 16,4 millones de dólares por las exportaciones de materiales de construcción; quince veces más que en 2022 y cien veces más que en 2021.
Como la producción nacional se recupera a un ritmo mucho menor, ese “salto” en las exportaciones sólo será posible si se reduce el abastecimiento del mercado interno, ya insuficiente. En 2015 y 2018, las palanquillas, los áridos, el cemento y el clínker —materia prima del cemento— eran los ítems más vendidos por Cuba fuera de fronteras.
En el quinto año de la “Política”
El año 2018 no es un referente casual en lo que a vivienda se refiere. Fue el último año “normal” en Cuba: 2019 estuvo marcado por la Coyuntura, y desde 2020 la pandemia y la crisis económica han lastrado la cotidianidad nacional. Además, en diciembre de 2018, el Ministerio de la Construcción presentó ante el parlamento la Política de la Vivienda, el programa estatal bajo el cual se pretendía acabar con el déficit habitacional en un plazo de diez años. En 2023, el quinto año de la Política, se proyectaba construir 52 162 viviendas y rehabilitar otras 41 246.
En definitiva, aquellas proyecciones debieron rebajarse. Durante la reciente rendición de cuentas parlamentaria se supo que el plan aprobado para 2023 había sido fijado en 25 134 nuevos inmuebles y 24 400 rehabilitaciones. Una mejora respecto a los dos años “pandémicos”, cuando, según la Onei, se terminaron 18 645 y 20 232 casas, respectivamente, pero lejos de las necesidades acumuladas, sobre todo en la mitad oriental del país, la más desfavorecida en cuanto a desarrollo e inversiones públicas.
En 2018 la Política de la Vivienda estimaba que la situación más compleja en ese ámbito se concentraba en las cinco provincias orientales y Camagüey, Villa Clara y La Habana, que necesitarían al menos diez años para cubrir sus déficits habitacionales.
Con el tiempo, a ese grupo de “rezagados” se incorporó Pinar del Río, debido a la forma en que los eventos meteorológicos han golpeado su base habitacional. Solo el huracán Ian dejó allí más de 93 mil viviendas dañadas.
El plan del gobierno era que fuera de La Habana y Santiago de Cuba, al menos el 60 % de las obras corrieron a cargo de la propia población, en cuanto a pago y ejecución. Ese protagonismo popular debía basarse en una pretendida recuperación económica que aumentaría el poder adquisitivo e incrementaría el abastecimiento de materiales, dos premisas que hasta hoy no se han cumplido. Tampoco los tan nombrados planes de producción local de materiales han logrado convertirse en una alternativa viable (toda construcción termina necesitando, en mayor o menor medida, recursos industriales como el cemento y el acero).
Más allá de verificaciones parlamentarias y llamados al control administrativo, la escasez seguirá alentando la corrupción. Además, con los recursos disponibles nunca podrán satisfacerse las necesidades habitacionales de Cuba. Tal vez sea hora de pensar en otras formas de inversión, incluida la extranjera, para financiar un programa tan esencial. Con buena voluntad y exhortaciones no se levantan paredes.
