Tal vez el constructo más validado por el trumpismo consista en el llamado “Estado profundo”, reciclado en el idiolecto político por Mike Lofgren en 2014. En su ensayo “Anatomía del Estado profundo”, este lo define como “una asociación híbrida de elementos del Gobierno y partes de la industria y las finanzas de alto nivel capaz de gobernar efectivamente a Estados Unidos sin referencia al consentimiento de los gobernados, expresado a través del proceso político formal”.
El Estado profundo, dijo entonces, no es “una cábala secreta y conspirativa; el Estado dentro de un Estado se esconde principalmente en plena vista, y sus operadores actúan principalmente a la luz del día. No es un grupo muy unido y no tiene un objetivo claro. Más bien es una red en expansión que se extiende a lo largo del gobierno y del sector privado”.
Esta verdadera delirancia, grotescamente inspirada en el famoso discurso de despedida del presidente Dwight Eisenhower de 1961 —la figura del complejo militar-industrial—, es lo que utilizan los trumpistas para marcar a sus enemigos políticos a fin de sacarlos de la escena pública y tener las manos libres para remplazarlos por incondicionales a Donald Trump.
Kash Patel es uno de los defensores mas conspicuos de ese concepto. Por eso Trump lo ha propuesto para nuevo director del FBI, rompiendo con una práctica posterior al caso Watergate según la cual sus directores cumplen mandatos de diez años. El objetivo de ese mandato prolongado es garantizar que el FBI no sirva a los intereses políticos de un presidente específico.
Su actual director, Christopher Wray, designado por el mismo Trump después de haber botado a James Comey, debe completar su mandato en 2027, pero ya Trump ha sido claro al respecto: acaba de declarar que Wray ha “invadido su casa”, una referencia a los registros del FBI llevados a cabo en Mar-a-Lago en busca de evidencia criminal por los documentos que se llevó de la Casa Blanca.
En una entrevista de este año con NBC, Patel dijo que “cerraría” la sede del FBI en Washington, D. C., y “la reabriría al día siguiente como “un museo del Estado profundo”. De hecho, este personaje es uno de los defensores más viscerales de Trump, el mismo que ha pedido eliminar a los empleados del Gobierno que se consideren insuficientemente leales, así con todas sus letras, y ha hecho una lista bastante extensa de excluibles. En ella figuran tanto demócratas como republicanos, estos últimos colocados en la picota pública por oponerse/distanciarse del máximo líder. La integran, entre otros muchos, los siguientes funcionarios:
- Michael Atkinson: ex inspector general de la comunidad de inteligencia.
- Lloyd Austin: secretario de Defensa.
- Brian Auten: funcionario del FBI que supervisó la investigación de la agencia sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.
- James Baker: ex asesor general del FBI y ex asesor general adjunto de Twitter.
- Bill Barr: fiscal general de Trump.
- John Bolton: ex asesor de seguridad nacional de Trump.
- Joe Biden: presidente de Estados Unidos.
- John Brennan: ex director de la CIA que sirvió durante la presidencia de Barack Obama.
- John Carlin: ex fiscal general adjunto interino y ex jefe de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia.
- Pat Cipollone: ex asesor de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump.
- James Clapper: ex director de inteligencia nacional durante el gobierno de Obama.
- Hillary Clinton: ex secretaria de Estado durante el gobierno de Obama y candidata presidencial demócrata en 2016.
- James Comey: ex director del FBI despedido por Trump en 2017.
- Mark Esper: secretario de Defensa durante el gobierno de Trump.
- Merrick Garland: fiscal general de Estados Unidos.
- Kamala Harris: vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata presidencial demócrata en 2024.
- Gina Haspel: ex directora de la CIA bajo el gobierno de Trump.
- Fiona Hill: ex funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Trump, especializada en Rusia y Ucrania. Hill fue una de las funcionarias que testificó en el primer proceso de juicio político a Trump.
- Eric Holder: fiscal general durante la administración Obama.
- Cassidy Hutchinson: ex asistente del exjefe de gabinete de Trump.
- Mark Meadows, quien testificó ante el comité selecto del Congreso el 6 de enero sobre acciones de Trump relacionadas con los disturbios del Capitolio.
El otro tema por el que Patel despunta es clásico de la mentalidad y la agenda trumpistas, es decir, la concepción de los medios como “enemigos del pueblo”. Por eso ha extendido su látigo al llamado cuarto poder, una de las bases de la democracia estadounidense, y a su labor de watchdog frente al poder político.
En una entrevista con Steve Bannon, otro de los adalides del trumpismo, Patel afirmó cómo trataría a los periodistas. “Vamos a perseguir a las personas de los medios que mintieron a los ciudadanos estadounidenses”, y en específico, “a los que “que ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales. Ya sea por la vía penal o civil, lo resolveremos”.
Y fue más allá al acusar a “algunas personas de los medios” de coordinar acciones con el Gobierno para difundir “una narrativa falsa” sobre Trump. “Tengo un problema con eso”, dijo Patel. “Y creo que debería haber algún tipo de rendición de cuentas. No sé cómo sería”.
Aun cuando después se puso una hoja de parra al decir que los periodistas eran “invaluables”, es poco probable que sus declaraciones apaguen la luz roja de quienes lo ven, con razón, como otra personificación de la promesa de Trump de buscar venganza contra sus enemigos una establecido en la Casa Blanca. Su lealtad a Trump y su historial de adopción de teorías conspirativas lo desmienten. Patel es un producto clásico del movimiento MAGA.
Angelo Carusone, presidente de Media Matters for America, espera que la administración Trump adopte un enfoque de confrontación con los medios. “Va a responder no solo a lo que Trump está diciendo, sino también a lo que ese ecosistema mediático subyacente de derecha más amplio está pidiendo y exigiendo”, dijo. “No deberíamos descartar la sed de sangre que hay ahí fuera. Esta gente quiere venganza”.
Ahora que este personaje está propuesto para dirigir una de las agencias más poderosas del Gobierno, la cuestión de si realmente “perseguirá” o no a los periodistas preocupa a ambos partidos. Es probable que se convierta en un punto central de discordia cuando se presente a la confirmación del Senado, incluso con la actual mayoría republicana. Veremos.
