Redacción OnCuba
El 5 de enero de 2023, como parte de su política destinada a ofrecer “vías seguras y ordenadas hacia Estados Unidos”, la Administración Biden anunció el lanzamiento de un programa para ciudadanos de Cuba, sumándose a los de Haití, Nicaragua y Venezuela (entre otras nacionalidades), que ya estaban contemplados por el Programa de Parole Humanitario.
La movida permitía a los nacionales respectivos ingresar a Estados Unidos por la vía legal si cumplían dos requisitos: tener un patrocinador en el país y pasar una verificación de antecedentes. Se les dejaba entrar por dos años, utilizando un mecanismo legal conocido como “libertad condicional humanitaria”.
En los primeros meses de su funcionamiento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió la desbordante cantidad de 1,5 millones de solicitudes.
Como respuesta a esa abrumadora demanda, USCIS comenzó a cubrir la mitad de las plazas mensuales establecidas (30 mil) seleccionando aleatoriamente las solicitudes pendientes mediante un sorteo. La otra mitad se seleccionaba en función de la fecha de recepción.
La libertad condicional humanitaria no da ninguna vía permanente para permanecer en Estados Unidos. Puede revocarse o no renovarse si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) decide que ya no se justifica o si el beneficiario viola las condiciones en que se le dio.
Ahora bien, una persona en libertad condicional puede solicitar una autorización de trabajo durante el período autorizado. El DHS puede otorgarle la libertad condicional a una persona si existen “razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo” para hacerlo.
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La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no define sin embargo qué constituye exactamente una razón “humanitaria urgente” o “de beneficio público significativo”.
Pero USCIS estableció que una razón “humanitaria urgente” puede incluir protección contra “daños específicos o individualizados”. A las personas que no son elegibles para ser admitidas en Estados Unidos, pero que pueden demostrar una razón “humanitaria urgente” para que se les permita ingresar o permanecer en el país, se les puede otorgar entonces “libertad condicional humanitaria”.
Las bases legales
En términos de sus bases legales, la INA otorga al DHS la discreción de permitir temporalmente que ciertos ciudadanos no estadounidenses ingresen o permanezcan en Estados Unidos si solicitan la admisión. A las personas que entran a Estados Unidos bajo estas condiciones se les otorgaba la “libertad condicional”.
Al crear el Programa, la Administración Biden invocó dos motivos para esa libertad condicional. El primero, en efecto, brindar un “beneficio público significativo para Estados Unidos al reducir las entradas no autorizadas a lo largo de nuestra [frontera sudoeste]”. Y el segundo, dar respuesta a “las razones humanitarias que hacen que las personas huyan de esos cuatro países”.
Pero los republicanos movieron sus mecanismos en su contra en las cortes. El 25 de enero veinte estados gobernados por el GOP presentaron una demanda en una corte federal de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otras agencias y funcionarios federales involucrados en inmigración alegando que no existía autoridad legal para implementar el programa anunciado por la administración Biden veinte días antes. Aseguraban que les obligaba a invertir grandes sumas en sus estados por costos de atención médica, educación y seguridad de los emigrantes.
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En marzo de 2024 un juez federal desestimó la demanda y decidió mantener el programa al considerar que los estados no habían podido demostrar que la iniciativa les había causado daños significativos.
Por otra parte, en un momento determinado de su implementación, el programa parole fue pausado por irregularidades y fraudes detectados, a lo que siguió una revisión por parte de las autoridades. La decisión fue tomada a mediados de julio, después de que un informe interno descubriera fraudes en las solicitudes de los patrocinadores. Los beneficiarios no eran el foco sino estos últimos.
“El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración. El DHS se toma muy en serio cualquier abuso de sus procesos”, dijo un portavoz del DHS. “Cuando se identifica un fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) investigará y litigará los casos correspondientes en los tribunales de inmigración y remitirá los casos penales al Departamento de Justicia”.
Tras su reactivación en agosto de 2024, se establecieron nuevas condiciones para los patrocinadores. El programa siguió funcionando con quejas de demoras excesivas por parte de patrocinadores y beneficiarios.
El CBP One
El 28 de octubre de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lanzó una aplicación para teléfonos móviles llamada CBP One a fin de que los posibles viajeros pudieran acceder a ciertas funciones de la agencia en dispositivos móviles.
La lógica consistía en permitir que las personas se registraran previamente antes de presentarse en la frontera, lo cual agilizaría el proceso y por consiguiente reduciría el tiempo que los oficiales dedicaban a los casos.
Sin embargo, en enero de 2023 la implementación de las funciones de CBP estuvo plagada de fallas técnicas, lo que frecuentemente frustraba a los aspirantes.
De cualquier manera, el CBP One se convirtió en la única forma en que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que buscaban obtener una autorización de viaje para lograr la libertad condicional podían enviar su información biométrica a CBP. Y de mantener por consiguiente su elegibilidad.
Cuando expiraron las restricciones del Título 42 (una ley utilizada por la Administración Trump I para expulsar a los solicitantes de asilo a partir de la pandemia de COVID-19), el DHS publicó un reglamento estableciendo nuevos protocolos para procesar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de la frontera sur.
Este nuevo reglamento determinaba que las personas que viajaron a través de un tercer país, pero no solicitaron asilo u otras protecciones en esas naciones, no fueran elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos.
“Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para su cita son venezolana, cubana y mexicana”, dieron a conocer las autoridades fronterizas en septiembre de 2024.
En definitiva, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 1,3 millones de inmigrantes habían ingresado legalmente en Estados Unidos mediante estos dos programas de la Administración Biden-Harris.
Durante la campaña presidencial y el inicio de la Administración Trump II
La campaña presidencial de Trump tuvo varios énfasis. La inmigración fue, sin duda, el principal, y en particular el anuncio de que se implementarían deportaciones masivas ”sin precedentes” y “desde el primer día”.
En septiembre de 2024 el candidato republicano dijo que cancelaria el parole humanitario.
También que expulsaría a quienes se hubieran beneficiado de este, una cifra que hasta el cierre de agosto de ese año rondaba las 530 mil personas.
“Prepárense para irse”: la amenaza de Trump a los beneficiarios del parole
En una entrevista con la cadena Fox News el 5 de septiembre, Trump dijo que consideraba a los beneficiarios del parole “inmigrantes ilegales” que no deberían estar Estados Unidos.
Tanto Trump como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, su nominada para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, prometieron cerrar el CBP One “el primer día”.
Y así fue, en efecto. La orden ejecutiva promulgada por el presidente Trump el mismo 20 de enero, titulada “Asegurando nuestras fronteras”, estableció en su Sección 7:
Ajuste de las políticas de libertad condicional:
El Secretario de Seguridad Nacional deberá, de conformidad con la ley aplicable, tomar todas las medidas apropiadas para:
(a) Dejar de usar la aplicación CBP One como método para conceder libertad condicional o facilitar la entrada a Estados Unidos de extranjeros que de otro modo serían inadmisibles.
Pero también:
(b) Poner fin a todos los programas de libertad condicional categórica que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluido el programa conocido como “Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos”.
Y más adelante:
Una de mis obligaciones más importantes es proteger al pueblo estadounidense de los efectos desastrosos de la migración masiva ilegal y el reasentamiento. Mi Administración reunirá todos los recursos y autoridades disponibles para detener esta avalancha sin precedentes de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Y en la orden ejecutiva titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión:
Sección 16. Abordar las acciones de la administración anterior. El Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional adoptarán con prontitud todas las medidas adecuadas, de conformidad con la ley, para rescindir las decisiones políticas de la administración anterior que llevaron al aumento o la continuidad de la presencia de extranjeros ilegales en los Estados Unidos, y alinear todas y cada una de las actividades departamentales con las políticas establecidas por esta orden y las leyes de inmigración.
Continuará…
