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La elección improbable: entre el voto y la sospecha
El domingo 13 de abril Ecuador celebró una segunda vuelta presidencial que dejó serias dudas sobre la salud de su democracia. Según los resultados oficiales, Daniel Noboa obtuvo el 55,61 % de los votos frente al 44,39 % de Luisa González, candidata del correísmo, respaldada por el arco político del centro a la izquierda. Ante un desenlace tan asimétrico, cabe preguntarse: ¿fue solo un fracaso estratégico o influyeron factores estructurales y abusos de poder que alteraron el resultado?
El desenlace fue desconcertante para la Revolución Ciudadana. Tras dos derrotas presidenciales, González volvió a enfrentar a Noboa en un país con indicadores sociales en deterioro y un presidente sin logros visibles. Aunque se anticipaba una contienda reñida, al menos 9 encuestas y 2 exit polls —con metodologías y sesgos diversos— habrían errado por un improbable margen de diez puntos. No hay antecedentes empíricos de un viraje electoral de tal magnitud sin señales previas ni hechos disruptivos. Ante estas inconsistencias, González denunció fraude, rechazó los resultados y exigió un recuento.
Desde el otro lado de la cancha, los principales medios ecuatorianos celebraron la victoria de Noboa con imágenes de festejos callejeros y del presidente-candidato desestimando las denuncias de fraude como un rechazo al deseo popular de libertad y prosperidad. En paralelo, se viralizó un video en el que una mujer se zambulle en aguas servidas abrazando una figura de cartón de Noboa: una metáfora cruda de la distancia entre las promesas del heredero multimillonario y la precariedad de sus votantes. A diciembre de 2024, la pobreza alcanzó el 28 % en Ecuador.
La misma noche, seis personas —incluido un menor— fueron asesinadas en Guayaquil por sicarios armados con fusiles. A escasas horas de comenzar el balotaje, Noboa había decretado un estado de excepción que reforzó la presencia militar en las provincias costeras, tradicionalmente afines al correísmo.
En Quito, la jornada electoral transcurrió bajo un despliegue inédito: cercas, empalizadas y tanquetas custodiaban el Consejo Nacional Electoral. A ese clima aludió Gustavo Petro, quien, sin hablar directamente de fraude, denunció irregularidades y pidió abrir las urnas antes de reconocer la legitimidad del proceso. Hasta ahora, el CNE no ha dado señales de permitir una auditoría independiente.
Ubicado entre Perú y Colombia —los mayores productores de cocaína del mundo—, Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, con puertos por donde transita el 70 % de la droga que llega a Europa. Aunque Noboa heredó esta estructura, el problema no solo persiste, sino que se expande hacia nuevas rutas. A ello se suma el incremento sostenido del lavado de dinero y el crecimiento exponencial del crimen organizado, que ha convertido a Ecuador en el país más mortífero de América Latina.
El año 2025 comenzó como el más violento de la historia reciente: entre enero y febrero se registraron 1529 homicidios, más de uno por hora. Aun así, durante la campaña, muchos votantes respaldaron a Noboa por su aparente firmeza contra las mafias.
A principios de 2023, Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” y designó a 20 bandas criminales como “fuerzas beligerantes no estatales”. La medida permitió endurecer las políticas de seguridad y alinearlas con los marcos internacionales de lucha contra el terrorismo. Esto no solo consolidó el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, sino que borró la frontera entre delincuencia común y terrorismo, generando una ambigüedad funcional que ha legitimado una militarización sin límites definidos.
En ese contexto, la desaparición forzada y el asesinato de cuatro niños afroecuatorianos no fue un hecho aislado, sino un síntoma extremo de una política de seguridad sustentada en el perfilamiento racial y la necropolítica.
Una campaña desigual: clientelismo y hegemonía autoritaria
A un año del asalto a la Embajada de México, el hecho sigue marcando un punto de inflexión en el Gobierno de Noboa. La operación consolidó su apuesta por una estética “bukeliana” del poder y reforzó el clivaje correísmo/anticorreísmo como eje de su narrativa. Desde entonces ha intensificado la instrumentalización del conflicto para ocultar los pobres resultados de su gestión, sostenido por un electorado que privilegia la confrontación sobre la rendición de cuentas.
La campaña de Noboa, centrada en el uso del miedo como estrategia, alcanzó su punto culminante con la incorporación del mercenario Erik Prince —fundador de la controvertida empresa militar privada Blackwater— a un operativo mediático en Guayaquil. Prince es conocido por la masacre de Nisour Square en 2007, cuando sus contratistas asesinaron a 17 civiles iraquíes desarmados, incluyendo niños, un hecho considerado crimen de guerra. También ha sido vinculado a operaciones encubiertas para eliminar opositores en Libia y a una estafa relacionada con una supuesta invasión a Venezuela. En Ecuador, acompañó a los ministros de Defensa e Interior y a medio millar de uniformados en un operativo en los suburbios de Guayaquil. Con su presencia, la campaña de Noboa buscaba reforzar la narrativa de identificar la guerra contra el narco y contra el correísmo, al punto de advertir que “Ecuador debe elegir entre combatir narcos o volverse otra Venezuela”.
La equiparación del correísmo con los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba —pese a tratarse de un proyecto más cercano a la socialdemocracia en lo político y al keynesianismo en lo económico— ha calado profundamente en el imaginario ecuatoriano. Más allá de cómo se entienda la “izquierda”, esta narrativa ha sido eficaz para erosionar su legitimidad e instalar el temor a una deriva autoritaria.
En vísperas del balotaje, la propuesta de González de formar civiles capacitados para mediar conflictos y colaborar en la seguridad barrial fue distorsionada como un intento de crear organizaciones del tipo colectivos chavistas o Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos.
Con el respaldo de medios, influencers y granjas de trolls, la campaña oficialista logró imponer la idea de que los “gestores de paz” representarían una amenaza a las libertades políticas y una herramienta para imponer el control territorial.
Mientras tanto, los abusos desde el poder fueron ignorados por la prensa y tolerados por los órganos de control. Daniel Noboa violó el Código de la Democracia sin consecuencias, al negarse a delegar la presidencia durante la campaña. Con el respaldo del Tribunal Contencioso Electoral, despojó de funciones a su vicepresidenta. Desde su doble rol, activó transferencias y bonos dirigidos a sectores estratégicos —incluidos policías y militares— en un uso clientelar de los recursos públicos. Con la permisividad del Consejo Nacional Electoral, incumplir las normas se volvió regla en la campaña más desigual de la historia reciente.
El uso del clientelismo —mediante transferencias focalizadas con fines electorales— no es nuevo en Ecuador. Álvaro Noboa, padre del actual presidente, se hizo célebre por repartir colchones y fajos de billetes en sus cinco intentos fallidos de llegar a la presidencia. Esta vez, sin embargo, la estrategia alcanzó una escala inédita: el Gobierno comprometió al menos 518 millones de dólares en bonos y subsidios durante la campaña, en un país que, bajo su mandato, sufrió una contracción del PIB del 2 %, caída del consumo de los hogares y recorte del gasto público.
El populismo como forma de ejercicio del poder, las prácticas autoritarias y el clientelismo como expresión de corrupción estructural han sido objeto de constante condena por parte de la prensa corporativa ecuatoriana, siempre que se asocien al correísmo. En cambio, las mismas prácticas tienden a ser invisibilizadas, minimizadas o justificadas cuando provienen de gobiernos alineados con las nuevas derechas autoritarias de la región. Este doble rasero mediático y político ha contribuido a configurar una hegemonía cultural que —como advirtió Gramsci— disputa el sentido común desde posiciones conservadoras.
La captura de la República
El escenario actual para las izquierdas en Ecuador es especialmente adverso. La victoria de Noboa significó no solo una derrota para el correísmo, sino además un revés para el bloque de movimiento indígena que bajo el liderazgo de Leónidas Iza parecía haber retomado su horizonte antineoliberal original.
Los acuerdos de unidad entre el correísmo, Pachakutik y partidos del centro-izquierda —tras un accidentado y prolongado proceso de negociación—, aunque no alcanzaron para impactar el resultado electoral, podrían sentar las bases de un frente democrático de resistencia al avance neoliberal y la regresión de derechos. Una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente bajo condiciones de profunda asimetría política podría consolidar esa deriva. En este contexto, la disputa no es solo programática, sino civilizatoria.
Aprobada en 2008, la Constitución de Montecristi es un pilar del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Impulsada por Rafael Correa, redefinió al Ecuador como Estado intercultural y plurinacional, amplió derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, e incorporó el Sumak Kawsay como horizonte de desarrollo. Aunque el correísmo esté desgastado, su Carta Magna sigue siendo un freno normativo frente a la privatización, la precarización y la concentración del poder. Instalar una Constituyente para refundar el Estado es el próximo objetivo del Gobierno electo.
“Hay que llegar a un punto —publicaba recientemente un periodista— en que la gestión del Estado, según las normas establecidas, se torne absolutamente inviable. Solo eso le permitirá al mandatario romper los obstáculos (…) y tomar el control del proceso [constituyente]”. En el mismo artículo, el autor sostiene que esta reconfiguración requiere una regresión de derechos, y el abandono de acuerdos internacionales. Así, insta al presidente a ignorar los marcos jurídicos para imponer un nuevo orden que desmantele garantías democráticas y habilite la concentración del poder.
Según el informe Latinobarómetro 2024, titulado —no sin ironía— La democracia resiliente, Ecuador registra los niveles más altos de adhesión ciudadana al autoritarismo en América Latina. Más del 60 % de los encuestados aceptarían un gobierno no democrático si “resuelve los problemas”, y el 54 % aprueba que el presidente ignore leyes e instituciones —el porcentaje más alto de la región—. Además, un 58 % cree que la democracia puede funcionar sin partidos, un 57 % sin Asamblea y un 50 % sin oposición. Más que fragilidad institucional, las cifras revelan una ciudadanía dispuesta a ceder derechos políticos a cambio de orden y estabilidad.
Aunque Daniel Noboa aseguró, en su primer encuentro con los votantes tras ser elegido, que “se respiran aires de libertad”, lo que domina hoy en Ecuador es un ambiente de tensión. Todavía no concluía el 100 % del escrutinio nacional cuando se filtró la lista de un centenar de reconocidas figuras del correísmo que estarían bajo regulación migratoria. La publicación provocó la inmediata reacción: periodistas, académicos, artistas e intelectuales firmaron una carta pública Contra la persecución y el hostigamiento, advirtiendo sobre “una oleada persecutoria que recuerda las más oscuras épocas de cacería de brujas de gobiernos autoritarios y fascistas”.
Mientras el presidente se encuentra fuera del país, en Estados Unidos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaró una “alerta máxima” por un presunto plan de magnicidio, atribuido por el Gobierno a “la venganza de los malos perdedores”. Según la denuncia, sicarios habrían sido enviados desde México, lo que motivó una respuesta inmediata de la cancillería mexicana, que rechazó “la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas oficiales” que vinculan a su país con hechos delictivos. En paralelo, aviones de combate sobrevolaron provincias costeras. Más que una acción preventiva, el despliegue militar pareció una escenificación del respaldo castrense al resultado electoral.
El 24 de mayo de 2025 Anabella Azín —asambleísta más votada del país— impondrá la banda presidencial a su hijo durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. El objetivo declarado del oficialismo es que Azín presida también el Legislativo. De concretarse, el heredero de la mayor fortuna del país controlará de forma simultánea el Ejecutivo, el Legislativo y, de manera indirecta, los organismos de justicia y control. Se consolidaría así un escenario en el que una corporación familiar concentre los principales resortes del Estado, desdibujando los principios de división de poderes y pluralismo republicano. Más que una anomalía, esta concentración patrimonial del poder representa una forma de señorío sin precedentes en la historia democrática ecuatoriana; un desenlace que interpela la frase inscrita en la banda presidencial: “mi poder en la Constitución”.
