Las nuevas tarifas de Etecsa han sacudido Cuba. Aunque la decisión fue adelantada en diciembre por el primer ministro, Manuel Marrero, su anuncio oficial el pasado viernes ha levantado una avalancha de críticas en un país agobiado por una prolongada crisis que precariza cada vez más la vida de los cubanos.
Ante la inusitada reacción social frente al tarifazo, la empresa ha otorgado algunas concesiones y promesas —dirigidas principalmente a los estudiantes universitarios, que, no obstante, siguen reclamando cambios—, pero ha mantenido el grueso de las restricciones y los precios prohibitivos para la mayoría, mientras justifica las medidas en sus urgencias financieras y el deterioro de su infraestructura.
Ya en enero Etecsa había señalado que en 2024 sus ingresos desde el exterior fueron apenas 10 % de lo que necesita la empresa y que el tráfico de datos creciente en la isla no estaba respaldado por el estado de sus infraestructuras tecnológicas, situación agravada por la crisis energética. Entonces apuntó que buscaría opciones financieras para “modernizar e incrementar sus servicios”.
Ahora, en medio del clamor popular contra las nuevas tarifas, el monopolio estatal de las telecomunicaciones ha admitido encontrarse en “una situación extremadamente crítica debido a la falta de divisas y la significativa reducción de ingresos en los últimos años”. Ello, reconoció su presidenta, Tania Velázquez, le impide hacer frente a sus problemas y genera quejas constantes de la población.
El panorama esbozado por directivos de Etecsa en recientes intervenciones públicas es bien complejo: solo el 50 % de los usuarios con acceso a “servicios adecuados”; más de 24 mil interrupciones en las líneas fijas; más de la mitad de las radiobases de la telefonía celular sin baterías para funcionar durante los apagones; y aún no ha podido iniciarse el despliegue de la 5G.
Además, la compañía sufre de escasez de insumos para instalar nuevos servicios o reparar los existentes; no dispone de líneas móviles y equipos para comercializar; arrastra un “elevado endeudamiento” que le impide importar la tecnología y los insumos necesarios para mantener los servicios actuales; y alega una drástica caída de las recargas internacionales frente a otras plataformas y “sitios fraudulentos”.
El crítico escenario presentado por la dirección de Etecsa como motivo del tarifazo ha sido confirmado por expertos independientes, como el economista Pedro Monreal. Citando datos de la ONEI, Monreal apuntó al hecho de que las exportaciones de servicios de telecomunicaciones de Cuba cayeron un 86 % en apenas tres años, mientras que el balance de exportaciones/importaciones se desplomó un 95 %.
No obstante, mientras la empresa defiende como solución el cobro en dólares o a precios superiores a pensiones y salarios, y busca recuperar a toda costa las recargas internacionales, no pocos señalan el impacto social de estas medidas. El propio Monreal considera que con ellas se “sacrifica ‘planificadamente’ la inclusión social en un servicio público básico, cambiando derecho por rentabilidad”.
Una pregunta lógica en la boca y la mente de muchos es qué fue de los millonarios ingresos que recaudó Etecsa durante años antes de caer en desgracia. El monopolio estatal asegura que fueron invertidos en la propia infraestructura ahora deteriorada, el desarrollo de nuevos servicios, la implementación de tecnologías como la 4G y el pago a proveedores, además de aportar al Estado.
En la práctica, sin embargo, las explicaciones oficiales no pueden ocultar la baja calidad actual de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones en la isla, como tampoco aminoran el efecto de las nuevas medidas en los bolsillos y la vida de los cubanos. Los dolores del tarifazo se suman así a los tantos otros de la crisis, mientras la dolarización ahonda las cada vez más profundas brechas sociales en Cuba.
