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En la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas tuvo lugar el pasado 7 de agosto un juicio oral y público en el que se procesaron a dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas por delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer malversación.
De acuerdo con el periódico Girón, al juicio asistieron funcionarios de los niveles municipal y provincial del sector.
Según las pruebas expuestas, la entonces directora de la entidad concertó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia para la rehabilitación de edificios multifamiliares y ciudadelas, sin intervención del Comité de Contratación ni licitación previa.
El acuerdo carecía de cláusulas esenciales como el objeto de obra, los términos de garantía o el cronograma de ejecución.
Entre las obras asignadas figuraba el reforzamiento estructural del edificio multifamiliar del Reparto 13 de Marzo, conocido como el edificio del Transporte, que presentaba severos daños.
Sin embargo, no se ejecutó ninguna acción constructiva, aunque el pago fue realizado como si los trabajos hubiesen concluido satisfactoriamente.
Tribunal en Cárdenas: juicio por delito de malversación
La segunda acusada, exinversionista de la Dirección Municipal de Vivienda, debía supervisar la calidad de la ejecución, pero no revisó el expediente de obra ni visitó el inmueble.
Pese a ello, certificó la rehabilitación, lo que posibilitó el pago de una factura por 531 486,19 pesos.
El tribunal halló a la exdirectora autora del delito y a la exinversionista partícipe, imponiendo sanciones de cinco y cuatro años de privación de libertad, respectivamente, así como la prohibición de ocupar cargos vinculados a la administración de recursos materiales y financieros.
En el caso de la segunda acusada, la sanción podrá cumplirse mediante trabajo correccional sin internamiento.
Durante el proceso se restituyó íntegramente el monto defraudado, por lo que no quedó afectado el patrimonio de la entidad.
Según precisó el tribunal, se respetaron las garantías y derechos de las acusadas, y tanto ellas como el fiscal podrán presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.
