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Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebradas en julio de 2025, el primer ministro cubano Manuel Marrero anunció que el gobierno está considerando arrendar instalaciones hoteleras. Se utilizaría esta como una de las vías de inversión extranjera en el turismo, y una de las opciones para revertir la crítica situación actual del sector.
Algunos preguntan si la idea parece correcta o no. La respuesta no es sencilla, primeramente porque el éxito de la medida depende de muchos factores, y, segundo, porque es poco lo que se conoce sobre las estrategias que se tienen para llevar a cabo esta idea. No obstante, podemos tratar de adentrarnos un poco en el análisis de esta variante para atraer socios extranjeros.
Se define el arrendamiento como un contrato por el que una de las partes, a cambio de un precio, cede a la otra el uso temporal de algo. El acuerdo puede ser a largo plazo.
Si una persona decide arrendar un auto u otro bien de consumo para uso personal, el análisis es de un tipo. Pero si alguien decide arrendar un activo para ponerlo en explotación y ganar una utilidad en el negocio, el análisis es diferente.
El arrendatario deberá calcular el precio del arrendamiento como un costo fijo y esperar que los ingresos a obtener por el negocio superen todos los costos, también el del arrendamiento, que representa una parte importantísima del total de costos.
En este caso, a la hora de intentar negociar un precio bajo a pagar por arrendar un hotel, el arrendatario intentará demostrar que no espera que la ocupación hotelera en Cuba aumente mucho en comparación con la actualidad, habida cuenta de que el turismo ha caído.
Y no solo se debe a que los hoteles puedan tener problemas de suministros de alimentos y bebidas, o falta de mantenimiento, sino también por la situación global del país en relación con la falta de suministro eléctrico, de transporte público, la escasez de combustible para los autos alquilados, el estado de la red extra hotelera y las presiones externas del bloqueo a Cuba, etc., aspectos en los que el arrendatario no puede influir.
Mientras, el arrendador —en este caso, el Estado cubano— puede valorar que un precio fijo de arrendamiento puede garantizarle un ingreso mínimo estable, aunque el turismo en el país siga cayendo, o que ese ingreso fijo podría ser superior incluso a la ganancia neta que se obtendría si el hotel quedase en manos de los administradores actuales.
No obstante, también ese precio de arrendamiento puede quedarse por debajo de los ingresos a obtener si mejorase la gestión del hotel y la consiguiente afluencia de turistas, independientemente del estado general del país. Variables que están sometidas a los múltiples factores ya vistos.
Hay otro aspecto no menos importante en cualquier gestión empresarial: los recursos humanos. Mucho se repite que el capital humano es el principal activo de una empresa, pero en el país poco se actúa en consecuencia con esta tantas veces repetida y menospreciada frase.
Muchas opiniones de los turistas destacan que la calidad del servicio en los hoteles de Cuba es muy inferior a la que obtienen en similares hoteles de Cancún o de República Dominicana. Y no es un problema solo de éxodo de fuerza laboral hacia otros países y falta de personal. Es que los administradores cubanos no pueden decidir sobre los salarios a pagar a la empleomanía, quedando este aspecto en entidades empleadoras estatales.
Al crearse las entidades empleadoras, se defendía la idea de que era para garantizar un mínimo de ingresos a los trabajadores, sus derechos laborales y que los mismos no fuesen explotados por capitalistas foráneos.
En la práctica, las entidades empleadoras más bien lo que han hecho es fijar un máximo de ingresos para los trabajadores, defender la tesis de que los ingresos de un sector no pueden ser muy superiores a los del resto del país, para no crear diferencias sociales, o continuar con la práctica heredada de la Unión Soviética de que los salarios e ingresos son fijados por un ministerio central, de acuerdo a categorías ocupacionales.
Adicionalmente, este concepto mantiene que los pagos en divisas por concepto de empleomanía vayan a manos del Estado y no a manos de los trabajadores, sin que se permita que los extranjeros estimulen a los trabajadores de las instalaciones administradas por ellos.
De esta manera se sigue arrastrando esa concepción arcaica, hasta mencionada y defendida en un reciente programa de Cuadrando la Caja, como si fuese un principio de la teoría marxista y que trae como resultado no solo éxodo laboral, sino falta de comprometimiento de muchos trabajadores, búsqueda de sus ingresos no a partir de resaltar como buen trabajador y mejorar su salario, sino a partir del desvío de recursos (alimentos y bebidas que debieran destinarse al turista), falta de iniciativas para mejorar el servicio, etc. No de todos, pero sí de muchos.
Si eso no cambia de raíz, cuando el bienestar de los trabajadores más bien dependa de propinas e ingresos no convencionales (desvíos), poco podrá hacer el futuro arrendatario para mejorar esta situación.
Tampoco se sabe si al arrendatario le autorizarán a tener licencia de importación en un hotel de propiedad estatal, a manejar los recursos financieros del hotel que arrienda, a decidir cuándo hacer reparaciones y sustitución de mobiliario y otros aspectos que tienen que ver con la gestión de la instalación que arrienda, para que esté en óptimas condiciones y no pierda competitividad.
Vamos a suponer que se permite que el arrendatario pueda decidir sobre todas estas cuestiones, tanto de gestión de activos como de recursos humanos. En definitiva, rompiéndose un gran tabú, al GAE se le autorizó que éste permitiese a su constructor de hoteles emplear mano de obra de la India para garantizar la calidad en las terminaciones de la construcción. Seguramente, estos trabajadores indios no recibieron como salario lo mismo que pagarían las empleadoras estatales cubanas, de acuerdo a la categoría ocupacional de trabajadores cubanos similares.
Supongamos que todos esos cambios traen resultados positivos, con una mejor ocupación hotelera. Pero eso no revertirá en los ingresos del Estado, como dueño de los hoteles.
Podrán mejorar los ingresos de la aviación, de arrendadores de autos y de prestadores de servicios extra hoteleros, por poner algunos ejemplos, pero el dueño de los hoteles solo recibirá el ingreso por concepto de arrendamiento.
Y, entonces, la pregunta que surge es bien sencilla o menos complicada: si los ingresos de los hoteles mejoran, o se espera que mejoren, porque a los arrendatarios se les ofrecen prerrogativas de gestión no otorgadas hasta ahora a otros, ¿por qué esas mismas prerrogativas no se les ofrecen a los actuales administradores de los hoteles en propiedad del Estado, o de empresas mixtas?
¿Por qué esos Meliá, Barceló, Iberostar, Blue Diamond y otros administradores extranjeros no pueden gestionar los hoteles como verdaderos administradores o como ellos mismos hacen en República Dominicana, y que se les pueda exigir por su gestión?
¿Por qué hay que pagar una cantidad de recursos a esos administradores extranjeros (ingresos fijos por gestión y porcentaje de las utilidades obtenidas), si los hoteles que administran reciben una cantidad inmensa de críticas, de gran parte de los turistas que los visitan?
Es cierto que esas cadenas aportan una marca comercial de prestigio internacional, que en teoría atrae turistas que las conocen, pero eso era muy válido al principio; hoy las redes sociales y las valoraciones de los visitantes anteriores pueden ser mucho más significativas para tomar decisiones de compra entre los potenciales turistas que las marcas comerciales que acompañan a esos hoteles.
Y tampoco se les puede exigir mucho a esos partners extranjeros, porque siempre podrán defenderse alegando que no tienen potestades para decidir sobre algún u otro aspecto de la administración de los hoteles.
A menos que los negociadores del Ministerio de Turismo y de Gaviota obtengan unos precios de arrendamiento muy beneficiosos, esta medida suena algo desesperada, cuando antes no se han explorado otras soluciones alternativas.
Tristemente, esto hace recordar la decisión de años atrás de cerrar centrales azucareros, teniendo como argumento que los precios del azúcar en el mercado internacional llevaban años siendo muy bajos y las zafras daban más pérdidas que ganancias.
Se desmanteló la centenaria industria azucarera cubana en lugar de experimentar otras opciones intermedias, como empresas mixtas; o empresas de capital totalmente extranjero; o el arrendamiento que ahora se quiere implementar; o centrales destinados a la producción de alcohol y derivados; o permitiendo que el sector trabajase su contabilidad, costos e ingresos solo en divisas (en lugar de en moneda nacional, con un tipo de cambio USD/CUP de 1:1, destructor de sectores exportadores); o de estimular mejor al trabajador agrícola que siembra, atiende y cosecha la caña.
Con muchas reservas y siempre a la espera de la realidad, a priori esto se me asemeja más a la clásica frase de que nosotros, o no llegamos o nos pasamos, siempre de bandadas en bandadas.
No estamos ya en el momento de seguir improvisando. Seguimos repitiendo que el turismo es la locomotora de la economía cubana, pero por ahora no tiene muchos vagones que halar. Hay que pensar que el turismo suele ser un sector que se inserta y derrama recursos en el resto de la economía; y en el caso de la economía cubana se ha quedado sin oxígeno.
