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El recaudador de impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, ha emprendido una controvertida campaña para revocar licencias comerciales a empresas, según él, sospechosas de mantener vínculos con el Gobierno cubano. En las últimas semanas estas acciones han generado un intenso debate sobre los límites de la autoridad local y el cumplimiento de las sanciones federales de Estados Unidos contra Cuba.
El proceso comenzó en septiembre de 2025, cuando Fernández advirtió públicamente que su oficina estaría “más atenta que nunca” a empresas que comercien con Cuba sin autorización federal. El funcionario, nacido en La Habana, afirmó entonces que conocía “quiénes son y dónde están” y que “no toleraría a los negocios que intenten beneficiarse participando ilegalmente en el comercio con la dictadura comunista asesina de Cuba”.
El 28 de octubre de 2025, la oficina de Fernández envió cartas a 75 empresas del condado solicitando documentación que demostrara que contaban con licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro o por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, tal como exige la legislación federal.
Revocación de licencias
De las 75 empresas notificadas, 48 respondieron satisfactoriamente y presentaron documentación suficiente o demostraron que no mantenían relaciones comerciales con la isla. Sin embargo, el resto no respondió dentro del plazo establecido.
El 25 de noviembre de 2025, la oficina envió una segunda notificación advirtiendo que el silencio sería interpretado como una posible falta de autorización federal. Ante la ausencia de respuesta, el 23 de diciembre se procedió a revocar el Impuesto Local para Negocios de 20 empresas, lo que las deja imposibilitadas de operar legalmente en Miami-Dade.
Miami-Dade revoca licencias a 20 negocios por presuntos vínculos comerciales con Cuba
Entre las compañías sancionadas figuran:
- Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)
- Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)
- AMZ Immigration and Multi-Services Corp.
- Yumury Envíos & Travel
- Via Blanca Multiservice Inc.
- Globi Envíos
- BM Envíos Cargo
- R&R Logistics
La mayoría son agencias de viajes, empresas de envíos y firmas de logística con operaciones en varias ciudades de la región.
Base legal de las acciones
Fernández ha justificado sus acciones citando la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Sección A-175.1 del Código del Condado de Miami-Dade, que autorizan al recaudador de impuestos a revocar o negar la renovación de licencias locales a negocios que mantengan vínculos comerciales con Cuba en violación de la ley federal.
El funcionario ha enfatizado que su oficina no tiene la facultad de cerrar negocios directamente, sino que ejecuta un proceso administrativo de revocación del Local Business Tax Receipt, un requisito indispensable para operar en el condado.
Demandas legales
La empresa de aviación Xael Charters Inc. presentó una demanda federal el 24 de diciembre de 2025 contra el condado de Miami-Dade y Fernández. La compañía, con sede en Coral Gables, sostiene que la medida infringe la Cláusula de Comercio Exterior de la Constitución de Estados Unidos y sus derechos al debido proceso, argumentando que la aviación internacional es regulada por autoridades federales y no debe estar sujeta a la jurisdicción local.
Xael Charters opera bajo una licencia federal otorgada en 1998 por el Departamento del Tesoro y ofrece vuelos a La Habana, Camagüey, Holguín y Santa Clara.
Asimismo, el propietario de Yumury Envíos & Travel defendió la legalidad de su negocio, asegurando que simplemente envía paquetería y ayuda a familias en Cuba, y atribuyó la suspensión de su licencia a un error administrativo porque la carta solicitando pruebas fue enviada a una dirección anterior.
“Las demandas no nos disuaden de cumplir con nuestro deber. Por el contrario, refuerzan la importancia de aplicar la ley de manera correcta y sin concesiones. La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade continuará poniendo a la gente de Miami-Dade primero, actuando cuando sea necesario y protegiendo en todo momento la seguridad y la integridad de nuestra comunidad”, dijo Fernández a través de un comunicado citado por El Nuevo Herald.
Acciones “políticas”
La medida ha generado críticas. Ricardo Herrero, del Cuba Study Group, calificó las acciones como “políticas” y las describió como “un fiscal drive-by”, argumentando que el problema radica en que muchas empresas operan bajo “licencias generales” federales que no emiten documentos específicos que puedan presentarse ante las autoridades del condado.
“Para muchos cubanoamericanos en Miami, estos negocios ofrecen una vía económica para mantener a sus familias en casa”, dijo Herrero. “En general, estos negocios existen porque son legales según las leyes y regulaciones estadounidenses. Leyes y regulaciones estadounidenses, fíjense, que los políticos del sur de Florida, en su momento, ayudaron a redactar”.
Por su parte, el abogado Augusto Maxwell, de Akerman, señaló que las decisiones sobre comercio con Cuba “no son realmente una decisión local“, sino que recaen en la OFAC, que tiene un conjunto de regulaciones que contemplan licencias generales.
“Realizar negocios con Cuba bajo estas autorizaciones del gobierno federal simplemente no requiere autorización adicional de los gobiernos estatales o locales”, dijo Maxwell. “Las leyes federales prevalecerán sobre esas disposiciones locales”.
“Si lo quieren resolver en las cortes…”
En entrevista con Univisión, Fernández defendió sus acciones y reiteró que continuará aplicando la ley “de manera transparente y sin ningún tipo de remordimiento”. El funcionario explicó que el proceso fue gradual, con dos notificaciones, y que las empresas que demostraron estar dentro de los parámetros legales no enfrentaron consecuencias.
“Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano“, afirmó Fernández, añadiendo que “el condado de Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener” al régimen.
El recaudador ha dejado claro que está dispuesto a enfrentar más demandas: “Si lo quieren resolver ante las cortes, no hay ningún problema. Yo fui electo para hacer cumplir la ley y eso es lo que estamos haciendo”.
Más recientemente, Fernández expresó “preocupación” por la participación de Cubamax Travel Inc., con sede en Hialeah, en el envío de remesas a Cuba tras conocerse que el Banco Central de Cuba autorizó a esta empresa a gestionar transferencias de dinero hacia la isla.
Fernández ha advertido que esto es “solo el comienzo” y que en las próximas semanas su oficina notificará a más negocios. Las investigaciones continuarán, y el funcionario ha prometido actuar “con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”.
