La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que su gobierno trabaja para reanudar el comercio de petróleo con Cuba, a través de empresas privadas mexicanas con permiso para exportar combustible a la isla, en una relación que distinguió expresamente de la ayuda humanitaria que México ya ofrece a la isla.
Al ser consultada en su conferencia matutina sobre si ya se había retomado el comercio petrolero entre ambos países, Sheinbaum indicó que su administración “trabaja en ello a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba”.
“Se está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial, no es un tema humanitario, sino de manera comercial”, detalló.
La mandataria precisó que ambas vías de cooperación seguirán activas en paralelo. “Lo humanitario sigue, el apoyo humanitario sigue. Ahora sería la parte de hidrocarburos, la parte comercial que tampoco se ha cerrado”, señaló, y vinculó explícitamente esa posibilidad a las reformas aprobadas la semana pasada por el Parlamento cubano.
“Con las nuevas medidas que aprobó el Congreso (Parlamento) y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba”, dijo.
La mandataria mexicana se refiere así al paquete de reformas aprobado el 18 de junio último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, con 176 propuestas agrupadas en 23 ejes que, entre otros cambios, eliminan las importadoras estatales que hasta ahora intermediaban el comercio exterior cubano y abren la posibilidad de que empresas privadas, nacionales y extranjeras, importen y exporten sin pasar por esa intermediación.
Cuba aprueba su mayor reforma económica en décadas, bajo la mayor presión de Washington
Es precisamente esa apertura la que permitiría a empresarios mexicanos con permisos de exportación operar de forma más directa con contrapartes cubanas, sin depender exclusivamente de los canales estatales que regían el comercio petrolero hasta ahora.
El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya adelantó en abril que su gobierno autorizó la importación de combustible por parte de entidades privadas, una posibilidad que antes no existía.
“Ha entrado una determinada cantidad, muy pequeña, porque no son grandes barcos; generalmente son encargos en isocontenedores, en pequeños recipientes, pero son cantidades que van permitiendo que un grupo de negocios particulares tenga vida”, explicó entonces el mandatario.
Esa cifra siguió creciendo, pues, en marzo, las importaciones de combustible del sector privado cubano desde Estados Unidos sumaban unos 30 mil barriles este año.
El caso Vanguard Energy y las sanciones contra Cupet
Las sanciones contra Cupet, anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, ilustran precisamente el tipo de obstáculo que cualquier comercio petrolero con Cuba —mexicano o de otro origen— deberá sortear.
El Departamento del Tesoro incluyó a la petrolera estatal cubana en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo el argumento de que la empresa administra activos vinculados a propiedades que, según Washington, fueron expropiadas a ciudadanos estadounidenses.
Rubio declaró entonces que “al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio”.
Condado de Miami-Dade revoca licencia de empresa que pretendía exportar petróleo a Cuba
El impacto de esa designación fue inmediato y afectó a empresas que ya tenían acuerdos en marcha para enviar combustible a la isla. La compañía estadounidense Vanguard Energy, con sede en Florida, suspendió el envío de 250 mil barriles de combustible a Cuba, un plan que contemplaba 100 mil barriles de gasolina y 150 mil de diésel cada 40 días, suficientes para cubrir unos 11 días de demanda, después de que Cupet fuera sancionada.
Su presidente, Matthew Klann, había presentado la iniciativa como un primer paso para demostrar que la participación privada en el mercado cubano de combustibles podía funcionar como alternativa, y aseguró que el acuerdo se alcanzó tras meses de conversaciones con autoridades tanto cubanas como estadounidenses.
El Departamento de Estado, sin embargo, negó públicamente que Vanguard contara con una licencia para esa operación, y el condado de Miami-Dade revocó poco después la licencia fiscal local de la empresa.
