Por David Alvarado, Universidade de Vigo
En una convención republicana celebrada en Dallas el pasado 9 de septiembre, Donald Trump prometió 5 000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido mantenía el control del Congreso en las elecciones de medio mandato. La Casa Blanca difundió la oferta al día siguiente por sus canales oficiales. Para efectuar el pago, el Congreso tendría que aprobar por ley los fondos necesarios. La promesa del jefe de Estado condiciona una ayuda pública a la victoria republicana, aunque por sí sola no acredite un delito de compra de votos.
El 3 de noviembre se renueva toda la Cámara de Representantes y parte del Senado. Trump intenta conservar la mayoría republicana en ambas cámaras para seguir validando sus iniciativas. Si los demócratas ganan una de ellas, podrán bloquear leyes e investigar al Gobierno, aunque no revocar por sí solos las políticas ya vigentes. Pero la disputa por ese control explica el interés presidencial en modificar ciertas disposiciones electorales.
La mayoría republicana de Texas aprobó en 2025 un nuevo mapa para la Cámara baja después de que Trump pidiese distritos más favorables a su partido. Quien diseña las circunscripciones puede dispersar a los votantes opositores o concentrarlos en pocos distritos para reducir sus escaños. Este tipo de manipulación se denomina gerrymandering, por Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts, que aprobó en 1812 un mapa que incluía un distrito con forma de salamandra. El Senado queda fuera, porque sus miembros representan al Estado entero.
Los tribunales y las reglas electorales
Un tribunal federal de tres magistrados bloqueó el rediseño texano el 18 de noviembre de 2025, al considerar que la raza había pesado de forma predominante en su configuración. El Supremo suspendió esa resolución el 4 de diciembre mediante una decisión provisional que cuestionó el razonamiento del tribunal inferior. Esa suspensión permite utilizar el mapa en estas elecciones, pero no resuelve definitivamente su legalidad.
En abril de 2026, en la sentencia Louisiana contra Callais, el Alto Tribunal reinterpretó además la sección 2 de la Voting Rights Act, la ley de 1965 que protege a las minorías contra la dilución de su voto. Esta protección permite impugnar distritos que reducen sus posibilidades de elegir representantes. Con la nueva interpretación, resulta más difícil demostrar ante un juez que el dibujo de los distritos perjudica a una comunidad por su origen racial y no por el partido al que vota. Esto estrecha una vía para impugnar mapas discriminatorios.
Trump también intentó endurecer las condiciones de acceso al voto. El formulario federal permite solicitar la inscripción electoral en casi todo el país. Una orden ejecutiva de marzo de 2025 exigía presentar pasaporte u otro documento de ciudadanía para utilizarlo, pero los tribunales bloquearon esa exigencia.
En enero de 2026, el Tribunal Federal de la capital recordó los límites del poder presidencial. Las reglas de las elecciones federales corresponden a los estados y al Congreso, por lo que el presidente no puede modificar unilateralmente esos requisitos de inscripción mediante una orden ejecutiva.
En marzo de 2026, otra orden de Trump dispuso que el servicio postal aprobase normas para impedir el envío de papeletas de quienes no figurasen en nuevas listas de votantes elaboradas por la agencia. Esta publicó las normas para aplicarla, pero en septiembre un juzgado de Massachusetts las bloqueó.
Esta vez el Supremo mantuvo el bloqueo. El Departamento de Justicia también reclamó listados estatales de electores con datos personales. El balance judicial publicado el 20 de octubre recoge asimismo el rechazo judicial a esas demandas de información, aunque algunas resoluciones siguen recurridas.
Qué cambia una mayoría demócrata
El cambio más inmediato se encontraría en las comisiones, que son los órganos que supervisan cada área del Gobierno. Quien tiene la mayoría decide qué se investiga y en qué orden, reclama documentos y cita a declarar a altos cargos. Una investigación parlamentaria no es un proceso penal ni puede imponer condenas, pero permite exigir explicaciones públicas a los responsables y deja constancia documental de sus decisiones. Estos instrumentos de control parlamentario permitirían a los demócratas examinar actuaciones que la mayoría republicana no hubiese querido investigar.
Un estudio sobre las investigaciones del Congreso entre 1947 y 2004 concluyó que estas eran más numerosas e intensas cuando la presidencia y la mayoría parlamentaria pertenecían a partidos distintos, aunque el efecto variaba según el contexto político. Indagar más no garantiza, sin embargo, obtener toda la información solicitada. El Ejecutivo puede negarse a entregar documentos o a facilitar testimonios. La Cámara puede acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de sus citaciones, pero esos litigios pueden retrasar las pesquisas y limitar sus resultados durante la legislatura.
Además, el Senado interviene en los nombramientos de miembros del gabinete, embajadores y jueces federales propuestos por el presidente, que necesitan su confirmación. Con mayoría demócrata, podría frenar esas designaciones, aunque no retirar las ya confirmadas. Ganar únicamente la Cámara de Representantes permitiría a los demócratas investigar y bloquear proyectos legislativos, pero no rechazar esos nombramientos. Si también conquistasen el Senado, podrían impedir la confirmación de nuevos candidatos de Trump. Ese poder afectaría a las vacantes que surgiesen, sin capacidad para anular las designaciones precedentes.
Los límites del veto y del presupuesto
Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, ya tiene preparada la agenda de su grupo si recupera la mayoría. Sus prioridades sanitarias incluyen recuperar las ayudas reforzadas para contratar seguros médicos de la reforma de Obama y revertir los recortes en Medicaid, el programa público de salud para personas con menos ingresos. Para convertirlas en ley necesitaría también la aprobación del Senado y la firma presidencial. Si Trump las vetase, harían falta dos tercios de los votos en cada cámara para superar su rechazo.
Incluso con mayoría en ambas cámaras, los demócratas encontrarían otro obstáculo en el Senado. La minoría puede prolongar el debate para impedir que un proyecto llegue a votarse. Para cerrar el debate suelen necesitarse 60 votos, aunque después baste una mayoría simple para aprobarlo. Los nombramientos no están sujetos a ese umbral, ni tampoco la reconciliación presupuestaria.
Los fondos ya aprobados imponen otro límite. El gran paquete fiscal de Trump, tramitado mediante reconciliación y firmado el 4 de julio de 2025, concedió al ICE, la policía migratoria federal, 29 850 millones de dólares adicionales, disponibles hasta septiembre de 2029 para contratar personal y otras actividades. Es solo una parte de la financiación de la agencia. La Cámara podría bloquear nuevos fondos, pero no retirar por sí sola los ya concedidos.
La izquierda socialista y los acuerdos demócratas
En Texas, el diputado estatal James Talarico disputa al fiscal general republicano Ken Paxton un escaño en el Senado. Una encuesta de la Universidad de Houston los situaba en empate técnico, con un 48 % y un 46 % de intención de voto, respectivamente. Talarico combina la crítica al poder económico con su fe cristiana y no pertenece a la izquierda socialista. En Kansas, otra contienda enfrenta al demócrata Adam Hamilton, pastor metodista, con el senador republicano Roger Marshall. Tradicionalmente conservadores, ambos estados ofrecen oportunidades para arrebatar escaños a los republicanos.
Dentro del Partido Demócrata, la izquierda socialista ha crecido alrededor del senador independiente Bernie Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York en 2025 dio proyección a un programa de alquileres regulados congelados, autobuses gratuitos y escuelas infantiles de acceso universal. En Denver, Melat Kiros derrotó en las primarias a Diana DeGette, congresista desde 1997. Apoyada por los Socialistas Democráticos de América, Kiros aspira a representar un distrito de fuerte mayoría demócrata.
En Míchigan, el médico musulmán Abdul El-Sayed ganó la candidatura demócrata al Senado con el apoyo de Sanders, aunque rechaza definirse como socialista. Los estudios sobre las primarias demócratas de 2026 sitúan la sanidad y la ayuda militar a Israel entre los asuntos que podrían dividir al futuro grupo parlamentario.
La cita del 3 de noviembre determinará la composición del Congreso que tomará posesión en enero. Hasta entonces seguirá decidiendo el saliente, incluido el siguiente acuerdo presupuestario, ya que el Gobierno tiene financiación hasta el 11 de diciembre de 2026. Si los demócratas ganan solo la Cámara de Representantes, podrán investigar al Gobierno y bloquear proyectos de ley. Si también ganan el Senado, podrán además rechazar nombramientos de Trump. Para cambiar las leyes necesitarán la firma del presidente o reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. Trump conservaría la presidencia y el veto, pero para aprobar nuevas leyes necesitaría negociar con la mayoría demócrata.
David Alvarado, Associate professor, Universidade de Vigo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
