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El próximo 9 de noviembre entrará en vigor en Cuba el proceso de adelgazamiento de la estructura ejecutiva del Estado más amplio de las últimas décadas, en momentos en que el país intenta mover su encallado modelo económico hacia los resortes del mercado bajo los cerrojos petroleros y financieros de Estados Unidos.
La reforma, formalizada mediante la Ley 186 “De Organización de la Administración Central del Estado”, recorta de 27 a 21 los organismos centrales de la administración y rediseña el mapa ministerial cubano con la promesa oficial de disminuir la burocracia y aumentar la eficiencia.
Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva arquitectura gubernamental ha estado acompañada de una intensa polémica, especialmente por la desaparición del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), una decisión que ha provocado críticas de científicos, académicos y especialistas.
La norma fue publicada el 2 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República y establece una transición que podrá extenderse hasta un año para completar el traslado de competencias, recursos y personal entre las nuevas entidades.
Un Estado menos obeso y más concentrado
La reforma forma parte de un proceso anunciado desde abril por el presidente Miguel Díaz-Canel y posteriormente respaldado por el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según la argumentación oficial, el objetivo es adecuar la estructura estatal a las condiciones económicas actuales del país, eliminando duplicidades y simplificando cadenas de decisión.
Entre las principales modificaciones figura la reorganización de las funciones económicas y financieras del Estado, articuladas en torno al Ministerio de Economía y Finanzas, que pierde el nombre de Planificación y que asumirá competencias vinculadas a la planificación económica, las finanzas públicas, el presupuesto estatal y la política tributaria.
También nace el Ministerio de Agricultura y Alimentación, que concentrará bajo un mismo paraguas las actividades relacionadas con la agricultura, la industria alimentaria, la pesca y el sector azucarero, tradicionalmente repartidas entre diferentes organismos.
Otro de los nuevos actores institucionales será el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, encargado de asumir funciones vinculadas al urbanismo, la vivienda, los recursos hidráulicos y la protección ambiental.
La nueva estructura incorpora, además, los ministerios de Educación Superior, Ciencia e Innovación; Industrias y Construcción, e Información y Comunicación Social, este último responsable de la política estatal de comunicación, publicidad, patrocinio y determinados procesos asociados a los medios de comunicación.
Desde 2021 existía el Instituto de Información y Comunicación Social, sucesor del extinto Instituto Cubano de Radio y Televisión. “El alcance práctico de la transformación dependerá ahora de las normas complementarias, de la estructura interna que se apruebe para la nueva cartera y de la manera en que se produzca el tránsito desde el actual Instituto de Información y Comunicación Social”, ha publicado el portal Cubaperiodistas.
Junto a los 20 ministerios previstos, el Banco Central de Cuba mantendrá su condición de organismo de la Administración Central del Estado, encabezado por un ministro-presidente.
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Los plazos de la reorganización
La Ley 186 establece que la entrada en vigor ocurrirá apenas siete días después de su publicación, un plazo significativamente menor al contemplado en versiones previas del proyecto.
Los titulares de los organismos deberán presentar en los primeros 30 días naturales sus cronogramas de implementación al primer ministro Manuel Marrero. A partir de entonces comenzará un proceso gradual de reorganización que podrá prolongarse durante doce meses.
Durante ese periodo deberán ejecutarse los traspasos de competencias y la redistribución de recursos humanos, materiales y financieros hacia las nuevas estructuras.
Aunque la legislación detalla los aspectos organizativos, no especifica cuál será el destino individual de los trabajadores afectados por las fusiones o desapariciones institucionales.
El tema resulta especialmente sensible tras los anuncios realizados meses atrás sobre la eliminación de más de 92.000 plazas administrativas en organismos como Salud Pública, Educación, Cultura y el sistema deportivo.
Las autoridades sostuvieron entonces que una parte importante de esas plazas se encontraba vacante, pero la incertidumbre laboral sigue formando parte del debate asociado al proceso de restructuración estatal.
El punto más polémico: la desaparición del CITMA
Si bien la reducción del aparato administrativo fue presentada como una medida técnica orientada a ganar eficiencia y reducir costos, la eliminación del CITMA terminó convirtiéndose en el foco principal de las controversias.
La reforma divide las competencias históricamente concentradas en ese ministerio entre dos nuevas carteras: el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación y el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.
Para numerosos especialistas, la decisión rompe una institucionalidad construida durante décadas alrededor de la relación entre ciencia, innovación tecnológica y gestión ambiental.
Las críticas se han centrado en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, científicos y trabajadores del sector afirman que la medida fue adoptada sin un proceso amplio de consulta. Algunos especialistas señalaron públicamente que no existieron mecanismos formales para recoger opiniones de los colectivos afectados antes de aprobar la desaparición del organismo.
Entre las voces más visibles se encuentra la del jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, quien calificó la decisión como un “grave error” y cuestionó la ausencia de estudios públicos que justificaran técnicamente los beneficios de la transformación.
Otro de los cuestionamientos apunta a la separación de funciones que anteriormente convivían dentro de una misma estructura ministerial.
Expertos del sector científico advierten que ámbitos como la seguridad radiológica, la energía nuclear, la prevención de riesgos naturales y la investigación ambiental requieren elevados niveles de coordinación institucional. Su dispersión en organismos diferentes podría, según estos criterios, afectar la articulación de políticas públicas en áreas estratégicas.
El debate resulta particularmente relevante para un país expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, afectaciones costeras vinculadas al cambio climático y desafíos energéticos que exigen una estrecha interacción entre investigación científica y gestión gubernamental.
Preocupaciones internacionales
A las críticas internas se suman preocupaciones relacionadas con la proyección internacional de Cuba en materia ambiental y científica.
Académicos y organizaciones vinculadas al sector han expresado inquietud por la pérdida de un interlocutor institucional único ante organismos y convenios internacionales. Entre las preocupaciones mencionadas figuran posibles dificultades para la representación del país en programas multilaterales relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad ambiental o la cooperación científica.
También se ha señalado que la fragmentación de competencias podría complicar la gestión de fondos internacionales destinados a proyectos ambientales, adaptación climática e investigación científica.
