Autoridades de La Habana promueven la aplicación de “medidas ejemplarizantes” ante las violaciones de los precios establecidos por el gobierno, en momentos en que Cuba acusa los efectos de la pandemia de coronavirus en su ya golpeada economía.
“El momento actual demanda ser implacables, ante la creciente tendencia de timar al cliente en el trinomio precio-peso-calidad”, aseguró Orestes Llanes, coordinador del Programa de Fiscalización y Control del gobierno habanero.
“Tal ha sido el reclamo de las autoridades de la capital y nada ni nadie debe quedar excluido si contraviene lo establecido. Como respuesta, se aplican decretos especiales a partir de una disposición del Gobernador de la ciudad; asimismo, los expedientes que lo requieren son presentando ante los tribunales y las decisiones adoptadas con prontitud”, explicó Llanes, citado por Tribuna de La Habana.
En consecuencia, hasta la fecha han sido aplicadas más de 17 mil acciones de control, “que abarcan imposición de multas, retiro de licencias y del permiso de arrendamiento de locales estatales, que se han tomado en la capital ante el intento de algunos de violar los precios establecidos”, refiere la publicación, que asevera que los municipios con más violaciones detectadas son Centro Habana y La Habana Vieja.
No obstante, en el caso de las entidades estatales se trata de “una batalla fuerte”, según reconoció Eliezer Almarales, directivo de la La Dirección Integral de Supervisión y Control (Disc) en la capital cubana.
Almarales señaló que “la vigilancia es estricta en las tiendas en divisa por expender productos de gran demanda”, pero acotó que no siempre los infractores son sancionados con la fuerza requerida y muchos vuelven a cometer violaciones.
“Siempre exigimos severidad, pero es una batalla fuerte, pues corresponde a los órganos de dirección de los centros estatales definir las medidas, pero entonces sacan a relucir atenuantes, como el tiempo del trabajador en el sector sin cometer violaciones, y solo aplican amonestaciones; la mayoría vuelve a transgredir los precios”, explicó, y dijo que “en numerosas ocasiones, cuando se aboga por la separación definitiva o cambio de puesto, los infractores reclaman ante el órgano de justicia laboral y se descarta la sanción”.
“Deben ser medidas ejemplarizantes”, insistió.
Cuba: Enseñanzas que deja este “coma inducido” en la econonomía
En cuanto a los infractores del sector privado, el directivo comentó que “se han agilizado los trámites y directamente se les aplican multas o las leyes oportunas”.
Sobre los llamados cuentapropistas, Tribuna recuerda que actualmente están vigentes dos listados de precios: “uno para cuentapropistas, carretilleros y concurrentes en mercados de oferta-demanda, y otro para mercados agropecuarios estatales y del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT)”, entre los que la diferencia “no es muy notable”.
El medio asegura que “los particulares justifican el alza del monto a pagar por sus mercancías en que sus proveedores también han encarecido las ofertas, y que el Estado tampoco les asegura ni cantidad ni variedad”, una realidad a la que, considera, “le urgen soluciones para que no cierren más negocios”.
En su enfrentamiento a las ilegalidades y violaciones, no solo relacionadas con los precios sino también con la higiene comunal, el transporte privado y la manipulación de alimentos, entre otros aspectos, la Disc habanera debe lidiar por demás con problemas internos como una plantilla “apenas cubierta en un 40 por ciento debido al serio proceso de selección y captación de sus inspectores”, y las denuncias de integrantes que “incurren en falta de profesionalidad, o se dejan sobornar”.
Por tal motivo, sus directivos afirman que “el apoyo del pueblo sigue siendo la clave en la detección de un gran número de violaciones”, aunque apuntan que “en no pocas ocasiones se inspecciona el desempeño de un carretillero, por citar un ejemplo, y los clientes se enojan por interrumpir la cola”.
Cuba atraviesa una compleja situación económica, reforzada por las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y el impacto de la Covid-19, lo que ha llevado al gobierno de la Isla a ajustar su plan de la economía para este año y a tomar un grupo de medidas para mantener las producciones fundamentales y los servicios básicos, y a paliar en lo posible la caída de sectores claves como el turismo.
