Getting your Trinity Audio player ready...
|
Inmediatamente después de su asunción como el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio la orden de llevar a efecto una de las promesas más controvertidas de su campaña: deportaciones masivas de inmigrantes.
Al cuarto día de la nueva era Trump, las autoridades estadounidenses detuvieron a 558 inmigrantes indocumentados y deportaron otros cientos que estaban detenidos desde la Administración Biden.
En busca de un impacto mediático global, la Administración autorizó el uso de aviones militares para deportaciones. Desde el Pentágono se anunció que estos trasladarían a aproximadamente 5 mil personas que habían estado detenidas desde el mandato de Biden. Los primeros destinos fueron México, Guatemala, Brasil y Colombia.

El Gobierno de Brasil exigió explicaciones a Estados Unidos por el “tratamiento denigrante” de sus nacionales al ser repatriados. Un vuelo militar con deportados hacia México no pudo despegar desde Texas debido a que el Gobierno de Claudia Sheinbaum negó el permiso de aterrizaje. Asimismo, otros dos aviones militares estadounidenses con deportados colombianos a bordo tuvo que dar la vuelta sin aterrizar, ya que el presidente Gustavo Petro prohibió su ingreso. “Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno antes de que los recibamos”, escribió Petro entonces en X.
La tensión entre Petro y Trump resonó en todos lados, pero en menos de 24 horas, mediante gestiones diplomáticas, las diferencias se resolvieron y los colombianos finalmente llegaron a su país en dos aviones para pasajeros de la Fuerza Aérea Colombiana.

El último escándalo relacionado con el tema fue la forma brutal en que inmigrantes venezolanos presuntamente pandilleros fueron trasladados a cárceles de El Salvador; desoyendo la orden de un juez. De nuevo el golpe de efecto, reforzado por grabaciones con drones y encuadres dignos de cualquier filme de acción. Con la diferencia de que se trata de personas reales, privadas de su dignidad, y cuya culpabilidad no ha sido siquiera demostrada. De hecho, el propio Gobierno debió reconocer que al menos uno de ellos había sido enviado allí “por error”.
Protocolo de deportación
Las imágenes de las últimas semanas me hicieron evocar una breve pero intensa experiencia reporteril en la frontera entre Estados Unidos y México, en julio de 2024.
“Les pedimos que, en caso de grabar videos o tomar fotos y publicarlas, esperen al menos 2 horas tras la llegada del vuelo a su destino para asegurarnos de que el traslado se haya realizado de manera segura. Que en las fotos y videos no salgan los rostros de los deportados ni del personal que los asiste”, instruyó una vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a un grupo de periodistas que presenciamos uno de los 12 vuelos de deportación semanales que entonces despegaban desde el aeropuerto de Harlingen, Texas, hacia varias partes del mundo.
En esa ocasión, cuatro autobuses llegaron a la pista y se detuvieron a pocos metros de la escalerilla del avión. La aeronave era un jet comercial “con los mismos asientos y condiciones de un avión de línea”, aseguró la funcionaria. Unos 130 migrantes colombianos, en su mayoría jóvenes, descendieron de forma ordenada, primero los hombres y luego las mujeres. Todos iban esposados de pies y manos con cadenas abdominales, sin cinto ni cordones en los zapatos.
Antes de abordar el avión, fueron sometidos a revisiones exhaustivas por parte de agentes de ICE, desde el cabello hasta la suela de los zapatos.

La vocera de ICE explicó que aquellos deportados habían pasado por distintos procesos dentro del sistema migratorio. Algunos habían cruzado la frontera de forma irregular poco tiempo antes, otros habían vivido en EE. UU. por años y algunos venían de cumplir condenas en centros de detención.
“Independientemente de cómo llegaron, todas estas personas han tenido la oportunidad de comparecer ante un juez. En los casos en los que el juez determinó que no contaban con pruebas suficientes para permanecer en el país, se ordenó su deportación. También hay reincidentes con órdenes previas. No todos han comparecido recientemente ante un juez, pero en todos los casos ya existe una orden de deportación en su contra”, aseguró.

En Estados Unidos el migrante tiene derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración. Dependiendo de la situación, puede solicitar asilo, apelaciones o alivios migratorios. Si el juez determina que no existen fundamentos para su permanencia en el país, se emite una orden final de expulsión, que puede ejecutarse de inmediato o tras un proceso de apelación. Hay quien recibe orden de deportación expedita, lo que significa poder ser expulsadas sin un proceso judicial completo.
A partir de ahí, ICE se encarga. La división de transporte aéreo de la agencia traslada a los deportados en vuelos comerciales o chárter (un vuelo comercial, si el número de deportados es reducido. Un vuelo chárter para deportaciones masivas). Los vuelos militares solían ser usados en casos excepcionales, para enviar un mensaje de disuasión o si existen razones logísticas especiales.

Generalmente, los migrantes son llevados desde aeropuertos locales a cuatro centros en la frontera suroeste: Mesa (Arizona), Alexandria (Luisiana), San Antonio y Harlingen (Texas). Desde allí, son embarcados en aviones alquilados por ICE Air Operations con destino a sus países de origen.
En estos vuelos, los pasajeros no pueden llevar equipaje de mano. Se les permite portar una mochila o bolso de hasta 40 libras en la bodega. Como medida de seguridad, todos son esposados, independientemente de su historial. (Los niños y sus acompañantes están exentos de estas restricciones). Esta práctica responde a la necesidad de seguridad dentro del avión, donde un reducido grupo de oficiales y médicos supervisa y acompaña en el trayecto a los pasajeros. Durante el vuelo, los deportados reciben atención médica, comida y agua, y pueden usar el baño. “Una vez que el avión despega, las restricciones pueden flexibilizarse y, en ocasiones, se retiran las esposas para mayor comodidad”, agregó entonces la vocera de ICE.
El uso de esposas en los procedimientos de deportación varía entre países. La diferencia de los enfoques hacia la seguridad tienen en cuenta no vulnerar los derechos humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha normalizado el empleo de este dispositivo. En algunos países, como los de la Unión Europea, se rigen por el Pacto Europeo de Migración y Asilo que establece normas para gestionar la migración.

Hay acuerdos internacionales que buscan asegurar un trato digno a los repatriados; así, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en un comunicado que “el uso indiscriminado de esposas y grilletes viola los términos del acuerdo con Estados Unidos, que prevé el tratamiento digno, respetuoso y humano de los repatriados”.
En otros países, como los de la Unión Europea, se rigen por el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un acuerdo que establece normas para gestionar la migración.

La funcionaria destacó que cada vuelo requiere gestiones logísticas y diplomáticas, incluso con países con los que Estados Unidos mantiene relaciones tensas, como Cuba y Venezuela. Aunque ninguna nación está obligada a recibir estos vuelos, generalmente se mantiene una cooperación fluida en dicha materia.
Aunque la “deportación masiva” ha sido anunciada, su implementación enfrenta desafíos logísticos y financieros que dificultan su materialización inmediata. Con 11 millones de migrantes indocumentados en EE. UU., de los cuales menos del 4 % tiene antecedentes penales y la mayoría ha residido en el país por más de cinco años, la retórica agresiva de Trump sigue generando incertidumbre y temor dentro y fuera del territorio estadounidense.