Es el paquete de rescate económico más grande de la historia estadounidense, el de 2,2 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo. Y ahora, al agravarse la pandemia, resulta penosamente claro que era apenas el inicio.
Con nuevos picos alarmantes de la COVID-19 y las cifras crecientes de muertos, el ciclo devastador de la pandemia se repite y deja al Congreso con escasas opciones para un nuevo y oneroso rescate. Se cierran negocios, las escuelas no pueden reabrir plenamente, desaparecen los empleos, al tiempo que se agotan los fondos federales de emergencia. A falta de un plan federal eficaz para controlar la pandemia, el Congreso reanuda sesiones sin un final de partida a la vista.
“No va a desaparecer por arte de magia”, dijo con aire sombrío el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell., durante una visita a un hospital en su estado, Kentucky, para agradecer a los que trabajan en la primera línea de lucha contra el mal.
Los legisladores regresarán el lunes a Washington para tratar de alejar el país del borde del precipicio. Mientras la Casa Blanca opta por tercerizar las tareas de testeo y prevención a los estados, la ausencia de una intervención federal obliga a las cámaras a tratar de elaborar un nuevo proyecto de paquete de ayuda.
Es un emprendimiento colosal, políticamente impopular, pero la alternativa es peor. Los expertos pronostican un panorama más crítico para fines de año e inicios del próximo. El doctor Anthony Fauci, el principal funcionario en materia de enfermedades infecciosas, dice que Estados Unidos debe “movilizarse”.
McConnell se apresta a presentar su proyecto de más de un billón de dólares, aunque reconoce que no goza de pleno apoyo. La Casa Blanca ya ha sugerido cambios, los republicanos están divididos y las discrepancias con los demócratas amenazan con frustrar todo el esfuerzo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ya logró la aprobación de un paquete más amplio de 3 billones de dólares para reforzar el testeo, mantener la ayuda y fijar nuevas normas de salubridad y seguridad para la reapertura de escuelas, tiendas y lugares de trabajo.
Dijo recientemente que recuerda con nostalgia una época anterior de los republicanos en la Casa Blanca, cuando a pesar de las diferencias, incluso con el presidente Richard Nixon, que renunció ante la posibilidad de un juicio político, “al menos compartíamos el compromiso de gobernanza de nuestro país”.
Es mucho lo que está en juego para los partidos de cara a la elección de noviembre, pero mucho más para el país, que supera al resto del mundo en contagios y muertes. El viernes dos expresidentes de la Reserva Federal exhortaron al Congreso a hacer un esfuerzo mayor.
“Se agota el tiempo”, dijo Pelosi.
Los casos de coronavirus sumaban algunos cientos en marzo, cuando el Congreso empezó a ocuparse de los gastos de emergencia. Para fines de mes, cuando aprobó el paquete de 2,2 billones de dólares, el total de casos había superado los 100.000 y las muertes los 2.000.
Las cifras actuales son de más de 139.000 muertes y más de 3,6 millones de casos confirmados.
El virus que llegó en primer término a Nueva York, California y las grandes ciudades, ahora azota localidades grandes y pequeñas, urbanas y rurales, arrasando sin control el sur, el oeste y más allá.
Los camiones refrigerados que servían como depósitos de cadáveres en hospitales de Nueva York aparecen ahora en Arizona. La movilización de unidades médicas militares para ayudar al personal sanitario superado por los acontecimientos se ha trasladado a Texas.
Al mismo tiempo que el ciclo feroz de la pandemia vuelve a empezar, se agotan los fondos del primer paquete de ayuda.
Un agregado de 600 dólares semanales a las percepciones por desempleo vence al fin de julio, lo mismo que la prohibición federal de ejecutar millones de desalojos de viviendas alquiladas.
A pesar de algunas señales tenues de mejora de la economía al mitigarse las cuarentenas en mayo y junio, la tasa de desempleo continúa en los dobles dígitos, más alta que en cualquier momento de la Gran Recesión de la década pasada.
El proyecto de Pelosi, aprobado en mayo, asigna 75.000 millones de dólares al testeo y rastreo para tratar de contener el contagio, 100.000 millones para la reapertura de escuelas y 1 billón a los estados en estado de iliquidez que suplican fondos para pagar a los trabajadores esenciales y evitar los despidos. La medida daría dinero en efectivo a la gente y reforzaría las protecciones para los que pagan alquileres e hipotecas.
McConnell apretó el botón de “pausa” después del paquete anterior ya que los republicanos esperaban un rebote de la economía que haría innecesaria mayor ayuda. Ahora reconoce que la intervención adicional es necesaria.
El centro de su proyecto es un artículo para prevenir lo que llama una “epidemia de demandas” contra empresas, escuelas y proveedores de atención de la salud. Este prevé hasta 75.000 millones de dólares para las escuelas, una nueva ronda de pagos directos de 1.200 millones de dólares a la gente y subsidios para la atención médica. También habría créditos impositivos para ayudar a las empresas a sobrellevar el costo de reapertura de tiendas, oficinas y otras instalaciones.
McConnell reconoce que será difícil lograr la aprobación de este paquete.
En los dos meses transcurridos desde la aprobación del proyecto de Pelosi, se han registrado 50.000 decesos y 2 millones de contagios.
“Si no invertimos el dinero ahora, será mucho peor”, dijo Pelosi.
