Redacción OnCuba
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, encargado de la legislación de carácter internacional, dio este martes su respaldo a un proyecto de ley para impedir al Gobierno de su país normalizar las relaciones con Cuba “hasta que se restituya la democracia en la isla”.
El proyecto, impulsado por la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, pide prohibir a la Administración, en el presente y el futuro, retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo mientras que no se realicen “elecciones libres y justas” en Cuba, entre otras condiciones.
El Comité de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de ley FORCE, de la Congresista @MaElviraSalazar, que busca impedir a cualquier presidente de EEUU quitar al régimen cubano de la lista de países patrocinadores de terrorismo, "hasta que no sea una democracia constitucional". pic.twitter.com/1SRijMTNBF
— Americano Media (@AmericanoMedia) March 28, 2023
La legislación también fue introducida en el Senado estadounidense por los legisladores republicanos Marco Rubio y Rick Scott.
Su aprobación en el Comité de Exteriores de la Cámara Baja se realizó con apoyo bipartidista, dijo la oficina de la congresista Salazar en un comunicado.
Además de exigir la celebración de lo que los auspiciadores consideran elecciones transparentes, la ley pondría como requisito para la normalización de las relaciones que las autoridades cubanas liberen a todos los presos políticos y permitan a organizaciones internacionales de derechos humanos realizar investigaciones en cárceles cubanas.
Según un reporte de Radio Televisión Martí, el republicano Michael McCaul, presidente de este Comité del Senado, dijo: “Además de albergar a terroristas de América Latina, Cuba está aliada con los adversarios de Estados Unidos, incluidos Rusia y China. El gobierno cubano sigue al unísono con estos actores malignos que buscan alterar el equilibrio de poder global y Cuba continúa apoyando a la brutal dictadura de Venezuela”.
En otro sentido se manifestó el demócrata Gregory Meeks, miembro de Alto Rango del Comité, para quien “no ser una democracia no es criterio para permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo”.
De ser exitoso el camino legislativo que todavía debe serguir el proyecto de ley, el presidente Biden tendría prácticamente las manos atadas si quisiera iniciar un camino de normalización con Cuba, puesto que la prerrogativa para esto caería en el Congreso.
El pasado jueves el secretario de Estado Antony Blinken descartó retirar por ahora a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que fue incluida nuevamente por Donald Trump (2017-2021) durante los días finales de su mandato.
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En el mismo Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el funcionario respondió que la Administración no planea “sacarlos de la lista”. Así aseveró tras los cuestionamientos que le hiciera, precisamente, la congresista Salazar durante una audiencia.
Cuba fue incluida por primera vez en esa lista en 1982 durante la administración del presidente Ronald Reagan, quien esgrimió como motivo el apoyo a grupos en América Latina calificados como terroristas por el Gobierno de Estados Unidos.
En mayo de 2015, durante el mandato de presidente Barack Obama (2009-2017) se reconsideró esa postura como parte del “deshielo” en las relaciones entre las dos naciones.
Pero en enero de 2021 Trump volvió a incluir a Cuba en el listado, supuestamente por rechazar la solicitud de extradición de Colombia de miembros del ELN, que reivindicó la autoría de un atentado con coche bomba en 2019 contra una academia de policía en Bogotá, y por albergar a exiliados estadounidenses.
Entre otras consecuencias, la presencia de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo deriva en limitantes para todo lo relacionado con ayuda humanitaria, negocio, inversión, comercio y transacciones que impliquen la participación del país, generando daños a sus ciudadanos, de acuerdo con un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Además, a cubanos con ciudadania extranjera o residentes en la Unión Europea se les ha negado o cancelado los beneficios del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) a Estados Unidos, y algo similar ha sucedido con sus cuentas bancarias al ser considerados, por su nacionalidad, clientes de “alto riesgo”.
La inclusión selectiva en el listado también le ha creado dificultades adicionales al Gobierno cubano para el acceso a financiamientos. Muchos bancos, temerosos de ser acusados de instigar el terrorismo y de las cuantiosas multas que conlleva una infracción, “se niegan a procesar pagos cubanos y han congelado los fondos para actividades religiosas y humanitarias permitidas, lo cual exige una licencia adicional”, destaca el reporte de WOLA.
“La designación de un país como Estado patrocinador del terrorismo debería depender de si ese país está realmente patrocinando el terrorismo, tal como se define en la ley que creó la lista de terrorismo, no de si un país cumple con las muchas condiciones políticas y económicas de la Ley de Libertad de Cuba de 1996 y la Ley de Solidaridad Democrática. De lo contrario, la lista de terrorismo no tiene sentido”, declaró sobre este tema para OnCuba William LeoGrande, profesor de la American University y experto en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Efe/OnCuba
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