La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar dos casos relacionados con la confiscación de propiedades en Cuba, incluyendo una demanda de Exxon Mobil por su refinería y otra de Havana Docks contra líneas de cruceros por el uso de un muelle en La Habana.
La apelación de Exxon, presentada tras la expropiación de su refinería, terminales y 117 estaciones de servicio tras el triunfo de la revolución en 1959, busca una compensación que, con intereses y daños triplicados, podría superar los miles de millones de dólares, reporta CNN.
En 1969, una comisión estadounidense certificó las pérdidas de Standard Oil (hoy Exxon) en 72 millones, parte de los 1900 millones en reclamaciones por 6 mil personas y empresas.
La demanda, habilitada por la decisión de la Administración Trump en 2019 de levantar la suspensión de la Ley Helms-Burton de 1996, enfrenta obstáculos legales por la inmunidad de gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, un punto que Exxon pide clarificar, agrega el medio.
Por otro lado, Havana Docks reclama cientos de millones de dólares a líneas de cruceros que, entre 2015 y 2019, usaron un muelle construido por la empresa en 1905, confiscado por Cuba tras la Revolución.
La compañía alega que las líneas pagaron al gobierno cubano al menos 130 millones de dólares sin su autorización. Las navieras argumentan que el acuerdo original expiró en 2004, antes de sus operaciones en 2016.
“El gobierno cubano nunca pagó ninguna compensación por las propiedades confiscadas”, afirmó Jeffrey Wall, abogado de Exxon, al destacar décadas de espera por justicia.
Sin fechas
La Corte Suprema aún no ha fijado fechas para las audiencias, y las decisiones podrían tener implicaciones globales, según advirtió Corporación Cimex, entidad cubana demandada.
En 2019, el Gobierno cubano pidió ante un tribunal en Washington D. C. que desestimara la demanda interpuesta por Exxon contra dos entidades de la Isla.
El pedido cubano aducía que el tribunal carece de jurisdicción para llevar a cabo un juicio de esta naturaleza porque la demanda de Exxon no se encuentra abarcada por la Ley Helms-Burton, bajo la cual ha sido encuadrada.
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Esto se debe a que las empresas cubanas acusadas, aunque puedan administrar las propiedades nacionalizadas, no obtienen compensaciones financieras fuera de la Isla por su uso.
La Helms-Burton autoriza a los estadounidenses que fueron dueños de propiedades nacionalizadas después de enero 1959, con un valor superior a 50 mil dólares, a demandar en tribunales de Estados Unidos apenas a las empresas extranjeras que utilicen esas propiedades y paguen al gobierno cubano por la prestación de esos servicios. Además, las demandas deben estar certificadas por el gobierno estadounidense.
