Carlos Alzugaray TretoEl pasado 21 de abril tuvieron lugar en Washington conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos. Fue la primera vez desde el 2018 que diplomáticos de alto nivel de ambos países se sentaron a negociar, como reconoció el propio Departamento de Estado en su comunicado posterior al respecto. Este hecho ha puesto sobre el tapete la cuestión de si ello significa el fin del congelamiento de los intercambios diplomáticos entre ambos gobiernos, aplicado por la administración de Donald Trump desde el primer año de su mandato o si es un fenómeno aislado que obedece a la dinámica política doméstica norteamericana.
Es una premisa comúnmente aceptada en la práctica de las relaciones internacionales que la diplomacia, tanto bilateral como multilateral, es un instrumento insustituible para que un Estado logre materializar sus intereses nacionales, sobre todo cuando se trata de alcanzar acuerdos sobre temas conflictuales de interés mutuo con países vecinos, como lo es en este caso. Eso, por supuesto, es cierto sobre todo si se quiere evitar la escalada en situaciones que afecten la seguridad o la estabilidad nacional, regional o global.
Esto último es lo que está sucediendo con el incremento de la emigración ilícita cubana hacia Estados Unidos en los últimos meses. La situación actual no es inédita. Ya sucedieron picos migratorios anteriormente en 1980 (Mariel) y 1994 (llamada Crisis de los Balseros). Al igual que durante este último, la combinación perversa de una crisis socioeconómica interna, unida a un incremento de las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas y a la ya establecida política de estímulo a las salidas ilegales de Cuba y a la entrada desordenada en territorio estadounidense, han producido una situación preñada de inestabilidad y peligros que afectan no sólo a los individuos sino a ambos países en su conjunto y a toda la región.
En la historia del conflicto entre Cuba y Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución en 1959, no ha habido mucho espacio para que la diplomacia juegue el papel que debe jugar. La causa de ello, sin duda, ha estado en la política norteamericana de buscar imponer un cambio de régimen en La Habana contra la voluntad del pueblo cubano. Han sido pocos los momentos en que entre ambos países han existido vínculos e intercambios diplomáticos normales. Cuando los ha habido, ambas partes se han beneficiado. Aunque ha existido instancias de intercambios secretos, como han demostrado los norteamericanos William Leogrande y Peter Kornbluh en su conocida obra Diplomacia Encubierta con Cuba, la tendencia que ha prevalecido es pretender que Estados Unidos puede minar la legitimidad del gobierno cubano negándose a sentarse con sus representantes en la mesa de negociaciones.
Esta posición retrógrada, arrogante y contraproducente fue claramente expresada por los 3 congresistas estadounidenses de origen cubano (María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez) en la carta que le dirigieron al secretario de Estado Anthony Blinken el propio 21 de abril oponiéndose a que se realizaran conversaciones migratorias entre ambos países. En ella alegan que llevarlas a cabo es “legitimar un régimen ilegítimo”. Para esta visión de la política exterior norteamericana, no tiene importancia para nada que más de 190 estados mantengan relaciones diplomáticas con Cuba ni que el gobierno cubano demuestre una y otra vez que sus más importantes iniciativas políticas y legislativas sean apoyadas o al menos aprobadas por una clara mayoría de ciudadanos, como en el caso del referendo constitucional del 2019. Tampoco importa que, a pesar de dificultades y errores, el gobierno cubano es uno de los que mejor ha manejado su enfrentamiento a la COVID-19.
En este caso, al igual que en ocasiones anteriores, la existencia de una crisis obligó a Estados Unidos a tomar la iniciativa y solicitar las conversaciones diplomáticas que tuvieron lugar el 21 de abril, tal y cómo se había anunciado. Ambos gobiernos emitieron sendos comunicados al respecto. Se pueden leer aquí y aquí.
Quedó claro que con este paso se reiniciarían las conversaciones diplomáticas regulares, como pronosticó que podría suceder el Secretario norteamericano de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Lo que la parte norteamericana no esclareció es si tomará las medidas necesarias para restablecer los acuerdos migratorios, lo que implicaría que la Sección Consular de su Embajada en la Habana ofrezca todos los servicios usuales a ciudadanos cubanos.
El pronunciamiento del Departamento de Estado se caracteriza por la casi ausencia de propaganda anti cubana, el reconocimiento de la vigencia de los acuerdos migratorios alcanzados por vía diplomática desde 1995, la reiteración de que se abrirán parcialmente los servicios consulares de la Embajada en la Habana (cerrados arbitrariamente en el 2017 alegando unos “ataques sónicos” que nunca pudieron ser probados) y por la afirmación siguiente:
“La delegación estadounidense destacó las áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó los problemas que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los Acuerdos. La participación en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de mantener conversaciones constructivas con el Gobierno de Cuba cuando sea apropiado para promover los intereses de los Estados Unidos. Estas conversaciones representan las primeras conversaciones del Acuerdo Migratorio entre Estados Unidos y Cuba desde 2018.”
El comunicado cubano denunció todos los incumplimientos norteamericanos, lo cual se explica porque ha sido Estados Unidos el que ha quebrantado los acuerdos, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales y se ha negado a mantener las conversaciones en varios terrenos pactadas con la administración Obama en 2014-2017. La parte cubana ha insistido en varias ocasiones que está dispuesta a reanudar el proceso de normalización acordado. La administración Biden se ha negado a hacerlo y ha utilizado todo tipo de excusas para ni siquiera cumplir con las promesas de campaña que hizo el propio presidente en el 2020.
El 26 de abril, unos días después de las conversaciones, el presidente Miguel Díaz Canel explicitó nítidamente la posición cubana en su discurso de clausura del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: “Es positivo que se hayan retomado las rondas de conversaciones migratorias, pero ello no es suficiente. Estados Unidos debe cumplir sus compromisos con los acuerdos migratorios vigentes”. Indicó así que el gobierno cubano seguirá negociando diplomáticamente pero que exigirá el respeto por su soberanía e integridad. Al mismo tiempo, aclaró: “Cuba ha cumplido con exactitud sus compromisos con los acuerdos migratorios, y con la ayuda del pueblo seguiremos cumpliendo y evitando en todo lo posible la emigración ilegal, insegura y desordenada”. Con esto último dejó claro que son falsas las acusaciones provenientes de figuras políticas norteamericanas, como el Senador Marco Rubio, que alegan que La Habana fomenta la emigración ilegal para perjudicar a Estados Unidos.
Pero el asunto tiene una dimensión regional como lo han demostrado declaraciones y acciones recientes de los Cancilleres Bruno Rodríguez y Marcelo Ebrard, de Cuba y México respectivamente. El cubano denunció que Estados Unidos maniobraba a puertas cerradas para evitar la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, fijada para junio de este año en Los Ángeles y que, por añadidura, la había excluido de los trabajos preparatorios de la misma, que incluyen como prioritario el tema migratorio.
El mexicano anunció que su presidente, Manuel López Obrador, plantearía el problema a su homólogo norteamericano en una conversación telefónica que efectivamente se produjo el 29 de abril, según confirmó el propio Ebrard. En su cuenta de Twitter el Canciller azteca afirmó lo siguiente: “En conversación de los Presidentes López Obrador y Biden se trataron dos temas: atender causas de la migración con mucho mayor inversión en Centroamérica y preparar la Cumbre de las Américas en la que deben estar todos los países sin excepción alguna. Lunes iniciamos visitas y negociación.” Se refería así a un viaje que realizará a Washington a partir del 2 de mayo y a conversaciones que sostendrá allí con el Secretario de Estado Anthony Blinken.
Está claro que los problemas regionales migratorios no pueden ser abordados efectivamente sin un esfuerzo mancomunado de todos los Estados del Hemisferio. Esa es la posición del gobierno mexicano, que Washington sabe y que le será muy difícil negar.
En el caso cubano, por añadidura, lo más lógico, apropiado y pertinente es que su gobierno participe en las reuniones preparatorias para la elaboración de un documento sobre otro tema regional clave que será abordado en la Cumbre: recuperación y resiliencia de los sistemas de salud después de la pandemia. La existencia de ese documento fue revelada el 24 de marzo pasado la doctora Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cuba no sólo es miembro de esta institución regional sino que ha hecho importantes contribuciones al tema. Por tanto, es otro argumento para demostrar que Estados Unidos no debiera excluirla.
En este contexto parecen extemporáneas y prematuras las declaraciones del Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, el pasado 24 de abril en una conversación telefónica con un reducido grupo de periodistas al decir que es “improbable” la invitación al propio evento no sólo al cubano sino también a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
De concretarse este negativo pronóstico, la administración de Joe Biden reforzará aún más su visión retrógrada, más propia de la Guerra Fría, en las relaciones hemisféricas y correrá el riesgo de crear otro momento conflictivo en esta iniciativa diplomática multilateral que ya ha sufrido varios contratiempos en Mar del Plata en el 2005, en Bogotá en el 2012 y en Lima en el 2018, a la que Donald Trump no asistió.
No hay razón para ser optimista pero tampoco pareciera que la puerta se ha cerrado definitivamente.
Por otra parte del lado cubano se nota un mayor activismo en el campo de la diplomacia pública. No sólo el Canciller ofreció la información apuntada a la prensa, sino que la Viceministra Josefina Vidal (a cargo de las relaciones con América Latina y el Caribe) le dio una entrevista conjunta a la AP y a CNN sobre el tema migratorio, así como que el Viceministro Carlos Fernández de Cossío (a cargo de las relaciones con Estados Unidos) conversó con el sitio web norteamericano Democracy Now el 26 de abril y con el académico cubano americano Arturo López Levy en su blog de Conversaciones Americanas, el día 24, después de celebradas las conversaciones que encabezó.
La necesidad del intercambio diplomático entre la Habana y Washington ha sido una posición sostenida consecuentemente por la parte cubana durante años. La norteamericana, sin embargo, ha sido reticente a la hora de admitirla. Pero el motivo de esta actitud no hay que buscarlo en el espacio bilateral, regional o internacional sino en el doméstico. Estados Unidos, como gran potencia imperial, tiende a usar la diplomacia de manera arbitraria y muchas veces como cobertura al uso de otros instrumentos innombrables. En el caso cubano, fue el presidente Obama quién reconoció de manera explícita su utilidad para manejar el conflicto con Cuba y llegar a unas relaciones normales. Biden y sus colaboradores, chantajeados por el Senador de origen cubano por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, han optado por abandonar ese camino, ignorando las lecciones de la historia. Sin embargo, puede ser que la realidad política inevitablemente los obligue a sentarse a la mesa y conversar.
<> A la mayor parte del “pueblo cubano” le parecería bien un cambio de régimen.