Rui Ferreira
En medio de uno de los puntos más bajos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Washington acaba de dar a conocer su tradicional informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El texto es particularmente duro con el gobierno de La Habana, que respondió rápidamente a través de su ministro de Exteriores.
El documento –que responsabiliza también de “graves violaciones” a las administraciones Venezuela, Irán y China– se explaya en la situación del opositor José Daniel Ferrer, de la ilegal Unión Patriótica de Cuba (UNPACO), arrestado a inicios de octubre y juzgado el 26 de febrero. Ferrer pudiera ser sentenciado este jueves a nueve años de cárcel, según petición fiscal. También se refiere a la situación de otros activistas y a la presencia de presuntas fuerzas de seguridad cubanas en Venezuela.
“El nombre de José Daniel Ferrera aparece 17 veces en este informe. Él es uno de los miles de presos políticos que a lo largo de los años han sido arrastrados, encadenados y golpeados por el régimen. Mañana será condenado por un tribunal cubano. Estas acusaciones espurias hasta ahora siguen un patrón de intimidaciones arbitrarias contra ciudadanos cubanos cuyo único crimen ha sido criticar las políticas que la isla ha mantenido durante 61 años”, dijo este miércoles en rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, al presentar el informe mundial, que no incluye a Estados Unidos.
El informe sigue la misma línea de años anteriores, principalmente la seguida por administraciones republicanas, en particular la de George W. Bush, centradas en atacar a las instituciones estatales cubanas y a quienes percibian como “colaboradores” de las autoridades. Este año, el resumen ejecutivo del informe destaca “casos significativos en materia de derechos humanos”, como informaciones sobre el aludido abuso ejercido sobre opositores políticos, detenidos y presos por las fuerzas de seguridad; las duras condiciones carcelarias, arrestos arbitrarios y serios problemas con la independencia jurídica, prisioneros políticos y la violación ilegal de la privacidad de las personas.
“El gobierno restringe severamente la libertad de prensa, acusa de difamación a las personas críticas del liderazgo gubernamental, aplica la censura y bloquea sitios digitales”. Además, “se limita la libertad académica y cultural, el derecho a una asamblea pacífica, se niega la libertad de asociación, lo cual abarca el reconocimiento de asociaciones independientes, se limita la libertad de movimiento interna y externa, y las restricciones a la libertad religiosa son severas”.
A todo esto –añade– “la participación política [de los ciudadanos] se limita a los miembros del partido en el poder y las elecciones no han sido libres y justas. Existe corrupción oficial, el tráfico de personas, los sindicatos independientes son ilegales y existe el trabajo forzado”, dice el texto sin aportar pruebas sobre esto último.
Reacción cubana
Como era de esperarse, el gobierno cubano respondió casi de inmediato desplegando una particular acrimonia hacia las palabras y el informe presentado por Pompeo mediante la voz del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
En dos tuits sucesivos, el Canciller cubano comienza por establecer que “a Estados Unidos no le interesan los derechos humanos en Cuba. Su política es acabar con el sustento de 11 millones de cubanos para imponer un gobierno que responda a sus intereses. A pesar del bloqueo [embargo], seguiremos comprometidos con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”.
Y termina enfatizando: “el gobierno de Estados Unidos es el mayor agresor de los derechos humanos en el planeta. Su informe, sin credibilidad, una vez más ignora las atroces violaciones de derechos humanos en el mundo para atacar, con fines políticos, a gobiernos que no se someten a sus designios y defienden a sus pueblos, como Cuba”.
El gob. de #EEUU es el mayor agresor de los #DerechosHumanos en el planeta. Su informe, sin credibilidad, una vez más ignora las atroces violaciones de #DDHH en el mundo para atacar -con fines políticos- a gobiernos q no se someten a sus designios y defienden a sus pueblos| #Cuba
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 11, 2020
Es la segunda vez que ambos ministros de exteriores se enfrascan en un intercambio sobre derechos humanos. El Canciller cubano se presentó hace dos semanas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, y planteó el regreso de la isla a la comisión.
“Puedo asegurarles que Cuba seguirá conduciéndose en este foro con voz propia y constructiva, con su experiencia de país en desarrollo, defensor del diálogo y la cooperación, contrario a los enfoques punitivos y la selectividad, a favor de todos los derechos humanos para todos”, sostuvo.
Condiciones carcelarias
El informe insiste particularmente en dos aspectos en los que se basa únicamente en fuentes de la oposición cubana, en un casi quid-pro-quo.
Mientras que “el gobierno no ha permitido que las organizaciones internacionales y locales de derechos humanos acompañen la situación en las cárceles, [ampoco] ha autorizado el acceso a los presos por las organizaciones humanitarias internacionales”. Cada una de sus exposiciones sobre ejemplos de violaciones se basa en testimonios de organizaciones internas y el trabajo de campo de sus diplomáticos en el terreno. El gobierno cubano nunca contestó indagaciones.
De acuerdo con Marcos Guevara, de Amnistía Internacional, esto es lo que afinca en cierto sentido el informe estadounidense. “Es obvio que el Departamento de Estado tiene su interés en colocar a Cuba contra la pared en esta administración Trump. Pero el gobierno cubano quizás ganaría algunos puntos si le contestara punto por punto, principalmente ahora que quiere regresar a la comisión de la ONU”, dijo.
