El Gobierno de Cuba rechazó este martes la decisión de Estados Unidos de ampliar la restricción de visados a los implicados en “explotación laboral” de trabajadores cubanos en el extranjero, categoría en la que incluyó a las misiones médicas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó en un mensaje en redes sociales que el secretario de Estado, Marco Rubio, “una vez más” coloque “su agenda personal por delante de los intereses de EE.UU”.
La decisión incide sobre un sector económico clave para el Gobierno cubano, según datos oficiales y expertos independientes, que sitúan los servicios profesionales entre los rubros que más divisas generan para el Estado, junto al turismo.
“La decisión anunciada hoy, sobre la base de falsedades y de coacción, pretende afectar los servicios de salud de millones en Cuba y el mundo para beneficiar a grupos especiales de interés para los cuales Rubio sí garantiza el despilfarro de fondos del contribuyente estadounidense”, escribió.
El canciller agregó que la “suspensión de visados asociados a acuerdos de cooperación médica internacional de Cuba, representa la séptima medida de agresión injustificada” contra población cubana en el mes que lleva ejerciendo el nuevo Ejecutivo republicano en Estados Unidos.
El Departamento de Estado comunicó previamente que esta política ampliada se va a aplicar a trabajadores actuales o antiguos del Gobierno cubano, así como a funcionarios de otros países, que se crea son responsables o están involucrados en dicho programa de “explotación” de mano de obra, en particular en las misiones médicas de Cuba en el extranjero.
El comunicado detalló que el Departamento de Estado ya ha dado pasos para restringir el visado a varios individuos, incluidos algunos venezolanos, bajo esta política ampliada. Esta medida consular también afectará a la familia inmediata de dichas personas.
Estados Unidos considera que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son “un caso indiscutible de trabajo forzado” y por ello mantiene a Cuba en su “lista negra” de países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.
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Al respecto, el presidente de la ONG Prisoners Defenders (PD), Javier Larrondo, declaró a EFE que la decisión le parece “acertada”, pero consideró que “hay que avanzar”.
“Además de penalizar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, habría que establecer el parole, asilo y protección para las víctimas de esta lacra”, indicó.
El presidente de PD, con sede en Madrid, denunció que “las misiones de trabajadores cubanos en el exterior, y no solo de médicos, se ejecutan como un planificado sistema de trabajo forzado y esclavo”.
“En PD llevamos tomados más de 1 500 testimonios de esta práctica de esclavitud y evidenciamos en todos ellos acciones abominables y recurrentes cometidas contra un contingente de entre 50 000 y 100 000 trabajadores cubanos por todo el mundo. Estas acciones no pueden quedar impunes”, indicó.
El Gobierno cubano, por su parte, considera “totalmente legítimo” el programa de colaboración médica que la isla mantiene en decenas de países y cree que Washington “comete un crimen al pretender negarlo u obstaculizarlo por motivos políticos”.
Miles de profesionales cubanos, mayoritariamente médicos, han participado durante las últimas décadas en misiones en cientos de países. Según algunos estimados, han llegado a ser una de las principales fuentes de divisas del país.
