|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Una jueza federal de EE.UU. bloqueó la iniciativa de la Administración Trump de revocar el estatus legal de más de 8400 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, incluidos cubanos, que llegaron al país desde siete naciones latinoamericanas.
La decisión estuvo a cargo de la jueza federal Indira Talwani, del distrito de Boston, quien consideró que la medida gubernamental fue arbitraria y careció de justificación suficiente, refirió Reuters.
Talwani dictó una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner fin al permiso humanitario concedido a personas procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, según consta en el fallo judicial divulgado este fin de semana.
La jueza federal señaló que el DHS no presentó pruebas que respaldaran sus argumentos de fraude ni evaluó adecuadamente el impacto de la medida sobre las familias afectadas.
Muchas de estas familias vendieron sus viviendas o abandonaron sus empleos en sus países de origen al acogerse a los programas de reunificación familiar impulsados o ampliados durante la Administración de Joe Biden, de acuerdo con documentos del caso.
Estados Unidos cancela programas de reunificación familiar para Cuba y otros seis países
La medida de Trump habría afectado a miles de cubanos
En su resolución, la magistrada subrayó que la Administración Trump no ofreció una “explicación razonada” para el cambio de política y calificó la actuación de la agencia como “arbitraria y caprichosa”, una expresión recogida textualmente en la orden judicial.
Talwani recordó, además, que el Departamento de Seguridad Nacional, actualmente encabezado por Kristi Noem, tampoco analizó si el retorno de estas personas a sus países era viable en las condiciones actuales.
El DHS había anunciado el 12 de diciembre su intención de poner fin a los programas, con el argumento de que eran incompatibles con las prioridades migratorias del presidente Trump y que se utilizaban para permitir la entrada de extranjeros “sin la debida investigación”.
De acuerdo con Reuters, la medida debía entrar en vigor el 14 de enero, pero Talwani ya había impuesto una orden de restricción temporal mientras evaluaba el fondo del caso.
La resolución se produce en medio del endurecimiento de la política migratoria tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, con un presupuesto histórico de 170 mil millones de dólares destinado a agencias migratorias hasta septiembre de 2029, según cifras oficiales del propio Gobierno.
La demanda se presentó como una acción colectiva por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que cuestionan el intento del Ejecutivo estadounidense de reducir de forma generalizada los programas de libertad condicional humanitaria.
La jueza Talwani ya había fallado anteriormente contra medidas similares del Gobierno, aunque algunas de esas decisiones fueron posteriormente anuladas por tribunales superiores. Ello podría suceder también esta vez si la Administración Trump decide litigar al respecto en otras instancias.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre este nuevo fallo judicial.
