La adquisición de la aerolínea española Air Europa, por 101.000 millones de dólares, por parte del consorcio aeronáutico europeo IAG pudiera lanzar al Reino Unidos e Irlanda en un conflicto comercial con Estados Unidos a causa de las demandas entabladas en Miami contra las aerolíneas que utilizan el aeropuerto de La Habana.
IAG, el Grupo Internacional de Aerolíneas Consolidadas, controla a las compañías aéreas Iberia (España), British Airways (Reino Unido) y Air Lingus (Irlanda). Las tres aerolíneas suelen usar regularmente el aeropuerto habanero en sus vuelos a Cuba, aunque en el caso de Air Lingus los viajes ocurren mayormente en temporada alta.
Esta movida empresarial coloca ahora a las tres empresas europeas en el colimador de las demandas interpuestas por parte de José Ramón López Regueiro, un hispano-cubano que reclama ser el legítimo propietarios del aeropuerto internacional “José Martí” de La Habana, heredado de su padre, José López Villaboy. Hasta ahora sólo han sido demandadas las aerolíneas American Airlines y Latam. Pero Iberia y Air Europa han sido advertidas por los abogados de López Regueiro de que pudieran venir a sufrir la misma suerte. Air Lingus no ha sido notificada de nada.
Pero la incorporación de las tres aerolíneas europeas ahora consolidadas bajo un mismo ente, es una cuestión de tiempo y puede provocar una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos en el sector de la aeronáutica civil.
Esta posible nueva guerra comercial ha venido siendo anticipada en las últimas semana por varios observadores entre bambalinas que refieren la tenacidad con que los ejecutivos de Air Europa suelen defender sus decisiones.
La posibilidad de una condena de la aerolínea en un tribunal estadounidense pudiera llevar a la empresa a plantearse dejar de comprar aviones estadounidenses Boeing y optar por los Airbus franceses. Ahora, esa posibilidad es más intensa si López Regueiro decide incorporar a Air Europa que ha manifestado preferencia por el uso de Boeing.
“Esta fusión le facilita más la vida a López porque al revelarse el monto de la venta, él tiene una noción exacta del valor de la empresa, algo que hasta ahora no se sabía”, explica a OnCuba, John Kavulich, presidente del US Cuba Trade and Economic Council.
Y, por ende, una vez la aerolínea incorporada en IAG, “la demanda impactará al Reino Unido y España, al crear un punto de tensión trilateral con Estados Unidos, tanto a nivel político como económico y comercial”, afirma.
Como se sabe, la administración del presidente Donald Trump es una férrea defensora de la promoción de productos estadounidenses en el mercado mundial y el mandatario no oculta su preferencia por la Boeing, incluso a punto de preferirla a la rival Lockheed Martin en la adquisición de aviones de uso militar.
“Si Air Europa es demandada es un problema para (el presidente del gobierno español, Pedro) Sánchez, el (primer ministro británico, Boris) Johnson y su colega irlandés, Leo Varadkar. Un problema que ninguno de los tres quiere”, enfatiza Kavulich.
Las posibles salidas
Sin embargo, puede haber una salida. También hace semanas, ante el silencio de los abogados de López Regueiro, habiendo pasado el plazo de 30 días para que Air Europa contestara a la querella y no ha sido incorporada a la demanda original, contra American Airlines y Latam, en medios judiciales del sur de la Florida se anticipa que los abogados de ambas partes están trabajando en otro desenlace.
Las dos partes pudieran llegar a un acuerdo entre ellas fuera del tribunal y todo pudiera permanecer en el secreto de los dioses. En este nuevo escenario hay dos vertientes mancomunadas que pudieran llegar a una solución.
Si deciden pactar fuera del tribunal, el acuerdo seria confidencial y nunca se sabría el monto. Por otro lado, el nombre de Air Europa no aparecería en el juzgado porque la empresa nunca fue demandada y por lo tanto nadie tiene que acudir ante un juez y decirle que la retira del caso.
Y todo esto, afirma Kavulich, curiosamente puede contar con el beneplácito de la Ley Helms-Burton, bajo la cual se han permitido las demandas en Estados Unidos contra empresas extranjeras que operan en suelo cubano en propiedades nacionalizadas en los albores de la Revolución cubana.
“Uno de los ‘problemas’ que tengo con el Titulo III y el IV de la ley es que realmente no son un obstáculo a llegar a un acuerdo fuera del tribunal y que no sea hecho público”, afirma. Un detalle nada soslayable porque la Helms-Burton, además de pretender compensar a ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas, tiene un fuerte matiz propagandístico anticastrista. Para algunos en el sur de Florida es casi una religión.
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