De enero hasta finales de junio más de 38 000 cubanos fueron examinados y aprobados para viajar a Estados Unidos, y más de 35 000 ingresaron ya mediante el parole humanitario.
El Departamento de Seguridad Nacional precisó en una hoja informativa que esta política ha permitido el ingreso de manera legal al país de 160 000 migrantes, entre cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Data from the first six months from January to June of parole processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, & Venezuelans shows that the Biden-Harris Administration’s commitment to expanding lawful pathways as an alternative to irregular migration is working.… pic.twitter.com/5Ko2nBeGC2
— Homeland Security (@DHSgov) July 27, 2023
También ingresaron más de 50 000 haitianos, 48 500 venezolanos y casi 21 500 nicaragüenses.
Casos pendientes
Las solicitudes pendientes de revisión para cubanos excedieron las 380 000 al cierre de abril, ubicando a la isla como el segundo país con mayor número de peticiones, solo superada por Haití con 580 000. Le suceden Venezuela con casi 120 000 casos y Nicaragua con 20 000.
Desde la implementación del programa, nunca se dejó claro si la distribución de estos permisos de viaje se haría de forma equitativa entre los países incluidos, aunque se presumió un otorgamiento más equilibrado de los cupos.
Los cientos de miles de casos pendientes han provocado tiempos de espera “significativos” para los solicitantes. El Departamento señaló entonces que había decidido emplear un método de selección al azar para asignar la mitad de las aproximadamente 1000 autorizaciones de viaje emitidas cada día bajo este programa.
A la espera de un juicio
Ahora, cuando todavía existen casos de los primeros días de enero que aguardan su resolución, el proceso de gestión de las aplicaciones y el tiempo de espera que parece tornarse indefinido, acumulan las mayores insatisfacciones entre los aplicantes.
Sobre la iniciativa de la Administración Biden pesa una demanda desde el 24 de enero y se espera un juicio el próximo 24 de agosto que determinará su destino, aunque el abogado de inmigración José Guerrero cree que puede esperarse una decisión final mucho después del 29 de septiembre.
Los gobiernos de 20 estados buscan ante el Tribunal Federal de Texas la detención del programa bajo el argumento de que el presidente no está facultado por ley para crear un programa de visados que debería contar con la anuencia del Congreso.
Mientras, la posposición del proceso da chance tanto a quienes esperan una respuesta a sus peticiones como a quienes piensan en enviar nuevas solicitudes.
