Miami no puede tener su propia política exterior hacia Cuba

“Hay un principio básico que surge de todos los años de juicios contra la Ciudad de Miami, el Condado de Miami-Dade y la Legislatura de la Florida cuando se promulgó una ordenanza local para bloquear el contacto con el pueblo de Cuba e imponer censura a todo lo relacionado con Cuba: ese principio es que Miami (o la Florida en general) no puede tener su propia política exterior”, dijo a OnCuba Howard Simon, Director Ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles Americanas de la Florida (ACLU, por sus siglas en inglés) desde 1997 hasta 2018.

“A menos que a un grupo se le niegue una visa y el gobierno federal no le permita ingresar a este país, no creo que las autoridades locales puedan bloquear su presencia en nuestra comunidad”, dijo Simon.

Sin embargo, en los últimos días el alcalde de Miami-Dade aprobó una resolución para prohibir el uso de fondos públicos para presentaciones de “artistas afines al gobierno de Cuba” y recientemente el alcalde de Hialeah suspendió la actuación de cantantes de reguetón como Jacob Forever y Señorita Dayana, por supuestamente no tener una posición “clara” en contra del gobierno cubano.

Incluso, en el caso hipotético de que el gobierno federal (no ya una autoridad local) prohíba la entrada a alguien debido estrictamente al punto de vista que la persona expresa o representa, eso también puede ser cuestionado como una violación de la Primera Enmienda, explicó Simon.

Pero los casos relacionados con Cuba y la libertad de expresión en Miami van desde el intento de censurar un libro infantil sobre viajes a la Isla llamado Vamos a Cuba hasta la negación de intercambio académico entre Cuba y las universidades de la Florida a nivel estatal, que la ACLU pudo revertir luego de la apertura iniciada por Barack Obama y Raúl Castro.

Simon conversó con OnCuba sobre algunos de los antecedentes en Miami para evitar el intercambio cultural, lo cual siempre ha sido el mayor motivo de polémica en la comunidad cubana por las pasiones que despierta en un exilio con diferencias generacionales.

El quid de la mayoría de estos casos radica en que las regulaciones van más allá de la ley federal en su tratamiento de las organizaciones artísticas.

A inicios de los años 2000 la ACLU argumentó que los tribunales federales encontrarían estas regulaciones como violatorias de la Primera Enmienda y contradictoria de la Enmienda Berman al Embargo Comercial cubano, que sí permite los intercambios culturales a través de una excepción.

Simon explica que durante «demasiados años» el recurso de los políticos de Miami fue contravenir la Primera Enmienda, «que protege los derechos de los artistas y músicos de actuar y el derecho de la gente de Miami a experimentar el arte”, dijo Simon.

Irónicamente, dicen los abogados de la ACLU, sería como censurar y limitar las libertades de los ciudadanos en Miami que quieren vincularse con artistas cubanos, argumentando censura y falta de libertades en Cuba.

La ACLU de Florida ha estado involucrada en controversias a lo largo de los años que involucraron los esfuerzos de los políticos en Miami para bloquear los intercambios y las presentaciones artísticas o culturales.

Agregó que “lenta pero firmemente”, los tribunales estadounidenses han defendido los derechos de la Primera Enmienda de la gente de Miami y de los artistas y músicos, y anularon la mayoría de estos esfuerzos.

Como resultado, añadió el experto, el trabajo de la ACLU ayudó a cambiar la cultura de Miami.

“Los intentos por censurar el arte y la música cubana han sido ilegal e inconstitucional. También fue un esfuerzo inútil que no tendría ningún impacto en el avance de la democracia en Cuba”, opinó Simon.

“La censura en Miami ya no es tolerada como un arma para promover la democracia en Cuba”, concluyó.

“Prohibir” el intercambio cultural no es nuevo

Como en muchos sistemas legales, en Estados Unidos la aplicación de la ley se basa no solo en la interpretación de los jueces y abogados, sino en los llamados “precedentes”. En el caso del polémico intercambio cultural con artistas de la Isla existen varios de esos precedentes que han terminado favoreciendo a los defensores del intercambio.

Uno de los casos más famosos fue el esfuerzo de la Ciudad de Miami para finalizar el contrato de arrendamiento y cerrar un museo que exhibió el trabajo de artistas cubanos.

El Museo Cubano de Arte y Cultura había arrendado su edificio perteneciente a la Ciudad de Miami durante varios años sin incidentes, hasta que decidió realizar una subasta para recaudar fondos, que involucraba obras de distintos artistas que “no habían renunciado al régimen de Castro o continuaban viviendo en la Isla comunista”, apunta el documento del caso.

Debido a la polémica y hostilidad que generó en la comunidad, la Ciudad de Miami decidió no renovar el contrato de arrendamiento del museo e intentó desalojarlo, pero nuevamente la justicia votó a favor de los directores de la institución artística bajo la protección de sus derechos contemplados en la Primera Enmienda, donde el arte es una forma más de expresión.

“La corte encontró que la decisión de castigar al museo por su discurso fue un abuso del gobierno de la ciudad de su posibilidad de actuar a discreción en favor del interés público. La Corte ordenó que la ciudad no podía denegar al museo el uso de sus premisas”, se lee en las conclusiones del caso.

En 1996, luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el condado de Miami-Dade aprobó la Ordenanza de Cuba (conocida como Affidavit), la cual prohibía no solo el uso de las instalaciones y fondos públicos del condado a cualquier persona que hubiera hecho negocios en Cuba, sino también a cualquier persona que hubiera hecho negocios con cualquiera que a su vez los hubiera hecho en Cuba.

En aras de mantener esa cadena de contactos “limpia”, tampoco podría destinarse dinero público para financiar proyectos de organizaciones cuyos integrantes hubieran visitado Cuba en los últimos 10 años.

Dentro del entramado de esta regulación también se encontraba la prohibición del uso de las fuerzas públicas del orden en conciertos o presentaciones de artistas cubanos, lo cual para los años 90 y principios del 2000 significaba una dificultad para artistas y organizadores, recibidos tanto por seguidores como por personas que protestaban en contra de sus actuaciones.

En un clima donde existían incluso amenazas de bomba a los que pensaran diferente en el exilio de Miami, el año 1997 fue particularmente duro para la realización de eventos musicales de nivel nacional e internacional, por la implicación de la ya mencionada Ordenanza Cubana.

En 1997 Peggi McKinley, miembro del Consejo Asesor de la industria del entretenimiento en el condado de Miami-Dade, fue despedida por opinar que debía permitírseles a los artistas cubanos participar en un evento global que se realizaría en Miami, el MIDEM.

El caso fue presentado por la ACLU como violación de la Primera Enmienda y, aunque McKinley era voluntaria en el puesto y no lo tuvo de vuelta, sentó otro precedente sobre la libertad de expresión en Miami en cuestiones como el intercambio cultural.

David Bercuson, abogado de la industria del entretenimiento, fue uno de los organizadores del evento MIDEM, el cual recibió fuertes críticas a nivel internacional por no incluir a los artistas cubanos en su repertorio.

«Internacionalmente dijeron que MIDEM había censurado la música, por el episodio de 1997, así que el próximo año lo hicimos en Miami Beach en vez de Miami-Dade County», contó Bercuson a OnCuba.

La noche del concierto cubano de 1998 del MIDEM hubo una amenaza de bomba apenas cinco minutos antes de empezar, por lo que fueron obligados a desalojar, contó Bercuson, quien representa a varios artistas que han ido a Cuba a cantar o grabar videos clips y películas.

«Para mí la música no es política, es un intercambio artístico, que es legal en todo caso. Cualquiera que intente censurar la música o las personas que traen a esos músicos aquí, están del lado equivocado de la ley, en el lado equivocado de la realidad», concluyó Bercuson.

El concierto de los Van Van en el año 1999 necesitó al equipo antimotines para proteger a los más de 2,000 asistentes al Miami Arena. Por tratarse de artistas cubanos, la Ciudad no garantizaba la protección. Para lograr que lo hiciera, los organizadores debieron pagar una alta suma de dinero.

Los organizadores del concierto demandaron en el año 2000 a la Ciudad y una jueza ordenó el reembolso completo del dinero utilizado para la protección del evento, donde se estima participaron unas 7 mil personas en protesta fuera del teatro.

Los jueces citaron la falta de cooperación de las autoridades locales como un atentado contra la libertad de expresión de los organizadores de dicho concierto y un abuso de poder por parte del gobierno de Miami.

Mientras que hace veinte años unos pocos miles asistieron a su concierto, en 2019, en medio del resurgimiento de viejas políticas de la Guerra Fría, Van Van hizo su presentación más reciente en Miami con «lleno total», y sin protestas a la entrada del local.

El alcalde de Miami y el fin del intercambio cultural, ¿misión imposible?

Otro de los casos más notorios de los últimos años en los que la ley intervino fue la demanda de varios grupos culturales en el caso conocido como Miami Light Project contra la Ciudad de Miami, contra la Ordenanza o Affidavit que impedía el intercambio cultural con la isla, en este caso a nombre del mencionado Miami Light Project y GableStage.

Los grupos debían firmar el Affidavit (una declaración jurada) donde mencionaran que no estaban haciendo negocios con Cuba o alguien vinculado a Cuba.

Dentro del texto de la defensa se lee: “El propósito declarado del ‘Affidavit’ es protestar y condenar el régimen totalitario de Cuba, una causa que es encomiable. Esta ordenanza tan amplia pretende castigar a Cuba, no proteger a los ciudadanos del condado de Miami-Dade. El Condado, a su propio costo, busca noblemente desalentar cualquier forma de comercio con Cuba. Precisamente por estas razones, la ordenanza está fuera del alcance del poder del Condado”.

La Ordenanza o Affidavit terminó en el año 2000, luego de que la ACLU ganara la demanda y el juez federal Federico Moreno eliminara la Ordenanza por considerarla inconstitucional y violatoria de la Primera Enmienda.

La nueva resolución, aunque difiere de los casos anteriores, podría impedir a los residentes de Miami la interacción con artistas de la Isla en plazas o instituciones públicas, aunque sería poco probable que el Congreso de mayoría demócrata aprobara la propuesta.

Por el momento, en tiempos de elecciones estadounidenses, alcaldes, congresistas y políticos (sobre todo republicanos) siguen la línea dura de la administración Trump contra todo lo relacionado con Cuba y reviven métodos considerados fallidos por cientos de expertos en política exterior. Sin embargo, observadores y abogados coinciden en que ningún condado, ciudad o estado del país puede tener una política exterior diferente a la del gobierno federal pues, sencillamente, sería ilegal.