|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Estados Unidos no se toma un respiro en el creciente tropel de sanciones contra Cuba. La Administración de Donald Trump anunció este jueves una nueva batería de medidas dirigidas contra sectores neurálgicos de la economía de la isla, en una ofensiva que incluye empresas petroleras, tecnológicas y marítimas, así como a dos compañías chinas acusadas de suministrar equipos de defensa y seguridad al gobierno cubano.
La decisión, divulgada por el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, afecta a ocho entidades, dos personas y cinco embarcaciones vinculadas al transporte de petróleo.
El paquete amplía el alcance de la estrategia de máxima presión impulsada por Washington y refuerza las restricciones que desde comienzos de año han contribuido a profundizar la crisis energética que atraviesa el país.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, las nuevas medidas forman parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para “poner fin a las actividades nocivas del régimen cubano”, al que acusa de utilizar recursos estratégicos para beneficio de una élite gobernante mientras la población enfrenta apagones, escasez de combustible y una economía en deterioro.
Golpe directo al sector energético
Uno de los principales objetivos del nuevo paquete es la infraestructura que permite a Cuba importar y transportar combustibles.
Entre las empresas sancionadas figura Caroil Transport Marine, registrada en Chipre, así como Tentacool Commercial, con sede en Panamá. También fueron incluidas las compañías cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), todas señaladas por Washington por su participación en operaciones de transporte de crudo y derivados hacia o desde la isla.
La OFAC identificó además como bienes bloqueados cinco buques de la pequeña flota de tanqueros cubanos: Esperanza, María Cristina, Gloria C., Emilia y Lourdes. Al ser consideradas propiedad bloqueada, estas embarcaciones quedan prácticamente excluidas de cualquier operación vinculada al sistema financiero estadounidense y enfrentan severas limitaciones para realizar transacciones internacionales.
La medida se suma a la presión ejercida desde enero, cuando Washington amenazó con sanciones y aranceles a países o entidades involucrados en el suministro de petróleo a Cuba. El endurecimiento de esas restricciones ha coincidido con un agravamiento de la escasez de combustibles, uno de los factores que explican los prolongados apagones que se registran en todo el país, entre otras consecuencias nefastas para la vida cotidiana.
Cuba produce apenas una parte de la energía que consume y depende en gran medida de importaciones de combustible para sostener la generación eléctrica, el transporte y numerosos procesos industriales.
Trump augura cambios en el Gobierno de Cuba, en menos de dos años y medio
Tecnología bajo vigilancia
Las sanciones también alcanzan al sector tecnológico cubano, un frente que hasta ahora había recibido menor atención que el energético.
Entre las entidades incluidas aparecen Cubaelectrónica, dedicada a la importación y comercialización de equipos electrónicos, y Tecnosime, especializada en servicios técnicos y tecnológicos.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro emitió una determinación que permite imponer sanciones a cualquier persona o empresa extranjera que opere en los sectores de la electrónica, la manufactura, el transporte marítimo o la tecnología de la economía cubana.
La decisión representa una ampliación significativa del marco sancionador, ya que abre la puerta a futuras penalizaciones contra compañías de terceros países que mantengan negocios en esas áreas estratégicas.
Analistas consideran que el mensaje enviado por Washington trasciende el caso cubano y busca disuadir a potenciales socios internacionales de invertir o suministrar tecnologías a la isla, incrementando así el aislamiento económico del país.
China asegura que “seguirá apoyando a Cuba” tras exigir el fin del bloqueo ante la ONU
China entra en la línea de fuego
Uno de los aspectos más relevantes de las nuevas sanciones es la inclusión de dos empresas chinas: China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) y Beijing H&C Technologies.
Según la versión estadounidense, ambas compañías suministraron equipos electrónicos, sistemas de seguridad y otros recursos de uso militar a través de la firma cubana Duna, vinculada a estructuras de defensa de la isla.
La decisión convierte a China en un objetivo indirecto de la actual política de presión contra La Habana. Más allá de afectar a empresas concretas, el paso evidencia que Washington está dispuesto a extender sus medidas contra actores extranjeros que colaboren con sectores considerados estratégicos para el gobierno cubano.
La relevancia política de esta medida radica en que China se ha consolidado durante los últimos años como uno de los principales socios económicos y diplomáticos de Cuba.
Pekín participa en proyectos de energía, telecomunicaciones, infraestructura y modernización tecnológica, además de mantener estrechos vínculos políticos con La Habana.
Por ello, la inclusión de compañías chinas en la lista de sancionados puede interpretarse también como una advertencia a uno de los aliados internacionales más importantes de la isla.
Nuevos nombres en la lista negra
Las medidas anunciadas este jueves también alcanzan a dos personas cubanas.
Una de ellas es Any Rodríguez Lastres, identificada por Washington como hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que administra buena parte de los sectores más rentables de la economía cubana.
Rodríguez Lastres trabajó anteriormente como directora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel y, según reportes de prensa, desarrolla actualmente actividades empresariales en Panamá.
GAESA ya había sido objeto de sanciones estadounidenses anteriormente, y la inclusión de familiares directos de sus principales dirigentes representa un nuevo escalón en la política de presión selectiva impulsada por la Casa Blanca.
Entre los sancionados figura Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido exjefe de GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Según Washington, el interdicto forma parte de una extensa red de empresas navieras involucradas en el transporte de petróleo y derivados hacia y desde Cuba, un sector que la administración Trump ha colocado en el centro de su estrategia de presión económica contra La Habana.
Una escalada sostenida
La nueva ronda de restricciones confirma que la administración Trump mantiene a Cuba entre sus prioridades de política exterior en el hemisferio.
Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reclamar recientemente el fin del embargo estadounidense, Washington continúa ampliando las sanciones económicas y financieras contra la isla.
El resultado es un escenario cada vez más complejo para una economía ya golpeada por la inflación, la escasez de divisas, los déficits productivos y una profunda crisis energética que ha enterrado a la economía en un pantano de estadísticas rojas.
Con la inclusión de sectores tecnológicos, navieras internacionales, operadores petroleros y empresas chinas, la ofensiva estadounidense entra en una nueva fase. No solo busca aumentar la presión sobre el gobierno cubano, sino también elevar los costos para cualquier actor extranjero, incluso si es una potencia altamente competitiva, dispuesto a colaborar con actividades consideradas estratégicas para La Habana.
