Los procesos legales derivados del Código de las Familias en los que ha sido necesaria la participación de fiscales se han venido incrementando en Cuba, de acuerdo con fuentes oficiales.
Hasta el momento estos procesos superan los 4700, en tanto en 2023 hasta el cierre de mayo eran ya más de 2000. A su vez, todos estos procesos se han traducido en más 3200 audiencias, según datos de la Fiscalía General de la isla.
De acuerdo con Lay Trujillo González, fiscal jefa de la Dirección de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales de esa entidad, los fiscales no se involucran en todos los procesos derivados de la norma aprobada en referendo en septiembre pasado.
Su participación está principalmente dirigida a litigios relacionados con menores de edad y personas vulnerables, así como otros en los que el tribunal solicta la presencia e investigación de los fiscales, explicó Trujillo González este miércoles en conferencia de prensa.
No obstante, según la fiscal, la implementación del Código ha supuesto un incremento importante del quehacer de los profesionales de la Fiscalía en los procesos y temas familiares, en consonancia con los cambios entrañados por la aprobación de la actual Carta Magna y la reforma procesal en la isla.
Sobre la naturaleza de los procesos que han requerido la participación de fiscales, la directiva explicó que mayormente han estado relacionados con la guardia y cuidado de niños y niñas, el ejercicio de la responsabilidad parental, los divorcios y sus implicaciones en las pensiones alimentacias y la comunicación entre padres e hijos.
También refirió casos relacionados con parentescos socio-afectivos, como novedad contemplada por el Código de las Familias, al tiempo que comentó sobre la posibilidad de notificar e involucrar en los litigios a personas que residen fuera del país.
En cuanto a los temas relacionados con la violencia intrafamiliar y la violencia de género, Trujillo González no ofreció datos sobre demandas y procesos relacionados con estos temas desde la aprobación del Código, aun cuando fue preguntada por OnCuba al respecto.
Sin embargo, sí reconoció que el pasado año la Fiscalía General de la isla recibió más de 600 reclamaciones sobre este particular, si bien no todas derivaron en procesos judiciales.
Además, defendió el actuar de las autoridades, instituciones y tribunales cubanos ante un flagelo que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos en la isla, a raíz de la divulgación —principalmente en las redes y medios no oficiales— de creciente número de feminicidios y otros hechos de violencia machista.
El nuevo Código de las Familias fue la única norma sometida a referendo entre todas las que han sido o serán actualizadas o elaboradas tras la entrada en vigor en 2019 de la nueva Constitución de la República de Cuba.
La normativa regula las relaciones interpersonales y familiares, y contempla temas que han sido motivo de controversia como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas homosexuales y la gestación subrogada o solidaria, según se le nombra en su texto.
Antes de su aprobación en el Parlamento, y luego en un referendo popular —con el 66.85 % de los votos válidos emitidos—, la propuesta pasó por una amplia consulta entre febrero y abril pasado en la que participaron, según fuentes oficiales, unos 6,4 millones de personas.
