Las tareas de lo que se ha denominado en forma no poco altisonante como el “Plan de transformación integral de barrios vulnerables” comenzaron en agosto de 2021. Su punto de partida fueron 62 barrios dispersos en los 15 municipios de La Habana, los cuales se ajustaban al concepto de “comunidad vulnerable”.
Una comunidad vulnerable es aquella en la que coinciden problemas sociales con otros de índole físico-ambiental, ha definido el arquitecto Rodolfo Augusto Moreira Rosell, jefe de Gestión del Desarrollo del Gobierno Provincial de Artemisa. Entre tales problemáticas suelen contarse servicios públicos deficientes, carencia de agua potable y vías asfaltadas, y mal estado de la infraestructura social y las viviendas.
En el primer informe voluntario presentado en junio de 2021 por el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, Cuba plantea su compromiso de: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. El documento hace particular énfasis en la necesidad de “potenciar la transformación de los asentamientos precarios en barrios con servicios bien integrados en la ciudad, y de mejorar las viviendas precarias existentes en barrios formales”.
Sin embargo, no fue hasta casi un mes después de las protestas del 11 de julio que comenzaron las acciones de mejoramiento de este tipo de comunidades. Significativamente, el programa desarrolló sus primeras acciones en algunos de los barrios habaneros donde se habían registrado manifestaciones, y desde allí se extendió poco a poco a otros territorios del país.
El politólogo Carlos Alzugaray ha señalado al “deterioro de la situación social en barrios empobrecidos” como el primero de los factores endógenos que constituyeron caldo de cultivo para los sucesos de julio1. Se trata de una lectura con la que coincide el académico e investigador Francisco López Segrera, quien resaltaba cómo en estas protestas predominaron los jóvenes y “los ciudadanos de las zonas de mayor pobreza y con más problemas sociales y donde se ha incrementado la desigualdad social” 2.
Algunos de los problemas sociales que no han recibido la atención requerida, y que el propio presidente Miguel Díaz-Canel distinguió en sus comparecencias públicas entre los móviles de los acontecimientos del 11J, son la pobreza, la marginalidad y el racismo.
El programa de atención a los barrios socialmente complejos o vulnerables se plantea como finalidad mejorar la calidad de vida de los pobladores, a partir de la solución de problemáticas sociales, constructivas y de servicios. No solo se pretende solucionar los problemas materiales, sino también los relacionados con el empleo, el alcoholismo y otros males.
Desde el comienzo de estas acciones el presidente cubano llamó a escuchar las insatisfacciones y propuestas de los residentes en las comunidades afectadas. Los planteamientos de la población que no se han solucionado a lo largo de los años son los mismos problemas que persisten y se han detectado en la actualidad.
Las labores de rehabilitación, por otro lado, se insertan dentro de los planes de desarrollo local. El Gobierno ha orientado que los presupuestos municipales se destinen preferentemente a “los programas sociales y la atención a las situaciones de vulnerabilidad”; y en teoría, cada asamblea municipal cuenta con partidas presupuestarias destinadas a ese fin. Pero en la práctica muchas veces esos fondos no se ejecutan o terminan utilizados en otras funciones, según reconocen informes presentados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Sin embargo, es ese un inconveniente menor. El principal obstáculo a la hora de planificar acciones de mejoramiento comunitario es la falta de recursos. “La mayoría de los presupuestos municipales son deficitarios y tienen que recibir transferencias del presupuesto central para poder dar cobertura a sus gastos”, señaló recientemente la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss. En una coincidencia nada casual la falta de fondos suele ser más aguda en los territorios con más problemáticas pendientes de solución.
La realidad es que existen diferencias entre los municipios en términos de desarrollo e industrialización, y los que van a la saga enfrentan un déficit de recursos propios para poder invertir en la solución de sus problemas. Son precisamente estos territorios en desventaja y con dificultades sociales acumuladas, los que menos ingresos poseen y por tanto, necesitan mayor ayuda del presupuesto central.
Los problemas y lo que (en realidad) se transforma
Desde agosto, el Palacio de la Revolución impulsa el Plan, que bajo las pautas del discurso oficial ha adquirido tintes de cruzada. Pero en el contexto actual de la Isla, marcado por la carencia de recursos y las limitaciones financieras, resulta casi imposible atender los problemas más acuciantes de las comunidades. Más allá de los productos comunicativos y las buenas intenciones, la construcción de viviendas o el transporte demandan recursos, y transformaciones legislativas que en el futuro cercano no se avizoran posibles.
Aunque cada comunidad pueda presentar necesidades específicas, las acciones reportadas desde el inicio del Plan evidencian problemas que resultan comunes en casi todos los barrios:
- Necesidad de rehabilitación y construcción de viviendas (eliminación de pisos de tierra y cubiertas endebles); mejoramiento de aceras y viales; saneamiento básico y reparación de redes hidráulicas; reparación del alumbrado público e instalación de servicios de telefonía fija.
Otras necesidades en las que se ha trabajado, y cuya solución resulta menos compleja, han sido:
- Entrega de libretas de abastecimiento; legalización de viviendas; ofertas de vinculación laboral y de continuidad de estudios, atención a adultos mayores, entre otras. Reparación de instituciones y espacios públicos (parques, consultorios, bodegas, comedores sociales, etc.) y en algunos casos la creación de estos espacios, también se ha incluido en las acciones.
De modo general, se ha trabajado en los barrios en el alivio de lo que ha resultado posible dentro del amplio diapasón de complejidades. Según se ha informado de forma oficial, en los últimos meses de 2021 se han mejorado los entornos y se han asumido obras de reparación. Se han agilizado trámites de legalización, se ha brindado apoyo económico a núcleos vulnerables, y se han otorgado subsidios a personas con necesidades constructivas en sus viviendas.
No obstante, las acciones materializadas pueden describirse como de “moderado alcance”, en vista de que han aliviado algunas demandas de larga data a nivel individual y colectivo, que no resultan intrascendentes, pero no pueden transformar infraestructuras que implicarían inversiones costosas. La vivienda, redes hidráulicas, los viales, el alumbrado público y redes eléctricas en general, son factores estructurales que en la mayoría de los barrios en condiciones precarias necesitan ser creados o reparados de forma íntegra.
Para solventar, entonces, necesidades menores, se retoman medidas de enfoque asistencialista, que como ha sucedido con iniciativas previas del mismo corte, no reportaron beneficios concretos ni sostenibles en el tiempo. Entre otras causas, porque estas políticas conceden una ayuda igualitaria, tanto a los que desean contribuir al desarrollo del país, aunque estén en condiciones desventajosas, como a los que no aportan aunque puedan hacerlo y reciban ayuda para ello.
Lo han alertado los investigadores sociales Juan Jacobo Ospina y Catalina Palacios Escobar, al referir que el asistencialismo es un problema, porque “el Estado está gastando sus recursos en programas que no terminan retribuyendo el ciclo económico, ni significando un aumento de la riqueza, ni mucho menos de los procesos de producción”.
Los fondos para financiar las medidas de corte asistencialista salen del presupuesto estatal. En el año 2022, la Ley del Presupuesto del Estado presentada ante la Asamblea Nacional por Bolaños Weiss, contempla entre los gastos, los destinados a “la transformación de barrios y comunidades, con el objetivo de dar solución gradual a los problemas de la población, atender situaciones de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de sus moradores”. Ya en 2021, según la titular, este programa demandó alrededor de 800 millones de pesos adicionales.
Entre 2021 y lo que va de 2022 se ha registrado la realización de este tipo de acciones en al menos un municipo de 13 de las 15 provincias del país. Las proyecciones políticas conciben la continuidad del programa, y el llamado de las autoridades ha sido a la sostenibilidad de las labores, las cuales, a pesar de las limitaciones de su alcance, responden a una necesidad innegable.
La gente más desfavorecida avista señales de mejoría largamente esperadas. Marcia Roche, vecina con más de 60 años en el asentamiento de El Fanguito, en Plaza de la Revolución, una de las beneficiadas con la rehabilitación de su vivienda, reconoce que por fin tiene baño y cocina, le mejoraron el techo y las puertas a la casa. “Me la transformaron, yo no la conocía cuando vine a verla”, asegura. Mientras, la joven estudiante de preuniversitario, Nereyda Hernández, residente en el barrio habanero de La Purísima, al ver reparadas las calles de su vecindad afirma creer que “su barrio es ahora el más bonito de El Cotorro”.
Notas:
1 Alzugaray, C., (2021) “El 11 de julio en Cuba: una reflexión tentativa” En: J. Carranza, M. Monereo y F. López, (compiladores) (2021). Cuba 11J: protestas, respuestas, desafíos. Buenos Aires, ELAG / Página 12, pp.64-72.
2 López, F., (2021) “Antecedentes y causas de las protestas del 11J” En: J. Carranza, M. Monereo y F. López, (compiladores) (2021). Cuba 11J: protestas, respuestas, desafíos. Buenos Aires, ELAG / Página 12, pp.38-52.