El Tribunal Supremo Popular de Cuba notificó este lunes 8 de diciembre de 2025 las sentencias contra Alejandro Miguel Gil Fernández, ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, quien fue condenado a cadena perpetua por espionaje y otros delitos graves, además de una sanción adicional de 20 años de prisión por corrupción.
Las condenas son el resultado de dos procesos penales celebrados en noviembre pasado. El primero, desarrollado entre el 11 y el 13 de noviembre, se centró en los delitos de espionaje y actos contra la seguridad del Estado. El segundo, entre el 26 y el 29 del mismo mes, abordó los delitos de corrupción cometidos durante su gestión como ministro.
Dos procesos, dos condenas
En la primera causa penal, Gil Fernández fue declarado culpable de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos en custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados. Por estos delitos, el Tribunal le impuso la sanción de privación perpetua de libertad.
En el segundo proceso, se le consideró responsable de cohecho continuado como medio para cometer falsificación de documentos públicos, además de tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado. Esta causa derivó en una condena de 20 años de prisión.
Ambas sentencias incluyen sanciones accesorias de confiscación de bienes, prohibición del ejercicio de funciones administrativas y privación de derechos públicos.
Imputan al exministro cubano Alejandro Gil por espionaje, malversación y lavado de activos
“Degradación ética, moral y política”
Según el comunicado oficial del Tribunal Supremo Popular, Gil Fernández “mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes”.
El tribunal señaló que el exministro “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando daños a la economía” e incumplió los procesos de trabajo con información oficial clasificada que manejaba, la cual “sustrajo, dañó y finalmente puso a disposición de los servicios del enemigo”.
La sentencia califica estos comportamientos como “altamente lesivos” y evidencia de una “degradación ética, moral y política” que justifican “una respuesta penal severa”, en línea con el Artículo 4 de la Constitución que establece que “la traición a la Patria es el más grave de los crímenes”.
Antecedentes del caso
Alejandro Gil Fernández ocupó el cargo de ministro de Economía y Planificación entre 2018 y febrero de 2024, cuando fue cesado sin que se dieran explicaciones oficiales inmediatas. Durante su gestión estuvo al frente de decisiones económicas cruciales en medio de la grave crisis que atraviesa Cuba.
Meses después de su destitución se conoció que enfrentaba acusaciones por once delitos que incluían espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho, entre otros.
Los juicios se celebraron a puerta cerrada, según las autoridades, debido a la naturaleza de los delitos relacionados con la seguridad nacional, particularmente el cargo de espionaje.
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Próximos pasos legales
El Tribunal Supremo Popular informó que tanto el acusado como la Fiscalía tienen derecho a interponer recursos durante un plazo de diez días. Respecto a la sentencia de cadena perpetua, aunque no se impugne, el Tribunal tramitará de oficio un recurso de apelación como garantía procesal establecida en la Ley del proceso penal.
Una vez resueltos todos los recursos, si se ratifica la responsabilidad del acusado, se formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas, según establece el Artículo 86 del Código Penal vigente.
El comunicado oficial destaca que tanto Gil Fernández como sus abogados “reconocieron que durante la tramitación de las causas y los actos de juicio oral se cumplieron los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República y la Ley del proceso penal”.
El caso representa uno de los procesos más graves contra un alto funcionario del gobierno cubano en años recientes, combinando acusaciones de traición a la patria con corrupción generalizada durante el ejercicio de uno de los cargos más sensibles del gabinete en medio de la peor crisis económica que vive la isla en décadas.
El exministro estuvo a cargo de la implementación de la fallida Tarea Ordenamiento, que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba pero resultó un fracaso, con pésimas consecuencias para la economía, como una devaluación intensa del peso cubano y una inflación significativa que ha empobrecido a la población cubana.
