Según una nota de la Agencia Cubana de Noticias (Acn), desde abril hasta agosto de este año se radicaron más de 1.140 solicitudes para la entrega de tierras en usufructo en la provincia de Camagüey a partir de nuevas políticas del Ministerio de la Agricultura (Minag) dirigidas a aumentar la producción de alimentos.
Esos pedidos se incluyen entre los 5.496 registrados, de los cuales 3.643 se aprobaron por la delegación del Minag en el territorio desde la aplicación en octubre de 2018 del Decreto Ley 258, sobre la posibilidad de los usufructuarios de vincularse a las empresas agropecuarias o bases productivas. Antes esto solo podían hacerlo algunas personas jurídicas.
Elizabeth de la Cruz Ramos, especialista del Departamento Provincial de Control, Tierra y Tractores del Minag, explicó que se entregan tierras disponibles y otras deficientemente explotadas, aunque correspondan a algún programa en desarrollo, previa conciliación por un tiempo determinado con el usufructuario.
Al cierre del octavo mes del año, en cumplimiento del Decreto Ley 258/2018 se ocupan en Camagüey 116.077 hectáreas (ha). Más de 20.000 corresponden a las solicitudes hechas de abril a agosto, dijo de la Cruz.
Los principales usos, subrayó, se asocian a la cría de ganado mayor –54.427 ha en explotación– y a los cultivos varios, con 7.786 ha. Hasta la fecha, dice la nota, se registran 1.064 solicitudes para ampliar la extensión de las fincas.
De la Cruz también señaló que a partir de la entrega de la tierra se da un término de seis meses a un año para poner en explotación al menos el 60 % de la cantidad otorgada. De no cumplirse este requisito, se considera una ilegalidad.
En el último Balance Anual de la Tierra, se determinó extinguir el contrato de usufructo a 967 personas, aplicar multas a 97 y enviar advertencias a 1.088, señaló la especialista.
Las principales causas, dijo, fueron el incumplimiento de los planes de producción, el impago del tributo a la filial del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, y la construcción de bienhechurías ilegales como viviendas, casas de vaquerías y cochiqueras, que deben contar con la aprobación de autoridades de Planificación Física.
De las 5.496 solicitudes registradas en la provincia desde octubre de 2018 hasta agosto de este año, la mayoría la realizaron hombres, en tanto mil 317 corresponden a mujeres.
